Las políticas de apoyo en América Latina aliviarán el impacto económico de la pandemia de COVID-19 en toda la región, pero tendrán un alto costo fiscal y no evitarán una recesión, de acuerdo con Moody’s Investors Service.

La calificadora internacional de riesgo crediticio estimó que los bancos se beneficiarán de una política de tolerancia regulatoria durante la crisis, pero probablemente enfrentarán dificultades debido al aumento de los costos de crédito en el mediano plazo.

En un reporte, señaló que la mayoría de los países latinoamericanos han implementado medidas de diversas magnitudes, alcances y costos para mitigar el daño económico causado por la pandemia del coronavirus.

Las medidas amortiguarán en parte el impacto de estas dificultades, pero los riesgos crediticios seguirán siendo elevados en muchos sectores incluso después de que pase la peor parte de la pandemia, indicó.

“La magnitud y la efectividad de las políticas implementadas han variado; Brasil, Chile y Perú, por ejemplo, han adoptado medidas importantes de gran alcance”, afirmó el analista de Moody’s, Gersan Zurita.

“En Colombia y Argentina, la respuesta fiscal ha sido menor, mientras que en México ha sido aún más limitada”, añadió.

La agencia apuntó que, en toda la región, los gobiernos sufrirán un deterioro de sus finanzas y un aumento de los niveles de deuda a medida que el colapso de la actividad económica golpea los ingresos y el gasto aumenta para mitigar los efectos de la crisis.

La exposición a la caída de los precios de los productos básicos, el endurecimiento de las condiciones de crédito y el aumento de las primas de riesgo también agravarán el impacto en la mayoría de los países, abundó.

Moody’s estimó que muchas empresas latinoamericanas se beneficiarán indirectamente de las políticas fiscales y monetarias del gobierno, como tasas de interés más bajas, reducción de impuestos y asistencia a las personas.

Precisó que sólo algunos sectores, principalmente las compañías aéreas y las viviendas, recibirán ayuda directa de los gobiernos, y refirió que la mayoría de los paquetes de ayuda son para pequeñas y medianas empresas y para individuos, no para grandes empresas.

La evaluadora consideró que el carácter esencial de los servicios públicos y de infraestructura hace que estos sectores sean una prioridad para el apoyo del gobierno.

Refirió que Brasil ha adoptado las medidas de apoyo más concretas y activas hasta la fecha, centrándose en respaldar la liquidez, mientras que México y Argentina aún no han anunciado ninguna medida ante la incertidumbre más generalizada en materia regulatoria y arancelaria.

Las medidas adoptadas por los reguladores con la esperanza de mantener la salud de los sistemas financieros han dado lugar a mayores riesgos crediticios, ya que la flexibilización de los estándares regulatorios puede reducir la probabilidad de una intervención regulatoria anticipada, añadió.

Consideró que las medidas del gobierno federal mitigarán, pero no eliminarán las presiones fiscales sobre los gobiernos regionales y locales, mientras que los retrasos en los pagos debilitarán el desempeño de los financiamientos estructurados.

Con información de: LA RAZÓN