Las pasadas elecciones presidenciales, el cambio de gobierno y su prolongada curva de aprendizaje, detuvieron nuestra economía. En ese proceso nos encontrábamos cuando vino la pandemia que ha detonado un triple escollo: económico, social y de salud pública. El reporte del INEGI con relación a 12 millones de personas que dejaron de percibir ingresos en abril, al menos 2 millones de empleos perdidos, 6 millones que entrarán en pobreza y la seguridad pública desbordada van a generar tensiones sociales alimentadas por la polarización que se fomenta. En términos de salud pública, ha sido clara la evidencia de la falta de capacidad del Estado para hacer frente a un problema que si bien no fue su responsabilidad, ha sido incapaz siquiera de crear un modelo epidemiológico creíble. La economía no verá una recuperación vigorosa porque las deficiencias estructurales que se han venido presentando desde el día de la elección, permanecen. Así, la falta de inversión privada con escasas posibilidades de incrementarse, incumplimiento del Estado de Derecho y recortes presupuestales crecientes, no auguran una pronta expansión robusta.

En esta lógica, la oportuna intervención del Banco de México para asegurar abundante liquidez en los mercados, junto con el aligeramiento de la regulación de la CNBV para permitir al sistema bancario reestructurar créditos con sus clientes hasta por seis meses, puede resultar en una aspirina si no se atienden problemas de fondo que conlleva la difícil situación económica que vivimos desde mediados del 2018. En efecto, inyectar 800,000 mdp a la economía sin quitar los intereses, y sin apoyo fiscal por parte del gobierno federal, puede detonar que, al final de los seis meses, los bancos busquen a sus clientes y éstos simplemente les digan que requieren profundizar el apoyo o simplemente que sus empresas ya no existen. Durante los últimos años hemos sido testigos de los trillones de dólares que los bancos centrales han inyectado a la economía global, sin contar con la obligada contraparte que resulta de apoyo o ajuste fiscal, según seas el caso.

En el caso de México se negó la posibilidad de dar apoyos a los ciudadanos o las empresas, en especial las pymes, para hacer frente a la pandemia, lo que aunado a los recortes presupuestales va a generar una sobrecarga en la política monetaria pensando que, con abundancia de dinero prestado, los problemas de pérdida de empleos, restablecimiento de cadenas de suministro, el consumo interno y la quiebra de empresas se va a contener. No es así. Únicamente con créditos e intereses, aunque sean diferidos, no se va a lograr mucho y, por el contrario, se corre el riesgo de que el dinero se vaya al drenaje sin que cumpla el objetivo de preservar la planta productiva y, con ello, una recuperación económica sólida. Es necesario que el gobierno impulse subsidios al empleo, diferimientos de pagos y contribuciones e incluso apoyos directos a la luz, gas y pago de rentas. En caso de no hacerlo, las empresas que hoy firman reestructuras de sus créditos en unos meses habrán desaparecido y entonces sí, de la crisis económica pasaremos al problema financiero lo que puede afectar seriamente al sistema de pagos y a la banca que ha tardado mucho en lograr los niveles de solvencia que hasta ahora tiene. Los estímulos monetarios no sirven sin estímulos fiscales.