Participantes del sector eléctrico han presentado 172 solicitudes de amparo ante el poder judicial por las últimas acciones del Gobierno federal en materia energética, de acuerdo con información del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Del total de las solicitudes de amparo, hay ya 150 juicios en proceso.
Las solicitudes de amparo se han presentado con la finalidad de detener las últimas medidas instruidas por la Secretaría de Energía (Sener) que, han acusado miembros del sector, inhibe las inversiones privadas y pone un freno a las centrales renovables.
Estas son el cambio en la metodología para el otorgamiento de los Certificados de Energías Limpias (CELs); el acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que limita las pruebas críticas a centrales eólicas y solares; el aumento en las tarifas de transmisión que algunos privados pagan a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la política de confiabilidad presentada por Sener en mayo pasado.
“Todas ellas han sido llevadas a tribunales y en todas se han presentado amparos. Todos en su característica de provisional o ya en su característica de definitiva han sido ganados, lo cual refleja que la opinión de los jueces es bastante amplia respecto a que el diferendo que ha sido promovido por parte del sector privado, pues tiene una razón que lo soporta, que de alguna manera lo orienta”, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, en una rueda de prensa virtual.
La política de confiabilidad de Sener es la acción que más solicitudes de amparo reúne, con 72. Entre otras cosas, la política de confiabilidad del sistema eléctrico nacional busca limitar la emisión de permisos a nuevas centrales renovables; modifica el orden de despacho de las plantas por criterios de confiabilidad y no económicos, como se maneja hasta ahora; y busca privilegiar a algunos proyectos de la CFE.
Actualmente la política impulsada por Rocío Nahle, titular de la Sener, se encuentra suspendida de manera definitiva hasta que los jueces en materia de competencia definan en julio próximo si otorgarán el amparo a Defensa Colectiva y Greenpeace, dos organismos medioambientales que iniciaron procesos en contra de la Sener.
Los privados también han interpuesto 33 solicitudes por el cambio en la metodología para otorgar los CELs, que busca que las centrales legadas de CFE puedan acceder a los instrumentos que fueron diseñados sólo para la energía generada por nuevas centrales renovables.
El Cenace tiene 47 solicitudes de amparo en su contra y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la CFE 20 más por el aumento de entre 400 y 800 por ciento en las tarifas de transmisión que algunos privados pagan a la CFE.
Con información de El Financiero