Las declaraciones del exdirector Pemex, Emilio Lozoya Austin, ante la Fiscalía General de la República (FGR), que involucrarían una serie de acusaciones sobre supuestos sobornos a legisladores para la aprobación de la reforma energética en 2013, abrirá la puerta para que la administración actual plantee la posibilidad de una contrarreforma en el sector, dijeron abogados.

“Sí podrían (tirar la reforma), pero es un proceso larguísimo, con sobornos o sin sobornos las leyes se aprobaron en un acto legislativo, entonces solo otro acto legislativo puede terminar con el primero… Creo que más que impugnar la legalidad (de la reforma), van a tratar de decir: ‘esto se aprobó en un evidente acto de corrupción, entonces hay que tirarla’. No pueden regresar a como estaba antes, tendrían que hacer una nueva reforma”, dijo Daniel Sánchez, socio en la práctica de energía de Baker McKenzie.

Si bien, comprobar los supuestos sobornos entre los legisladores que votaron para aprobar la principal acción constitucional del gobierno de Enrique Peña Nieto no implicaría la derogación de la misma, estos argumentos serían suficientes para que la administración actual presente ante el Legislativo una nueva reforma.

“Pareciera que es un tema más político que legal, pero si toman esa bandera evidentemente podrían hacer los cambios necesarios para hacer una contrarreforma”, explica Bernardo Cortés, asociado sénior del despacho Dentons López Velarde.

“Lo que sí tiene que quedar claro es que deben pasar por un proceso legislativo, el posible hecho de que haya actos de corrupción no implica que el proceso de aprobación de la reforma haya sido invalido y que así puedan derogar de facto. Para derogarla debe haber un cambio constitucional”, mencionó .

Con información de El Financiero