La adquisición de la empresa Agro Nitrogenados no fue autorizada por el Consejo de Administración de Pemex, sino por los Consejos de sus filiales PMI Holdings, PMI Norteamérica y PMI Infraestructura de Desarrollo, en las cuáles no existe representación de la Secretaría de Hacienda ni del Banco Nacional de Comercio Exterior.
El Acta del Consejo de Administración de Pemex, en su sesión extraordinaria número 865, realizada el 17 de diciembre de 2013, de la cual tiene una copia El Financiero, indica que la compra de las empresas propiedad de Alonso Ancira se llevó al Consejo de la entonces paraestatal simplemente para su conocimiento, pues la adquisición ya se había realizado.
La primera autorización ocurrió el 19 de junio de 2013, fecha en la cual PMI Holdings autorizó la adquisición. Posteriormente, el 9 de diciembre, también fue autorizada por PMI Norteamérica y PMI Infraestructura de Desarrollo.
La operación autorizada implica la entrega de 275 millones de dólares para la compra de la empresa y de 200 millones para su modernización.
Su presentación al Consejo de Pemex fue en calidad de hecho consumado.
El documento referido señala la razón de que la transacción no se hubiera hecho a través de Pemex Petroquímica, que era la subsidiaria de Pemex a la que, por estructura, le debería haber correspondido la operación de la planta.
Dice el acta: “el maestro Emilio Lozoya explicó que de los 475 millones aprobados por el Consejo de PMI Holdings, 275 millones serían para la adquisición de los activos de la planta y los otros 200 millones de dólares para la rehabilitación de éstos y su modernización. Asimismo, destacó que se había utilizado a PMI y no se había hecho a través de Pemex Petroquímica, dado que por esta vía hubiera tomado mucho más tiempo y había premura por parte del Gobierno Federal para llevar a cabo la producción de fertilizantes lo más rápido posible”.
Una intervención posterior señala que “el maestro Emilio Lozoya destacó que se trataba de un proyecto prioritario para el gobierno federal y que sería muy buen negocio para Pemex”.
El documento refiere el acuerdo del Consejo que dice lo siguiente: “El Consejo de Administración toma conocimiento sobre la Inversión en una planta de Fertilizantes en los términos presentados”.
El Acta de Consejo no refiere ninguna autorización porque la adquisición de la planta ya se había efectuado y sólo se le informó.
Participaron en esa sesión del 17 de diciembre de 2013 Pedro Joaquín Coldwell, presidente del Consejo; César Hernández, secretario, así como de los consejeros representantes del gobierno, Enrique Ochoa, a la sazón subsecretario de Energía; Miguel Messmacher, subsecretario de Ingresos en Hacienda, y Rogelio Garza, subsecretario de Economía.
Además de los representantes del sindicato, estuvieron presentes los Consejeros Profesionales Fortunato Álvarez, Héctor Moreira, Jorge Borja y Fluvio Ruiz.
Todos ellos sólo tomaron nota de la adquisición realizada.
Los cuestionamientos a la operación, así como a la valuación de los activos, se presentaron de manera sistemática en la Auditoría de la Cuenta Pública de 2015, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“El grado de conservación general de los bienes muebles (maquinaria y equipo) que integran las unidades de proceso se encuentran en un estado de regular a malo, inclusive, varios de la maquinaria presentan falta de algunas partes importantes (impulsores, motores, reductores, transmisiones, válvulas, conectores, entre otros).
Señala más adelante: “fue hasta un año después de la adquisición de la planta de fertilizantes cuando se realizaron las evaluaciones de condición de los bienes… de cuyo resultado se determinó que el 60 por ciento de los activos debía reemplazarse”.
Este análisis fue el que dio lugar posteriormente a que se presentara demanda penal contra Lozoya, en 2019.
Con información de El Financiero