El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República urgió a profundizar, en un México en vías de reconstrucción política, la transformación y evolución de las instituciones públicas, como la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la renovación auténtica integral del Poder Judicial de la Federación,  puesto que representa una oportunidad única para que la política se afiance como un instrumento que propone y elabore el andamiaje jurídico institucional, que cimenten las bases de este nuevo régimen.

En la presentación de su nueva obra, el también líder de la bancada, Ricardo Monreal Ávila, consideró que los temas más importantes para el país son la seguridad pública, el sistema penal adversarial y el sistema de justicia.

“La Justicia Penal Adversarial” es la obra más reciente el legislador, donde especifica que México tiene muchos desafíos, incluso algunos entrelazados. 

Vía de redes sociales, el legislador por Zacatecas –una de las entidades más castigadas por el crimen organizado—, sostiene la hipótesis de que entre los más apremiantes está superar el dolor de una sociedad lastimada y la criminalización de la pobreza, que se sistematizó en los gobiernos anteriores. 

“Lo que nos exige revisar la conformación y la utilidad social de cada una de las instituciones públicas, a través de un análisis sustantivo y profundo del sistema de justicia penal, como precondición del Estado de Derecho”.

Para Monreal Ávila, las reflexiones en su reciente libro, tienen que apreciarse con la visión de ser elementos mínimos indispensables que contribuyan al fortalecimiento institucional y al derrocamiento de este lastre, que lacera inconstantemente a nuestra sociedad: la impunidad. 

Y sobre el por qué debemos leer su libro, Monreal Ávila afirmó que porque el sistema de justicia penal confeccionado en el 2008, constituye una pieza del engranaje para vencer los altos índices de impunidad. Pero resultó insuficiente, no pudo terminar ni con la violencia ni con la impunidad. Lo que lleva a cuestionarnos qué necesitamos para legitimar la justicia penal y para generar confianza en las instituciones que la operen.