El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la mejor forma de llevar a cabo una consulta popular para preguntar a la sociedad si se enjuicia a los exjefes del Ejecutivo por casos del pasado, como el de Odebrecht, sería que los mismos ciudadanos presentaran una solicitud de consulta o, en su defecto, los legisladores. Aunque indicó que no descarta pedir él mismo que se lleve a cabo.

“Estoy informando a tiempo, lo mejor sería que las firmas las aportaran los ciudadanos; si no alcanza el tiempo, la segunda posibilidad es que lo hagan legisladores y la tercera es que lo solicite el Presidente. Yo voy a esperar hasta el final, pero no descarto la posibilidad de hacerlo, porque es democracia, aunque yo vote en contra de que se juzgue a los expresidentes”, expresó.

La ley marca que del 1 al 15 de septiembre, el Presidente de la República, una tercera parte de cualquiera de las cámaras del Congreso o los ciudadanos, en un número equivalente a al menos 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, puedan solicitar la realización de una consulta popular sobre temas de trascendencia nacional.

El Presidente explicó que la propuesta surgió a partir de su demanda de justicia en torno a los presuntos casos de corrupción en el que están siendo procesados en México el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y en Estados Unidos el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

A consulta, enjuiciar a expresidentes

Dice que la puede solicitar 30% de una Cámara, 2% de la Lista Nominal y no descarta solicitarla él mismo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio luz verde a los ciudadanos o legisladores para que en el periodo que contempla la ley, del 1 al 15 de septiembre próximos, soliciten la realización de una consulta popular para saber si se enjuicia a los expresidentes del país por casos del pasado, como Odebrecht.

Recordó que existen tres mecanismos que contempla la Ley Federal de Consulta Popular para hacer uso de este ejercicio: la petición del Presidente de la República, una tercera parte de cualquiera de las cámaras del Congreso o los ciudadanos, en un número equivalente a al menos 2% de los inscritos en la Lista Nominal de Electores, alrededor de un millón 600 mil.

Recordó que en caso de que sean los ciudadanos quienes lo propongan, no pasa ya a aprobación del Congreso, va directo a la Corte: “También la solicitud, si se aprueba en el Congreso, va a la Corte y la Corte dictamina si es constitucional, es decir, si procede; y si procede, va al INE para organizar la consulta.

Con información de Excélsior