Legisladores locales aseguraron a El Economista que precisamente por la pandemia y la tasa de letalidad que se ha presentado, es el momento idóneo para ir por la regulación, e incluso por la prohibición, de venta de productos chatarra para menores de edad, sin embargo, para que se aplique de manera correcta, indicaron que se debe tomar en cuenta al empresariado.
Después de que Oaxaca y Tabasco se convirtieran, a través de iniciativas presentadas en los Congresos locales, en los primeros estados del país en prohibir que se les vendan productos con altas concentraciones de azúcares, sales y grasas a los niños, varias entidades del país han buscado replicar las iniciativas.
Al respecto, el diputado local del Congreso del Estado de México, Faustino de la Cruz, explicó que se han presentado estas iniciativas en los diferentes estados de la República porque responden al hecho de que en esta pandemia los mexicanos han mostrado mayor vulnerabilidad ante el Covid-19, originado principalmente por una mala alimentación y la relación que hay con padecimientos como la diabetes.
Reiteró que lo que buscan como legisladores locales es que se fomente una cultura de prevención, ya que la pandemia actual puede ser precursora de sucesos a futuros, además de que si se hubiera tenido una mejor educación alimenticia el número de decesos en la contingencia sanitaria sería menor.
“Tenemos que empezar con los infantes, empezar a controlar todo aquello que tiene un alto contenido de azúcares, de sodio, de grasas, harinas. También debemos verlo desde un marco de educación, desde las escuelas y familias se deben plantear los cambios en los hábitos alimenticios”, dijo.
El legislador mexiquense señaló que para tomar esta decisión se deben escuchar a los empresarios, por lo mismo, aseveró que promoverán mesas de diálogo para que éstos den sus posturas.
Por su parte, el diputado local de Quintana Roo, Edgar Gasca Arceo, quien presentó la primera iniciativa en la entidad que busca regular el consumo de comida chatarra, señaló que “por la pandemia es el momento idóneo para discutir” y más si se busca cuidar la salud de los niños, los cuales han resultados afectados por la contingencia”.
“Ocupamos el primer lugar a nivel mundial de obesidad infantil y el segundo en adultos, queda claro que en cuanto a esfuerzos educativos y de salud no han dado los resultados”, sostuvo.
Sin embargo, reconoció que para el caso que se aplicó en Oaxaca se excluyeron a los empresarios, por lo que se pretende no replicar esta situación.
Dentro de las acciones que van a desarrollar para regular los alimentos chatarra en Quintana Roo, Edgar Gasca puntualizó que crearán diferentes mesas de trabajo con la participación de empresarios, académicos y padres de familias, que serán transmitidas en vivo en las plataformas digitales del Congreso local.
“Hoy muchos estados pueden estar levantando la mano, con el interés de reformar sus leyes locales. Lo que sí puedo asegurar, que lo que sí va a pasar en Quintana Roo, que no se ha hecho en otros estados, es platicar con todos los actores políticos y sociales para hacer una reforma que pueda ser ejemplo a nivel nacional y un referente para que los otros estados puedan copiarla en su momento”, sentenció.
Resaltó que dentro de la reforma que están preparando es lograr que las escuelas de Quintana Roo cuenten con nutriólogos.
Defiende iniciativa
En tanto, el diputado local de Tabasco, Manuel Gordillo Bonfil, expuso que la reforma que se aprobó en el Congreso local tiene como fin promover una vida y un entorno alimenticio saludable.
El también presidente de la Comisión de Salud precisó que se tomó esta decisión debido a que el estado se encuentra dentro de las cinco entidades con el porcentaje más alto en obesidad.
Recalcó que contrario a lo que se ha señalado, la nueva ley no busca ser restrictiva con la Iniciativa Privada, ya que viene acompañada de un estudio para que se determine a fondo cuáles son los productos dañinos.
“Esta reforma pondera el problema de salud pública y ordena que se haga un estudio por parte de la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, para determinar cuáles son los productos que son los dañinos y cuáles no; y la razón por la cual se está incluyendo a la Secretaría para el Desarrollo Económico es precisamente para no afectar a las empresas locales”, ahondó.
Con información de El Economista