Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en el sur de México confían en que los avances que tiene previsto presentar el gobierno el sábado, en el sexto aniversario de un crimen que conmocionó al país, sean detenciones de militares o policías federales porque, según sus abogados, hay elementos para ello.

“Hay pruebas suficientes para proceder en contra de esas personas”, dijo a AP Santiago Aguirre, director del centro de derechos Humanos Prodh y representante de las familias. Parte de los avances, agregó, surgieron del rastreo de la telefonía móvil y de nuevas declaraciones.

A su juicio, “no hay duda de que eran parte del esquema” criminal entre funcionarios y delincuentes que permitieron las desapariciones aunque lamentó que todavía no se sepa con claridad qué pasó esa noche, ni el paradero de los muchachos.

La falta de certezas mantiene a las familias en la desesperación pero detener u ordenar el arresto de algunos militares plenamente identificados tendría una gran carga simbólica dado el apoyo y la defensa incondicional que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de las fuerzas armadas.

Con información de AP