Desde la Secretaría de Gobernación, al mando de Olga Sánchez Cordero, no se ha dado ningún permiso nuevo para operar casinos. Lo sucedido la semana pasada tuvo que ver con un mandato judicial para que Atracciones y Emociones Vallarta escindiera su permiso a favor de Grupo Blue Bet México, Latam Operations, Waddcor y True Win Group. Sin embargo, para que puedan abrir los 10, 19, 11 y 10 centros de entretenimiento correspondientes, les exigió que cumplan con todos los requerimientos que marca la ley.
Pero eso no fue todo, ya que mediante la Dirección General de Juegos y Sorteos se denunció a los magistrados de la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que participaron en el veredicto, ante el presidente de este órgano, Rafael Anzures. Y no es para menos, ya que con su decisión podrían haber excedido al Reglamento en la materia.
Asimismo, esta semana se espera el arribo de Alma Itzel de Lira Castillo, precisamente a esta Dirección, por lo que además de dar seguimiento a estas tareas, en paralelo también continuará con el cierre de sedes de Atracciones y Emociones Vallarta, que ya no tiene luz verde para continuar como operador. Además, comenzaría con una revisión minuciosa y exhaustiva de todos los permisos que se operan en México, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador respetará y dará certidumbre legal a este sector que da empleo directo a 50 mil personas y a 150 mil de forma indirecta, sin olvidar que sus aportaciones equivalen a 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Chihuahua es tan solo la punta del iceberg en el tema del agua
Muy tristes las escenas que la Guardia Nacional encabezó hace unos días en el conflicto de la presa La Boquilla que ya dejó la muerte de dos personas y que volvió a tocar el presidente de la República en su mañanera de ayer jueves. Si bien este conflicto surge del Tratado de Aguas de 1944, en el que México asigna a Estados Unidos la tercera parte del agua que llega a la corriente principal del Río Bravo proveniente de los Ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y del Arroyo de las Vacas, a la vuelta de la esquina se avecina el rechazo generalizado de la sociedad civil e industria debido a las iniciativas de reforma de la Ley de Aguas Nacionales, en evaluación por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al amenazar seriamente el uso doméstico e industrial del agua.
Además de romper acuerdos establecidos y signados en el TMEC, la iniciativa de reforma citada quebranta la Ley con propuestas anticonstitucionales que podrían afectar considerablemente la paz social de México y, por supuesto, las inversiones. Los expertos en el tema, dicen que de aprobarse estas reformas, se pone en riesgo el acceso al agua doméstica, así como el funcionamiento de la industria y del campo mexicano, a la vez que podríamos tener múltiples casos como el sucedido en marzo pasado con Constellation Brands.
La iniciativa de reforma parece ser que fue realizada sin el conocimiento suficiente del tema al trivializar la necesidad de contar con certeza jurídica en el acceso al agua, tan sólo este punto podría incendiar al país. Además, se busca que la ciudadanía tome decisiones complejas y sumamente delicadas en el mantenimiento del equilibrio que este tema demanda. En resumen, en vez de encontrar la forma de hacer realidad el derecho al agua para los cerca de 10 millones de mexicanos que aún no tienen acceso o buscar la solución a los problemas críticos que como país enfrentamos en materia hídrica, se debilita, tanto la autoridad del estado como la capacidad de la Comisión Nacional del Agua para crear una arquitectura institucional compleja que implicaría altos costos y complica de sobremanera la coordinación. ¡Aguas con el agua! Chihuahua nos está demostrando que es un tema con el cual no se debe de jugar.