Cuando agentes estatales en el norte de México presuntamente asesinaron a tiros a 19 personas —incluyendo al menos a 14 migrantes guatemaltecos— a finales de enero, fue una tragedia que, según los críticos, las autoridades ya habían sido advertidas que podía suceder.

En 2019, fiscales acusaron a la misma corporación policial del estado de Tamaulipas, que entonces tenía otro nombre, de haber sacado por la fuerza a ocho personas de sus casas en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, haberlas obligado a ponerse uniformes tipo militar, subirlas a vehículos para que parecieran delincuentes y matarlas a tiros.

Ahora se ha ordenado la detención de una docena de agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) —de 150 elementos— para enjuiciarlos por los homicidios de al menos 14 migrantes y dos mexicanos perpetrados en un camino rural en la localidad de Camargo, cercana a la frontera con Texas. Los cadáveres fueron quemados y quedaron tan calcinados que ello ha impedido la identificación de otras tres de las víctimas.