La acusación de un activista de extrema derecha en Internet acusado de interferir con las elecciones estadounidenses de 2016 refleja un cambio estratégico por parte del Departamento de Justicia y sienta las bases para nuevos casos contra actores de derecha más prominentes, según personas familiarizadas con el asunto.

Los fiscales federales debatieron durante años si y cómo llevar a cabo casos penales contra estadounidenses sospechosos de difundir instrucciones de votación falsas para manipular las elecciones, dijeron tres personas con conocimiento de las discusiones.

Mientras que algunos funcionarios querían presentar una multitud de cargos, otros sintieron que sería demasiado difícil presentar un caso de supresión de votantes basado en mensajes en línea, dijo la gente. Los obstáculos incluyen los derechos de libre expresión, la dificultad para establecer la intención y el desafío de demostrar que alguien no votó porque una persona específica lo engañó.