Francia creará un nuevo fondo de 3 mil millones de euros para apoyar a las medianas y grandes empresas a medida que salgan de la crisis del coronavirus, dijo el martes el ministro de Finanzas francés Bruno Le Maire.

Los días están contados para que el periodo de campaña concluya y llegue el momento de guardar silencio para brindar a los ciudadanos unos cuantos días para reflexionar el voto. Por ello, es menester poner a discusión uno de los principales emblemas de la 4T: el combate a la corrupción. Lo comento porque a casi tres años de que Morena encumbró a Andrés Manuel López Obradora la silla presidencial, la lucha contra este terrible mal parece haber comenzado solo en aquellos casos que han resultado de interés para el máximo mandatario, y no se lo digo por casualidad, pues de inicio, son varias las ocasiones en que ha dado la espalda a ejemplos que quebrantan la honorabilidad de miembros de su gabinete y hasta de su familia. Así, entre las problemáticas ante las que se han cerrado los ojos y oídos, en aguas profundas se ubica a Cotemar S.A. de C.V., la firma de Mario Dávila Dávila y María Cristina Lobo Morales que ha quedado al margen de la lupa del gobierno actual, a pesar de las múltiples irregularidades en su haber.

Y como para ejemplo basta un botón, en el caso de esta empresa encontraremos todo un yacimiento, ya que sus tropiezos comenzaron desde hace años y han afectado, sobre todo, a quienes día a día asisten a labores en instalaciones de esta compañía dedicada a la construcción y mantenimiento de unidades habitacionales, ductos, plataformas, renta de lanchas y de buques, en donde se han registrado aparatosos accidentes. Pero eso no es todo, pues como recordará, los principales contratos de Cotemar son con Petróleos Mexicanos (Pemex), donde suma 103 de los 106 acumulados de 2003 a 2016, por más de 82 mil 807 millones de pesos. No obstante, en su contra existen investigaciones iniciadas desde febrero de 2018 en la Secretaría de la Función Pública (SFP), hoy en manos de Irma Eréndira Sandoval, con relación a dos convenios entregados a la empresa por adjudicación directa, es decir, sin concurso, en diciembre de 2015. Las pesquisas tienen que ver con pagos indebidos por más de 240 millones de pesos, que la empresa productora del Estado le dio como parte de dos acuerdos, uno por 7 mil 818 millones de pesos para el mantenimiento a instalaciones costa fuera de la región marina Paquete 13, y otro por 7 mil 957 millones de pesos para el Paquete 3.