Esta semana, la canciller Angela Merkel anunció restricciones de movilidad para los alemanes que no quieren vacunarse. En un tono cercano al de su homólogo francés, Emmanuel Macron, el gobierno de Merkel declaró que “si las tasas de contagio continúan en aumento, los no vacunados deberán reducir sus contactos y no podrán ingresar a restaurantes o cines aunque presenten una prueba negativa de PCR”.

Pero, Merkel considera dar un paso más y hacer obligatoria la vacuna para todos los ciudadanos. Esto ha ocurrido ya en Francia con los profesionales de la salud quienes, por la convivencia continua con el virus, deben ser vacunados —aun en contra de su voluntad—.

La imposición de la vacuna reabre un viejo debate liberal sobre los derechos de los ciudadanos. La libertad de elección se comprende como el principio fundamental de la articulación social; piénsese, por ejemplo, en la discusión sobre el aborto: los argumentos base son la propiedad individual sobre el cuerpo y la decisión sobre el mismo.

Pues bien, dichos argumentos deberían de ser suficientes para estar en contra de la imposición de la vacuna. Sin embargo, hay un factor que incorpora un giro definitivo: el ejercicio del derecho de no vacunarse de un ciudadano pone en riesgo la salud de otro ciudadano vacunado; además, genera condiciones económicas desfavorables —que implican nuevos riesgos para otros ciudadanos—.

En ese sentido, la pregunta moral debería plantearse en los siguientes términos: ¿es injusto no querer vacunarse? Sí. Entonces, esa decisión no debe traducirse como el ejercicio de un derecho. En otros términos, no toda decisión individual ha de trasladarse al lenguaje de los derechos pues éstos tienen una dimensión comunitaria; así, no puede haber derechos segregados.

En términos teóricos, los gobiernos tendrían argumentos suficientes para hacer obligatoria la vacunación en contra de la Covid-19. Históricamente, además, hay antecedentes estatales de vacunación para erradicar otros virus —sarampión, viruela, poliomielitis—.

Me da la impresión de que ser antivacunas es un lujo frívolo de personas que pueden afrontar los gastos hospitalarios —o que cuentan con un sistema de salud universal—; contestatarios del absurdo —en contra de la ciencia— y ricos que no temen a la desaceleración económica.

Ciudadanos empachados de privilegios que confunde sus caprichos con derechos. En fin, no creo que sea más que una decisión arbitraria y patosa pero potencialmente dañina a la sociedad; este capricho egoísta, en mi opinión, no puede permitirse.

Mientras escribo estas líneas, no puedo evitar pensar en la realidad latinoamericana: tan distinta, tan alejada. Mientras en nuestra región mendigamos por vacunas, en países europeos hay quienes las rechazan; resuena en mi cabeza aquella sabia frase mexicana: ¿por qué Dios le da sombrero a quien no tiene cabeza?

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