La regularización de autos ‘chocolate’, anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, significa un “golpe al comercio formal de automotores que genera empleo e impuestos”, sentenció la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

A lo largo de un comunicado el organismo desmenuzó que junto con el aviso del titular del Ejecutivo, el ingreso ilegal ha ido en escalada, por lo que estima descenso de hasta 20% en las unidades nacionales, mientras el sector se enfrenta a las repercusiones de la pandemia y la crisis de semiconductores. 

En este sentido, puso sobre la mesa que el primero de los anuncios se reportó en junio pasado, durante una visita a Baja California. “Desde ese fecha durante julio y agosto la importación legal de vehículos usados crecieron 69.8 y 84.9% o 5 mil 655 y 6 mil 493 unidades adicionales, respectivamente; mientras que la internación ilegal creció en igual o mayor porcentaje por la esperanza de poder regularizarse en breve”.

Des óptima de la AMDA, junto con el aumento de su llegada país, el negocio se ha expandido al segmento de lujo y deportivos “que nada tienen que ver con la justificación social que organizaciones afirman para su regularización por apenas una cuota y sin pagar los impuestos que realmente ayudarían a mejorar sus condiciones de vida”.

Explicó que desde hace meses solicitaron una audiencia con López Obrador para explicarle los alcances de la propuesta, ya que se afectaría significativamente la cadena de comercialización de cambio de usado a seminuevo o de seminuevo por uno nuevo.

El sábado anterior, el máximo mandatario previó que el 16 de octubre signará el decreto para dar paso al registro de los automóviles, pues su meta es que dejen de utilizarse para cometer delitos.

En ese sentido, la Asociación resaltó que la introducción y comercialización de vehículos usados procedentes de Estados Unidos, sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero, es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito, tal como lo representan 19 procesos de regularización entre 1979 y 2011.

El presidente ha informado que la regularización comenzará en los siete estados de la frontera, pero que posteriormente se revisarán los mecanismos para que aplique en todo la República.