Leí con atención las 1,178 cuartillas del informe final sobre la gestión de la pandemia Covid-19 del gobierno de Jair Bolsonaro. El documento reúne el trabajo de seis meses de investigación, a cargo del senador Renan Calheiros, y muestra, contundentemente, que para el actual gobierno de Brasil, la pandemia significó muchas cosas —oportunidades de negocio, de humillación, de ideologización—, pero nunca se enfrentó con la seriedad y la gravedad que correspondía.

El precio de estas decisiones se ha pagado en vidas humanas; el informe estima que se podrían haber evitado 607,000 muertes y recomienda que se acuse de varios delitos al presidente: homicidio en diferentes vertientes: calificado, doloso y feminicidio, malversación de fondos de seguridad social, delito de epidemia —tipificado como provocar una epidemia por propagación de gérmenes patógenos—, violación de medida sanitaria preventiva, omisión de notificación de enfermedad, curanderismo o charlatanería definida como una conducta delictiva que también ataca a la salud pública. Implica comportamientos que inspiran la cura a una enfermedad por medios secretos o infalibles, incitación al crimen, falsedad, delito contra la fe pública, corrupción activa y pasiva, prevaricación, fraude y falsa denuncia de delitos o faltas, entre muchos más.

Pero, sin duda, el más grave es el genocidio. Para demostrarlo, el informe acude a tres artículos académicos que calculan la tasa de muertes innecesarias para medir y atribuir el impacto de las decisiones de las autoridades en la vida y muerte de la población, con un enfoque en Covid-19. Los artículos buscan responder preguntas del tipo: “Entre las personas que murieron de Covid-19 de 80 años o más en marzo de 2021, en Brasil, ¿cuántos de éstos podrían estar vivos, si el Ministerio de Salud había adquirido, en agosto de 2020, los 70 millones de dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech?”. (Santos et al, 2021). El segundo estudio se centró en personas de 70 años o más que no habrían muerto en abril de 2021 y el tercer artículo en personas de 60 años o más que no habrían muerto en mayo de 2021. La metodología es la misma en los tres artículos.

El informe acude también al artículo “Mujeres jefas de hogar y vulnerabilidad a la pobreza” (Pereira, C, 2020), que muestra el declive de la situación de las mujeres pobres durante la pandemia y concluye que: “La situación de pandemia tiende a agravar las desigualdades estructurales existentes, incluidos el género y la raza”.

La conclusión del informe es escalofriante: cuatro de cada cinco muertes en Brasil se habrían evitado si estuvieran en el promedio mundial de mortalidad.

Y aunque el tipo de genocidio es difícil de probar, pues reclama dos elementos subjetivos: la voluntad y el conocimiento de exterminar a un grupo determinado, el presidente Bolsonaro disipa las dudas cuando sostiene: “Las principales víctimas de Covid-19 fueron los obesos y los miedosos”, entre muchas otras expresiones de la política del desprecio.

Por la cercanía de Bolsonaro con el fiscal, el asunto no se resolverá en los tribunales brasileños; tendremos que esperar a que la Corte Penal Internacional haga lo suyo e interprete el tipo de genocidio considerando las interseccionalidades ciudadanas.

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