Ante la emergencia sanitaria por Covid-19, el presidente estadounidense, Joe Biden, anunció en el verano de 2021 una orden ejecutiva que hará obligatoria la vacunación de todos los contratistas federales y empleados del poder ejecutivo. El 4 de noviembre del 2021, el mandatario amplió su propuesta para que la medida también se realizara a partir del 4 de enero del 2022 en empresas privadas con más de 100 trabajadores. Tras el precepto, los regentes de 27 estados distintos demandaron al gobierno por aparentes problemas constitucionales, debido a esto, la orden fue bloqueada temporalmente por la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito.
Gracias al alza en casos y hospitalizaciones por la variante delta de la Covid-19, Biden usó la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) para implementar medidas contra la pandemia. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo anunció las directrices de la orden, lo que desencadenó una confrontación entre los derechos de los estados y la autoridad federal. Miembros de su gabinete aseguraron a medios estadounidenses que el gobernante estadounidense defenderá su mandato de hacer obligatoria la vacunación en empresas privadas ante los jueces de la corte.
De acuerdo con la Casa Blanca, se espera que la orden ejecutiva afecte a más de 80 millones de trabajadores del sector privado. En caso de que la población se niegue a vacunarse, los empleados deberán llevar mascarilla todo el tiempo y someterse a pruebas semanales de Covid-19. Igualmente, se ampliará la pauta y por esta razón el personal de centros médicos, hospitales, residencias de ancianos y docentes de programas escolares gestionados por el gobierno federal se deberán vacunar obligatoriamente.
Aunado a esto, Biden señaló que la administración de dosis de refuerzo es fundamental para prevenir los contagios. Los biológicos adicionales para la tercera aplicación ya fueron adquiridos por el gobierno, pero se ofrecerán hasta que se obtenga la autorización de los reguladores federales. De igual forma, esta propuesta dedicó aproximadamente 2000 millones de dólares para la compra de casi 300 millones de pruebas rápidas destinadas a escuelas, bancos de alimentos y centros de salud comunitarios. Esto con el fin de hacer accesibles las pruebas a todos los ciudadanos sin importar la cantidad de sus ingresos.
En una misiva enviada a la corte federal de apelaciones el 23 de noviembre 2021, el gobierno de Joe Biden pidió levantar el bloqueo del mandato de vacunación o, al menos, implementar el requerimiento de utilizar mascarilla y realizar pruebas para Covid-19. Mientras tanto, los tribunales decidirán si la medida ejecutiva minimiza la autoridad de los estados sobre sus políticas de salud establecidas y si constituye un abuso del poder federal.
NotiPress/Julia Alós