Por incluir limitantes en la adquisición de cámaras de video vigilancia con las que se benefició a Secure Witness de México, la alcaldía Miguel Hidalgo acudió ante la Contraloría capitalina para interponer la respectiva denuncia.

Información de Grupo Reforma reveló que la contratación de la empresa por 22 millones de pesos resultó de la Licitación Pública Nacional 30001026-007-21, para la cual se asignó Presupuesto Participativo 2020 y 2021.

De acuerdo con la documentación correspondiente, su vigencia inició en agosto del año pasado, solo unas semanas antes que terminara la administración que arrancó con Víctor Hugo Romo y culminó con Abraham Borden Camacho.

El diario de circulación nacional publicó que la gestión entrante interpuso el recurso legal debido a que las condiciones del proceso acotaban como ganadora a una sola compañía, Secure Witness de México, la cual ha sido ventilada por haber sido representada por Dennis Stevens, a quien se apunta como propietario.

Además, el empresario restaurantero fue expuesto en fechas anteriores debido a que durante la administración de Miguel Ángel Mancera en la CDMX, la firma se quedó con dos acuerdos por más de 57 millones de pesos; en los procedimientos de compra, Stevens se acreditó como presidente del Consejo de Gerentes.

Estas contrataciones causaron que Dennis Stevens fuera denunciado ante autoridades federales y de la orbe, pues cuando la empresa obtuvo los convenios, el personaje se desempeñaba como coordinador del Comité Ciudadano en Lomas de Virreyes, en la alcaldía que hoy comanda Mauricio Tabe Echartea.

Por su parte, Grupo Reforma precisó que la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión Estratégica de Seguridad Ciudadana de la Administración de Romo Guerra requirió que no se alteraran las condiciones de la licitación, o quedaría inválida. Con dicha maniobra, se imposibilitaría la intervención de la nueva administración para ajustar los bienes y servicios.

La denuncia interpuesta por la Comisión de Seguridad Ciudadana actual develó que el proceso fue aprobado por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

De acuerdo con las condiciones contractuales, el proveedor debía contar con un centro de monitoreo alterno a la Base Plata de la Alcaldía, ubicado en un radio no superara los 4 kilómetros. Además, debía contar con un centro de servicio dentro de la Miguel Hidalgo con capacidad de, al menos, 250 metros cuadrados para el resguardo de equipo.