La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, extendió por dos semanas más el uso obligatorio de cubrebocas por todas las redes de transporte. Esta iniciativa fue punto de controversia al ser revocada por la jueza Kathryn Kimball Mizelle, quien invalidó la medida el 18 de abril de 2022.
Quienes mostraron su acuerdo con la jueza de Tampa, Florida, fueron las aerolíneas que ya no exigen el uso de cubrebocas para los pasajeros y tampoco para sus trabajadores. Delta Air informó a través de un comunicado: “Nos complace ver que el mandato de mascarilla en el país se levantará para facilitar los viajes globales”.
Ante esta declaración, otras aerolíneas como United Airlines Holdings, American Airlines y Alaska Air Group también eliminaron rápidamente las disposiciones de salud. Sin embargo, los Centros para el Control y la Protección de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) mostró total desacuerdo ante la eliminación del cubrebocas obligatorio.
Según CDC, apelará este dictamen ante la Corte Suprema del comunicado, el CDC declaró no estar de acuerdo y llegará a las últimas instancias para echar atrás la prohibición. Ello con el principal objetivo de salvaguardar la salud de la ciudadanía estadounidense ante un rebrote por Covid-19.
El dictamen por parte de la CDC fue en colaboración con el gobierno de Estados Unidos y la Administración de Seguridad y Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). Cabe señalar, una de las principales medidas es que las autoridades podían multar a quien se negara a utilizar mascarillas durante un trayecto en transporte público, estaciones centrales o aeropuertos. Los castigos iban desde los 500 hasta 3 mil dólares para los reincidentes, pero la presión por suspender este dictamen comenzó en marzo de 2022 encabezada por las diez principales aerolíneas de Estados Unidos.
De acuerdo con el propagación de la Covid-19 sigue siendo un riesgo de salud nacional.
Hoy en día, la mayoría de los estadounidenses siguen a favor del requisito del uso de la mascarilla para las personas que viajen en aviones y otros transportes compartidos. Sin embargo, otra parte de la población se opone a esta medida la cual la consideran ilegal al igual que obligar a las personas a realizarse pruebas Covid-19 en lugares públicos o vacunarse.