Confederaciones, Cámaras y Asociaciones coincidimos en la protección de la salud de los mexicanos.

La publicación del Reglamento violó los procesos que se establecen en la ley y fue por encima de lo que aprobó el Congreso.

La prohibición de la exhibición de cigarros no tiene fundamento jurídico.
La exhibición de los productos de tabaco se encuentra permitida y regulada en la Ley General para el Control del Tabaco.

No se evita el consumo prohibiendo la exhibición del tabaco. Sólo se fomentará el comercio ilegal.

No hay alguna justificación sanitaria para prohibir la prestación de servicio o consumo de alimentos o bebidas en zonas exclusivas para fumadores.

Los organismos firmantes coincidimos en la necesidad de promover acciones para proteger la salud y compartimos la necesidad de impulsar políticas públicas que tiendan a la prevención del consumo del tabaco. Respaldamos ampliamente que se informe a la población sobre los riesgos y el daño que provoca fumar.

No obstante, la emisión, la aprobación y la publicación del Reglamento no se adhirieron al debido proceso establecido en la Ley. El Reglamento rebasa lo previsto en la Ley: la Secretaría de Salud excede sus facultades al asumir funciones de legislador y sería la primera vez en el país que por disposición oficial se oculte un producto legal para su venta. Asimismo, las empresas de la industria del tabaco, las organizaciones empresariales, así como la ciudadanía, publicaron en el portal de Conamer más de 900 comentarios alusivos al impacto social y económico que conllevará este Reglamento.

En México el tabaco es legal y está regulado en la Ley General para el Control del Tabaco. Un producto cuya comercialización es legítima, por lo cual la prohibición de su exhibición resulta infundada.

El sector productivo teme que, de hacer efectiva esta medida, fácilmente podría replicarse en otros tipos de productos o industrias.

La prohibición de la exhibición del tabaco podría afectar adicionalmente a los pequeños negocios que han sido ya severamente dañados por la pandemia. representará un impacto directo a los pequeños comerciantes y dueños de tienditas, pues la venta de cigarros promueve más del 15% del ticket mensual de las más de 600,000 tienditas registradas por el INEGI, el sector del pequeño comercio es generador de más de 2 millones de autoempleos, que da manutención a más de 5 millones de personas y abastece a más del 52% de la demanda nacional.

Se impactará de forma injustificada a la libertad de comercio y a los derechos de los consumidores. La exhibición tiene un fin y características distintos a la publicidad, al ser informativa para el consumidor. Su prohibición dejará a los productos de tabaco legales en igualdad de circunstancias de los ilegales. Cabe destacar que la industria ilegal equivale ahora al 20% del consumo nacional.

El reglamento contiene múltiples violaciones a tratados comerciales, específicamente en materia de protección de inversiones, libertad de comercio y derechos humanos. Asimismo, impedirá continuar con las acciones de responsabilidad social de la industria. Consideramos que se ponen en riesgo miles de empleos y futuras inversiones en nuestro país, justo en un momento en el que la economía mexicana más lo necesita.

No existe alguna justificación sanitaria para que el Reglamento prohíba la prestación de servicios o consumo de alimentos o bebidas en las zonas exclusivamente para fumar.

Esta regulación genera inseguridad jurídica y desconoce las cuantiosas inversiones realizadas por restaurantes para adecuar las zonas para fumadores y cumplir con el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco de 2009.

Para tener un Estado de Derecho es necesario que todas las partes respeten la Ley. Por lo que solicitamos que el gobierno así lo haga y se genere certeza jurídica para que no se nos pida esconder un producto legal como ilegal.

El Reglamento representa un abuso por parte de las autoridades. Las empresas, los comercios e industria tenemos toda la disposición de colaborar, invertir, generar empleos y cumplir con la Ley. Para lograrlo, hacemos un llamado a las autoridades a respetar el Estado de Derecho y reconsiderar políticas prohibicionistas que atentan contra de la libertad de comercio, los trabajadores y los consumidores.