Durante el sexenio de Miguel Ángel Riquelme en Coahuila, el presupuesto para la salud mental, en específico para reducir los niveles de suicidios en la entidad, no alcanzaron los niveles de los recursos destinados a promover su imagen.

Según datos del portal de Transparencia, la Coordinación General de Comunicación e Imagen Institucional utilizó 2 mil 215 millones 574 mil 641 pesos durante el 2018 y el 2022, doce veces más de lo necesario para atender las carencias de los centros de salud destinados a la salud mental.

En contraste, la entidad cuenta con una alarmante escasez de especialistas en salud mental. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud recomienda 10 psiquiatras por cada 100 mil habitantes, Coahuila solo cuenta con 0.03 por cada 100 mil. Además, los seis centros de salud sectorizados de la Secretaría de Salud de Coahuila solo tienen 13 psiquiatras, 3 paidopsiquiatras y 28 psicólogos clínicos para atender a más de 3 millones de habitantes.

Los números de suicidios en la entidad también son preocupantes. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, en el 2020 se contabilizaron 283 suicidios, en 2021 disminuyó ligeramente a 281, pero en 2022 se elevaron a 303 casos, aumentando el promedio a 9.1 por cada cien mil habitantes.

El documento publicado por el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo reveló que Coahuila ocupó el quinto lugar como la entidad federativa con mayor tasa de suicidios en el país, teniendo a la capital de la entidad, Saltillo, en primer lugar con una tasa de 10.3 suicidios por cada 100 mil habitantes, mayor a la media mundial (9.3) y muy por encima de la media nacional (6.2).

Ante esta situación, diputados de oposición como Natalia Virgil, del Partido Acción Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Finanzas, pedirán explicaciones a Riquelme sobre por qué no fueron contemplados recursos para la Salud Mental durante su gestión.

El gobierno de Miguel Ángel Riquelme en Coahuila también enfrenta observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por un hoyo negro en el gasto público con recursos federalizados por más de 939 millones de pesos, afectando programas como el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y el Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral durante el año 2021.