La declaración conjunta emitida por los organismos empresariales COPARMEX, CANIRAC, CONCAMIN, y las plataformas digitales DiDi, Rappi y Uber Eats expresa seria preocupación por un posible fallo en contra del amparo contra la contribución del 2% a Plataformas Digitales en la Ciudad de México.
Esta contribución, estipulada en el artículo 307 TER del Código Fiscal local, ha generado inquietudes debido a su impacto potencialmente negativo en los usuarios, consumidores y actores del ecosistema de la economía colaborativa.
El gravamen del 2% a las plataformas digitales en la Ciudad de México ha sido objeto de polémica y preocupación por parte de diversos sectores, debido a su posible impacto negativo en la economía colaborativa y en los consumidores.
Este impuesto ha generado críticas principalmente por considerarse discriminatorio y desigual. Su diseño parece apuntar exclusivamente a las plataformas digitales, dejando fuera a otros servicios de entrega que compiten en el mismo mercado, lo que crea un ambiente poco equitativo y perjudicial para la competencia justa. Además, podría generar una doble tributación al imponer obligaciones fiscales adicionales a estas plataformas que ya cumplen con otros impuestos a nivel federal y local.
El impacto de esta medida podría ser significativo para los restaurantes, la mayoría de los cuales se benefician en gran medida del uso de estas plataformas para realizar entregas a domicilio. Dichos servicios pueden representar una parte importante de sus ingresos, y un gravamen adicional podría afectar sus operaciones e incluso la generación de empleos en el sector.
A nivel de consumidores, esta contribución podría traducirse en un incremento en los precios finales de los productos o servicios ofrecidos por estas plataformas, lo que tendría un impacto directo en los bolsillos de quienes utilizan estos servicios con regularidad.
Por otro lado, la creación de un ambiente tributario más complejo y discriminatorio podría desincentivar la inversión y la innovación en el sector digital, lo que a largo plazo podría frenar su desarrollo y la generación de empleos asociados a esta industria.
Si bien es comprensible que las autoridades busquen nuevas formas de recaudación para financiar servicios y programas públicos, es crucial que estas medidas se diseñen de manera equitativa y consideren el impacto en todos los actores involucrados, sin perjudicar la competitividad y la innovación en la economía digital.