Regulación de cripto abre debate sobre libertad financiera contra prevención delictiva

En días recientes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos arrestó a los cofundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodríguez y William Lonergan Hill, por presuntos delitos de lavado de dinero y transacción de activos sin licencia. Lo cual evidenció que el Gobierno de Estados Unidos está adoptando un enfoque regulatorio más riguroso en torno a los mezcladores de criptomonedas y otras herramientas de criptoactivos.

De esta forma, esta situación, a su vez, avivó un debate sobre la presión regulatoria. Así, mientras el gobierno asegura el robustecimiento de la regulación y busca prevenir actividades ilícitas; diversas organizaciones consideran, esto atenta contra la libertad, privacidad y obstaculiza el desarrollo tecnológico de los criptoactivos.

TuxCare, medio digital sobre tecnología, avala la postura del Gobierno de Estados Unidos sobre aumentar la presión regulatoria hacia las herramientas de criptoactivos. Pues al igual que las autoridades, consideran, las herramientas como Samourai Wallet y otras mezcladoras de criptoactivos, fueron diseñadas deliberadamente para ayudar a los delincuentes en el lavado de dinero a gran escala.

Muestra de lo anterior, es el siguiente argumento, “los delitos financieros y las criptomonedas están cada vez más entrelazados, a medida que las monedas digitales se convierten en la herramienta preferida para transacciones ilícitas”.

Así, el medio sostiene, la supervisión más estricta que mejora el procedimiento de diligencia tiene el objetivo de hacer cumplir la ley y responsabilizar a las personas que facilitan actividades ilegales. De esta manera, el arresto de los fundadores de Samourai es apreciado como un hito en la batalla contra los delitos relacionados con criptomonedas.

Cabe mencionar, Keonne Rodríguez, directora ejecutiva, y William Lonergan Hill, el director de tecnología, enfrentan cargos por lavado de dinero, se les imputa haber operado una red de lavado de dinero a través de un servicio de mezclado de criptomonedas. A través del cual, supuestamente, procesaron fondos ilícitos valuados por más de 2 mil millones de dólares, al ocultar el origen de las divisas y dificultar su rastreo, la cual es la principal función de los servicios de mezclado.

Respecto a esto, el Instituto liberal de tecnología, MISES, califica el arresto de los cofundadores como “el último asalto en la guerra de los reguladores estadounidenses contra la privacidad y libertad financiera”. Pues a juicio de la organización, la presión regulatoria es una estrategia para estigmatizar y frenar el desarrollo de una tecnología financiera que atenta contra el sistema monetario fiduciario hipervigilado. Lo cual, a su vez, señalan, atenta contra la libertad y privacidad financiera.

Para MISES, las prácticas financieras, como los requisitos de identificación del cliente (KYC), comprometen la privacidad al vincular la información onchain con entidades reales y hacer la actividad financiera rastreable.

Bajo esta perspectiva, mantener el anonimato en las transacciones realizadas a través de criptoactivos no está asociado necesariamente a la realización de actividades ilícitas, sino a la protección de la privacidad y posesión. Por lo cual, los métodos y herramientas para mantener el anonimato, son vistas como un medio para garantizar la libertad financiera. Incluso MISES sostiene, las mezcladoras de criptoactivos son poco utilizadas por ciberdelincuentes.

Con esto, la organización refuerza la idea de que el posicionamiento de Estados Unidos hacia el bitcoin es oscura. Incluso planteando ¿Cómo pueden ser las uniones de monedas, constituir lavado de dinero, si el bitcoin no es dinero y nunca se convierte en dinero fiduciario?, aludiendo a que el Servicio de Impuestos aprecia el bitcoin como un activo especulativo, por lo cual se debe pagar impuesto sobre las ganancias de capital de criptoactivos. Mientras el Departamento de Justicia asegura, el software coinjoin permite lavar dinero, siendo que los mezcladores permite seudomizar los activos, pero no convertirlas en dólares.

De esta manera, la institución cuestiona el comportamiento “errático” de Estados Unidos y acusa al gobierno de drenar la liquidez de bitcoin de propiedad privada para atrapar a las personas en el sistema fiducidario tradicional-KYC. Con lo cual, se inicia el debate sobre si la presión regulatoria responde a la intención de frenar la actividad ilícita o a mantener los intereses de los sistemas financieros tradicionales.

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