El Gobierno de México, a través de las Secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), anunció que impugnará el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que favorece a la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration.
Este fallo arbitral ordena a México pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares más intereses a la empresa por la negativa del país de otorgar los permisos para el proyecto de dragado marino “Don Diego” en Baja California Sur.
Odyssey Marine Exploration, junto con su subsidiaria Exploraciones Oceánicas S. de R.L. de C.V. (ExO), había presentado una demanda internacional en contra de México amparándose en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), después de que Semarnat negara la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) entre 2016 y 2018 para el proyecto de dragado de arenas fosfáticas en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur.
La empresa buscaba extraer 7 millones de toneladas anuales de arenas fosfáticas durante un periodo de 50 años, con el fin de producir 350 millones de toneladas de material para su comercialización.
El laudo del CIADI obliga a México a compensar a Odyssey con 37.1 millones de dólares, una cifra que representa apenas el 1.18% de los más de 3 mil millones de dólares que la compañía había reclamado inicialmente. Además, México deberá cubrir los intereses acumulados desde 2018 y los costos administrativos y de los árbitros del procedimiento arbitral.
En respuesta a este fallo, el Gobierno de México manifestó su rechazo, argumentando que el proyecto “Don Diego” hubiera tenido graves repercusiones ambientales en una región ecológicamente sensible, hogar de especies vulnerables como la tortuga caguama, así como ballenas grises y azules, entre otros.
México defendió ante el tribunal que el dragado marino propuesto por Odyssey podría haber afectado significativamente los hábitats de estas especies, lo que fue una de las razones para negar la autorización ambiental.
Además de las preocupaciones medioambientales, las autoridades mexicanas también expusieron que Odyssey Marine Exploration carecía de experiencia en minería submarina, ya que su actividad principal se ha centrado en la búsqueda de tesoros marinos.
Las técnicas de dragado marino propuestas por la compañía no han sido aplicadas con éxito en ningún otro lugar del mundo, lo que generaba aún más dudas sobre la viabilidad y seguridad del proyecto.
El Gobierno mexicano también señaló que entre los inversionistas del proyecto se encontraban figuras como el político mexicano Diego Fernández de Cevallos y el empresario Alonso Ancira. A pesar de este apoyo financiero, México argumentó que el proyecto de dragado no cumplía con los estándares ambientales ni las condiciones técnicas necesarias para proceder.
El fallo del CIADI, emitido el 17 de septiembre de 2024, marca el final de un largo proceso arbitral que se prolongó durante varios años. No obstante, el Gobierno de México ha dejado en claro que no acatará la decisión sin antes agotarse las vías legales. Tanto la Secretaría de Economía como la Semarnat indicaron que impugnarán la resolución ante las cortes competentes, buscando la anulación del laudo arbitral.
Este conflicto internacional pone en relieve la tensión entre la protección ambiental y los intereses económicos de las empresas mineras, un tema que ha sido recurrente en disputas similares bajo tratados internacionales. La posición del Gobierno de México, que ha priorizado la protección del medio ambiente, ha sido clave en este caso, y las autoridades reiteraron que seguirán defendiendo los recursos naturales del país frente a proyectos que consideren perjudiciales.
El proyecto “Don Diego” estaba programado para llevarse a cabo en una zona de más de 61 mil hectáreas, ubicada a 12 millas náuticas de la costa de Baja California Sur. El objetivo era extraer fosfato, un mineral utilizado principalmente en la industria de fertilizantes. Sin embargo, las autoridades mexicanas advirtieron que el impacto del dragado sobre el ecosistema marino sería irreversible, afectando tanto la biodiversidad como las actividades económicas locales, como la pesca.
El Gobierno de México ha decidido enfrentar el laudo arbitral que favorece a Odyssey Marine Exploration y reafirma su compromiso con la defensa de sus recursos naturales. Este caso no solo refleja el reto de equilibrar el desarrollo económico con la preservación del medio ambiente, sino que también subraya la importancia de los mecanismos de solución de controversias en tratados internacionales como el TLCAN. Con la intención de proteger su soberanía y los ecosistemas del país, México continuará su lucha en los tribunales competentes para anular el fallo y evitar el pago de la indemnización millonaria.