Tras la imposición de una breve ley marcial en Corea del Sur, el presidente Yoon Suk-yeol se encuentra en la mira de organizaciones y políticos por cometer abuso de poder. De acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), el mandatario ordenó barricadas, despliegues militares, y encarcelamientos contra cualquier forma de organización civil entre el martes 3 y miércoles 4 de diciembre.

Bajo una presunta amenaza de irrupción por parte de Corea del Norte, Suk-yeol declaró estado de ley marcial para frenar actividades de organización civil, política, y parlamentaria. Según voceros de Amnistía Internacional en territorio surcoreano, se suscitó una preocupación ante posibles violaciones de derechos humanos por la vigilancia y represión militar.

La ley marcial bajo el artículo 14 constitucional establece que cualquier ciudadano de Corea del Sur puede ser privado de la libertad sin orden de aprehensión en caso de participar en alguna de estas organizaciones, entre las cuales se encuentra las protestas. En este contexto, la embajada estadounidense emitió un comunicado que exhortó a los civiles a evitar lugares públicos concurridos durante el estado de emergencia.

Sin embargo, miembros de la Asamblea Nacional intervinieron para levantar la ley marcial con fundamento en el artículo 77 constitucional. Ante la falta de pruebas sobre la intervención de fuerzas de Corea del Norte en el territorio, el falló determinó que no existió un estado de emergencia inmediato para la ley.

Con 300 votos a favor de terminar la ley marcial, los miembros de la asamblea emitieron un voto respaldado por 2 mil ciudadanos en las instalaciones, confirmó CSIS. Un comunicado emitido por el Gobierno de Estados Unidos confirmó que los miembros de la Asamblea Nacional votaron de manera unánime contra la imposición presidencial.

Medios locales confirmaron que las medidas de Suk-yeol se consideraron un abuso de poder, tanto por ciudadanos como por políticos. Bajo esta línea, The Korean Times subrayó una posible orden para destituir al actual presidente surcoreano por cometer actos inconstitucionales.

Cabe mencionar que la ley marcial de 2024 cuenta con precedente de este tipo de políticas de estado de emergencia en Corea del Sur. Según información consultada por NotiPress, esto ocurrió otras 15 veces desde la fundación del país en 1948, entre las cuales también ocurrieron golpes de estado y órdenes de ejecución contra mandatarios.

Asimismo, el incidente de diciembre recordó la represión militar de mayo de 1980, también conocida como la masacre de Gwangju. Frente a la imposición de la dictadura militar del expresidente Chun Doo Hwan, miles de civiles que tomaron las calles para exigir un gobierno democrático fueron encarcelados y asesinados bajo la ley marcial. Una investigación publicada por la Revista Ibero señaló que las autoridades del país realizaron una campaña de desinformación para ocultar las violaciones a los derechos humanos en Corea del Sur.