El pleno del Senado de la República aprobó la Ley de Derechos 2025 sin realizar modificaciones al dictamen enviado por la Cámara de Diputados, culminando así el proceso legislativo para esta normativa. El dictamen será enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y posterior entrada en vigor el próximo año.

La Ley de Derechos establece los pagos, cobros y cargos aplicables por los servicios, licencias y autorizaciones otorgados por el gobierno federal a ciudadanos y visitantes en México. Para 2025, se estima que este instrumento generará ingresos por 137,500 millones de pesos, más del doble de los 59,091 millones aprobados para 2024.

Este aumento fue destacado como un paso fundamental para fortalecer las finanzas públicas. Según explicó la senadora del PT, Yeidckol Polevnsky, estos recursos permitirán financiar proyectos clave como la construcción y mantenimiento de escuelas, hospitales, carreteras, y el transporte público, subrayando la importancia de la recaudación para el correcto funcionamiento del Estado.

Por su parte, el senador del PAN, Gustavo Sánchez Vásquez, enfatizó que los derechos son un mecanismo que asegura que el Estado cobre por los servicios que presta, tanto a mexicanos como a extranjeros, fortaleciendo su capacidad operativa.

El dictamen fue votado en el Senado con 79 votos a favor, 38 en contra, y cero abstenciones. Durante el debate, legisladores de diversos grupos parlamentarios discutieron sobre el impacto económico y social de los nuevos derechos, especialmente para sectores productivos y ciudadanos de menores ingresos.

Aunque la oposición expresó preocupaciones sobre la carga que estos cobros podrían representar para ciertos sectores, la mayoría parlamentaria defendió la medida como indispensable para garantizar los recursos necesarios para infraestructura y servicios públicos.

Con su publicación en el DOF, la Ley de Derechos 2025 se integrará al marco fiscal del próximo año. Este incremento en la recaudación se alinea con los objetivos del Gobierno Federal de fortalecer los ingresos propios y depender menos de otras fuentes de financiamiento.

El aumento previsto en la recaudación refleja también un esfuerzo por actualizar tarifas y ampliar la base de contribuyentes, asegurando que más usuarios de servicios públicos contribuyan de manera equitativa al sostenimiento del Estado.

Esta Ley se posiciona como un elemento clave en la planeación fiscal del próximo año, con impactos que se observarán en la ejecución de obras y servicios esenciales para el desarrollo del país.