Desarrollo Hidráulico de Cancún (DHC), empresa responsable del suministro de agua potable en diversos municipios de Quintana Roo, enfrenta una denuncia penal interpuesta por el gobierno estatal en relación con la modificación de su concesión, otorgada en diciembre de 2014.
La acusación involucra a funcionarios y exfuncionarios tanto de la empresa como del gobierno estatal, argumentando presuntas irregularidades en la extensión del contrato hasta 2053.
Según DHC, la modificación de la concesión se realizó de manera legal y transparente, con la aprobación del Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), los cabildos municipales y el Congreso del estado. Como parte de este acuerdo, la empresa pagó mil 55 millones de pesos como contraprestación única.
No obstante, el gobierno estatal ahora sostiene que los servidores públicos que firmaron el contrato carecían de facultades legales para hacerlo.
Desde 2023, el expresidente Andrés Manuel López Obrador recomendó la terminación anticipada del contrato de DHC-Aguakan debido a las constantes quejas de los ciudadanos sobre la calidad del servicio.
Sin embargo, la empresa logró obtener un amparo contra un decreto del Congreso estatal que revocaba la ampliación de su concesión en los municipios de Puerto Morelos, Isla Mujeres y Benito Juárez.
DHC-Aguakan, que ha invertido más de 8 mil 223 millones de pesos en infraestructura y la conexión de más de 3,250 kilómetros de tuberías en la región, sostiene que la denuncia penal carece de sustento y que confía en que los tribunales ratificarán la legalidad del contrato.
Además, la empresa ha señalado que la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Lezama Espinosa, podría haber recibido información errónea sobre el caso y expresó su disposición a dialogar con su administración para encontrar una solución.
La controversia ha generado preocupación entre los inversionistas de la empresa, entre los que se encuentran afores como Banamex, Sura, Principal y Pensionissste, que representan los ahorros de más de 22.5 millones de trabajadores mexicanos.