Eduardo Fernández García, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), fue encontrado culpable por intento de extorsión en contra de Grupo Televisa, luego de que un juez de la Ciudad de México determinara su responsabilidad en el caso.
Como parte de la sentencia, se ordenó la publicación de extractos del fallo en favor de la televisora, tras confirmarse que el acusado había solicitado un pago millonario a cambio de no divulgar supuestas irregularidades financieras de la empresa.
De acuerdo con la denuncia presentada por Televisa, Fernández García exigió 250 millones de dólares a directivos de la compañía, argumentando que poseía información sobre presuntas maniobras de lavado de dinero y actos de corrupción que involucraban a la televisora entre 2008 y 2011.
El exfuncionario amenazó con iniciar acciones legales tanto en México como en Estados Unidos en caso de no recibir el pago solicitado, lo que generó preocupación dentro de la empresa.
Las comunicaciones de Fernández García con Televisa incluyeron diversas cartas en las que reiteraba su exigencia económica y advertía sobre las posibles consecuencias de no llegar a un acuerdo.
En su intento por presionar a la compañía, el exfuncionario buscó la intervención de medios de comunicación nacionales e internacionales para dar a conocer su versión de los hechos y aumentar la presión sobre los ejecutivos de la empresa.
Fernández García, quien encabezó la CNBV entre 1995 y 2000, argumentó que la información que utilizó para sustentar sus acusaciones fue obtenida en su labor posterior como bróker, actividad que desempeñó tras su salida del organismo regulador financiero.
Sin embargo, durante el proceso judicial, el acusado se allanó a la denuncia interpuesta en su contra y aceptó su responsabilidad en los hechos, lo que llevó al juez a dictar sentencia en su contra.
Con la resolución judicial, Grupo Televisa queda exonerado de las acusaciones presentadas por Fernández García, mientras que el exfuncionario deberá enfrentar las consecuencias legales de su intento de extorsión.
La sentencia representa un caso emblemático en el ámbito empresarial y financiero, al tratarse de un alto exfuncionario que intentó utilizar información privilegiada para obtener beneficios económicos de una de las compañías más influyentes en México y América Latina.