El 18 de marzo de 2025, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las nuevas leyes secundarias en materia de energía, con las cuales se define el nuevo marco regulatorio para el sector eléctrico en México.

De acuerdo con Moody’s Local México, la Reforma Constitucional en Materia de Áreas y Empresas Estratégicas y su respectiva legislación secundaria establecen un esquema de inversión más claro para los participantes privados del sector, reduciendo así la incertidumbre jurídica que predominó en el sexenio anterior y que tuvo como consecuencia el estancamiento de la inversión privada en generación de electricidad.

Además de otorgar mayor certidumbre, la reforma también busca mejorar la eficiencia administrativa mediante la implementación de una ventanilla única que agilice trámites y permisos, lo que a su vez facilita la transición hacia energías limpias y genera nuevas oportunidades de inversión en proyectos de energía renovable.

Otro cambio fundamental es la reestructura organizacional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se espera genere economías de escala y eficiencias en gastos operativos, ya que al centralizar la planeación y la toma de decisiones, se podrán compartir recursos materiales y humanos de manera más eficiente.

Con esta reforma, la CFE cambia su estatus jurídico a una Empresa Pública del Estado, lo que implica que ya no estará sujeta al pago del Impuesto sobre la Renta, aunque esto también significa que pierde la posibilidad de compensar pérdidas fiscales acumuladas en años anteriores, las cuales representaban activos por impuestos diferidos por un monto de 126,405 millones de pesos al cuarto trimestre de 2024.

Si bien la CFE ha operado históricamente con un enfoque social, la reforma enfatiza aún más su objetivo de proveer electricidad al menor costo posible y garantizar la seguridad energética del país, sin fines de lucro. Esta transformación podría limitar su rentabilidad en el largo plazo, ya que su principal misión será garantizar el acceso a la electricidad más allá de criterios comerciales.

Uno de los cambios más relevantes en la estructura del sector eléctrico es la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la cual sustituye a la Comisión Reguladora de Energía y absorberá todas sus funciones. Este nuevo organismo estará sectorizado dentro de la Secretaría de Energía, pero contará con independencia técnica, operativa, de gestión y de decisión.

Entre sus responsabilidades estarán la emisión de permisos para generación y comercialización de electricidad, la regulación de tarifas, la supervisión del Mercado Eléctrico Mayorista y la imposición de sanciones a los participantes del sector en caso de incumplimiento. Con la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía, el gobierno busca centralizar la regulación del sector en un solo organismo que facilite los trámites y fomente un desarrollo ordenado de la industria.

En cuanto a la administración interna de la CFE, la reforma también introduce modificaciones en la composición de su Consejo de Administración. Aunque sus funciones se mantienen intactas como el órgano supremo de gestión encargado de definir políticas y lineamientos estratégicos de la empresa, la cantidad de miembros independientes dentro del consejo se reduce de cuatro a dos, mientras que los tres consejeros designados por el Ejecutivo Federal ahora deberán ser el director general de Petróleos Mexicanos, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y el titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Además, la estructura de la CFE sufrirá una transformación profunda con la eliminación de sus Empresas Productivas Subsidiarias (EPS), lo que significa que sus operaciones de generación, transmisión, distribución, suministro básico y telecomunicaciones serán absorbidas directamente por la controladora. Anteriormente, cada una de estas subsidiarias operaba de manera independiente, con su propio Consejo de Administración, presupuesto, activos y personal. Con la eliminación de estas unidades, se espera generar sinergias operativas y reducir costos, al evitar la duplicidad de funciones y la fragmentación administrativa que existía en la empresa.

Otro punto clave de la reforma es el nuevo esquema de participación de la inversión privada en la generación de electricidad. La reforma busca impulsar la colaboración entre el sector público y privado a través de un nuevo modelo de “productores mixtos”, en el que las empresas privadas podrán participar en proyectos de generación en sociedad con la CFE. En estos proyectos, la inversión privada podrá representar hasta el 46% del total, mientras que la CFE tendrá una participación mínima del 54%.

Este esquema sustituye parcialmente el modelo previo de mercado abierto, en el que los privados podían desarrollar proyectos de generación sin la necesidad de asociarse con la CFE. Además de esta modificación, también se amplía el límite de generación de autoconsumo para hogares y pequeñas empresas, pasando de 500 kW a 700 kW. Para las compañías que generen entre 700 kW y 20 MW, se establece la obligación de obtener permisos y contar con un respaldo energético del 30%, lo que significa que deberán contratar cierta cantidad de energía de la CFE para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

En términos de costos, la reforma introduce nuevas disposiciones para la recuperación de los costos de porteo, es decir, los costos asociados con el uso de la red eléctrica de la CFE. A partir de la entrada en vigor de la reforma, las grandes empresas que generan su propia energía bajo esquemas de autoconsumo interconectado deberán pagar una tarifa por la conexión a la red eléctrica, lo que busca equilibrar las condiciones de competencia entre los generadores privados y la CFE.

Por otro lado, la nueva legislación también refuerza el enfoque en sostenibilidad, estableciendo la obligación de que la CFE cree un Comité de Sostenibilidad que reporte directamente a su Consejo de Administración. Este comité será responsable de diseñar e implementar estrategias para reducir el impacto ambiental de las operaciones de la CFE y promover el desarrollo de energías renovables dentro de la empresa.

Un aspecto importante que no cambia con la reforma es el criterio de despacho de energía en las redes de transmisión y distribución, ya que se mantiene el principio de eficiencia en costos. Sin embargo, la nueva legislación establece que el Consejo de Administración de la CFE deberá enviar anualmente su propuesta de financiamiento a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el fin de que se incorpore el techo de endeudamiento neto en la Ley de Ingresos de la Federación.

Además, cualquier crédito que la CFE pretenda contratar deberá ser notificado previamente a la SHCP para calendarizar las operaciones de financiamiento y evitar que el costo de fondeo para el resto de las entidades del sector público se vea afectado.

En términos generales, la reforma representa un cambio significativo en el marco regulatorio del sector eléctrico en México, al establecer nuevas reglas para la inversión privada, transformar la estructura organizativa de la CFE y reforzar el papel del Estado en la provisión de electricidad. Si bien algunos de estos cambios ya se habían comenzado a implementar en el sexenio anterior, como la prioridad de despacho para la CFE con una participación mínima del 54% en la generación de electricidad, la nueva reforma consolida este enfoque y lo refuerza con nuevas disposiciones legales.

Si bien la reforma busca mejorar la eficiencia operativa de la CFE y garantizar el acceso a la electricidad a menor costo, también plantea retos en términos de rentabilidad y financiamiento para la empresa, ya que su transformación en una entidad sin fines de lucro podría limitar su capacidad para generar excedentes financieros. Asimismo, el éxito de la reforma dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para implementar de manera efectiva los nuevos esquemas de inversión privada y asegurar que la transición hacia energías limpias se lleve a cabo de manera ordenada y eficiente.