Alianza In México, que representa a plataformas digitales como DiDi, Uber, Rappi, Lalamove y Mensajeros Urbanos, hizo un llamado a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que analicen con profundidad la constitucionalidad del llamado “aprovechamiento” incluido en el artículo 307 TER del Código Fiscal de la Ciudad de México.

Este cobro se dirige exclusivamente a empresas digitales de intermediación por el uso de la infraestructura urbana capitalina. La asociación sostiene que la medida es inequitativa y discriminatoria, ya que no se aplica a otras industrias logísticas que también hacen uso de la misma infraestructura urbana, lo que a su juicio representa un trato fiscal desigual y con fines puramente recaudatorios.

Asimismo, considera que este tipo de cargas podrían afectar el desarrollo de la economía digital, desincentivar la innovación, distorsionar la competencia e impactar negativamente a miles de negocios y repartidores que dependen de estas plataformas para generar ingresos y acceder a mercados.

El caso se encuentra actualmente bajo revisión de la ministra Lenia Batres Guadarrama, luego de que, el pasado 30 de abril, la mayoría de los integrantes de la Segunda Sala de la SCJN votaran en contra de un proyecto que buscaba confirmar el amparo previamente otorgado a una de las empresas de la Alianza.

No obstante, si bien es válido el reclamo de equidad fiscal y la necesidad de evitar medidas que inhiban la digitalización de la economía, también es importante subrayar que las plataformas digitales deben asumir mayores responsabilidades en términos de costos, eficiencia operativa, seguridad para usuarios y trabajadores, así como cumplimiento normativo.

Durante años, muchas de estas empresas han operado bajo esquemas que trasladan riesgos y costos a repartidores y conductores, mientras maximizan márgenes sin rendir cuentas claras sobre su impacto urbano, ambiental y social. Es razonable discutir si un impuesto como el “aprovechamiento” es constitucional o no, pero también es indispensable que este debate vaya acompañado de compromisos reales de estas plataformas con la sostenibilidad del ecosistema en el que operan.

Por tanto, mientras la SCJN analiza la validez legal de esta medida, el sector digital debe estar abierto a mecanismos de regulación razonables y colaborativos que aseguren una competencia justa, protección a los trabajadores y contribuciones proporcionales al uso de bienes y servicios públicos. Ojalá, no se les olvide a estás empresas en los penosos episodios en los que se han visto envueltas, delitos muy graves, incluso algunas de ellas queriéndolos minimizar.