Una comisión del Senado francés concluyó que Nestlé Waters, subsidiaria del conglomerado suizo Nestlé, aplicó durante años tratamientos no permitidos por la normativa europea a marcas de agua mineral como Perrier, Hépar, Vittel y Contrex, y que dichas prácticas fueron conocidas y encubiertas por autoridades del gobierno francés al más alto nivel.
El informe senatorial apunta a una estrategia deliberada de ocultamiento por parte tanto de la empresa como del Estado, que habría iniciado con reuniones interministeriales desde octubre de 2021.
El documento, resultado de una investigación parlamentaria de seis meses y sustentado en más de 120 entrevistas, indica que los tratamientos empleados incluían microfiltración, rayos ultravioleta y filtros de carbón activado, los cuales están expresamente prohibidos por la legislación europea para productos que llevan la denominación “agua mineral natural”.
La normativa exige que estas aguas conserven sus características originales sin intervención química o técnica que modifique su composición.
El caso no solo afecta a la reputación de una de las marcas más icónicas de agua mineral del mundo, sino que también pone en entredicho los mecanismos regulatorios del país sede. El informe señala que la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes, así como la oficina del presidente francés, tenían conocimiento de la situación desde al menos 2021 y 2022, respectivamente.
A pesar de ello, las autoridades habrían optado por negociar discretamente con la compañía un plan de corrección, en lugar de informar a instancias judiciales como exige la ley penal francesa.
En respuesta a los hallazgos, Nestlé aceptó en 2024 el pago de una multa por 2 millones de euros, evitando con ello una acción judicial formal. La empresa atribuyó los tratamientos a episodios puntuales de contaminación bacteriana, incluyendo agentes de origen fecal. No obstante, el informe del Senado sugiere que dichas prácticas fueron sistemáticas y prolongadas en el tiempo.
El caso podría tener implicaciones regulatorias, reputacionales y financieras significativas, tanto para Nestlé como para los organismos públicos implicados. También genera presión sobre las autoridades comunitarias para fortalecer la supervisión del cumplimiento normativo por parte de las multinacionales de alimentos y bebidas. Mientras tanto, crece el escrutinio sobre la transparencia institucional en la gestión de crisis sanitarias vinculadas al consumo humano.