Nestlé ha tenido diversos problemas en México y en el mundo que involucran nombres clave y episodios concretos.

A nivel global, los inversionistas han pedido la salida de Paul Bulcke, presidente del consejo de administración, tras la renuncia de dos directores generales en corto tiempo, primero Mark Schneider y más recientemente Laurent Freixe, lo que ha intensificado las críticas por la falta de claridad en la sucesión corporativa y la gestión interna.

En México, la empresa se ha enfrentado a cuestionamientos durante las administraciones de presidentes como Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum, principalmente por su oposición al etiquetado frontal de advertencia en alimentos procesados y ultraprocesados, donde Nestlé fue uno de los corporativos que más presionó para suavizar las regulaciones.

También ha habido tensiones con cafetaleros de estados como Veracruz y Chiapas, quienes han denunciado que la compañía paga precios injustos por el grano, situación señalada por organizaciones de productores como la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC).

A ello se suman denuncias de comunidades indígenas, como las artesanas wixárikas, que acusaron a Nestlé de plagiar diseños tradicionales en empaques promocionales de chocolates y café sin dar crédito ni compensación económica.

En el terreno legal, la multinacional ha tenido que enfrentar retiros de productos en distintos países, como los helados Häagen-Dazs contaminados con trazas de óxido de etileno, así como demandas colectivas en Europa y Estados Unidos por presunta publicidad engañosa en sus productos infantiles.

En conjunto, estas controversias con nombres y actores identificables reflejan cómo Nestlé, bajo la conducción de Paul Bulcke y otros directivos, enfrenta cuestionamientos sobre su ética empresarial, su relación con comunidades locales y su capacidad de mantener la confianza de consumidores e inversionistas.

Y agregue a esto sus asesores externos de comunicación que tiene en México que le hacen mucho daño a la imagen y cuestionan sí la empresa esta de acuerdo con practicas de intimidación y amenazas a la libertad de expresión de periodistas críticos de sus asuntos corporativos.