En este año México está cumpliendo 25 años de contar con organismos constitucionales autónomos, lo que ha sido una experiencia vasta y compleja que hoy requiere una revisión de fondo, más allá del alcance de un artículo. Sin embargo, es posible bosquejar aquí algunas conclusiones.

La creación de órganos autónomos es una medida aplicada por países de todos los continentes, desde hace más de 120 años en Estados Unidos y con una tendencia creciente a lo largo del siglo pasado y especialmente en lo que va del presente.

En principio se trata de otorgar a estos órganos facultades exclusivas en materias técnicas y especializadas, así como de desvincular sus acciones y decisiones de los ciclos e intereses políticos.

Hay una gran diversidad en la naturaleza y ámbitos de competencia de estos órganos, en tanto que su creación o la declaración de su autonomía se debió a necesidades específicas que la realidad hizo evidentes, por ejemplo:

El origen de la autonomía del Banco de México fueron las crisis económicas de los años ochenta, que aconsejaron mantener al banco central al margen del control del Ejecutivo.

De la misma manera, el conflicto post-electoral de 1988 subrayó la necesidad de separar la organización de las elecciones federales de la administración pública para asegurar y dar mayor credibilidad a sus resultados, lo que en 1996 dio origen al Instituto Federal Electoral (IFE, hoy INE). Tres años después, una reforma constitucional le confirió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) plena autonomía. Al hacerlo se abstrajo a esta institución de cualquier injerencia política y se fortaleció la protección no-jurisdiccional de los derechos humanos en todo el territorio nacional.

Durante la primera década de este siglo sólo se agregó en 2006 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Sin embargo, a partir de 2013 se le confirió autonomía constitucional a algunas instituciones que antes formaban parte de la administración pública federal, y se crearon nuevos órganos constitucionales autónomos para regular ciertas materias: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI, antes IFAI), Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), Fiscalía General de la República e Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, recientemente sustituido por el Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio.

Una revisión de fondo implicaría el análisis de lo que ha sucedido con cada uno de ellos, desde su desempeño general hasta la designación de sus titulares, desde la calidad real de su autonomía hasta la necesidad de la existencia de cada uno de ellos.

Algunos han incurrido en sesgos partidistas o adhesión funcional al gobierno en turno, tal vez por la mecánica de designación de los servidores públicos en su titularidad o en sus órganos de dirección o quizá debido a que su creación derivó de circunstancias coyunturales o incluso por la moda, políticamente correcta, sobre todo en el presente siglo.

La experiencia nacional permite considerar que hay algunos fundamentales, como Banxico, INE, CNDH, INAI e INEGI, sin desestimar al resto, desde luego, y en el entendido de que es necesaria una meticulosa evaluación.

No hay duda de que en general la existencia de los organismos autónomos ha fortalecido nuestra democracia. Corresponde ahora analizar la necesidad y pertinenecia de cada uno y resolver, mediante las reglas que se ha dado el Estado mexicano, cuáles deben permanecer y qué ajustes deben realizarse en su marco jurídico, por ejemplo, en materia de designación de sus titulares y en blindaje de su autonomía.

Dijo Nelson Mandela en su toma de posesión como presidente de Sudáfrica en 1994: “Ha llegado el momento de curar las heridas, de salvar los abismos que nos dividen. Ha llegado el momento de construir. Debemos actuar como un pueblo unido.”

La vida de este líder sigue siendo ejemplo e inspiración de las personas que en todo el mundo han luchado y luchan por la libertad y la democracia, así como por la erradicación del racismo, la pobreza y la desigualdad social.

En 1948, cuando Nelson Mandela tenía 30 años, se institucionalizó el apartheid, que confirmó todos los derechos a la población blanca (21 por ciento) y se los negó al resto de la población de Sudáfrica (79 por ciento).

Contra el apartheid y todas las formas de opresión luchaba Mandela cuando se le condenó a cadena perpetua en 1963. La sentencia no se consumó, pero la cárcel le arrebató 27 años de su vida.

De lo mucho que se puede aprender de Nelson Mandela, quiero resaltar lo siguiente:

Libertad interior, no albergando odios. Cuenta el expresidente William Clinton que alguna vez le preguntó a Mandela si durante tantos años de prisión había llegado a sentir odio hacia los responsables.

“Sí, respondió Mandela. Fui abusado, no vi crecer a mis hijos, perdí mi matrimonio y los mejores años de mi vida.

“Estaba enojado y tenía miedo, porque no había estado libre hacía mucho tiempo. Pero cuando estaba cerca del auto que me llevaría lejos, pensé que, si yo seguía odiándolos, ellos todavía me tendrían. Y quería ser libre. Entonces lo dejé ir.”

Perseverancia y congruencia en su lucha. A lo largo de su cautiverio, Mandela recibió seis ofertas del gobierno para dejarlo en libertad, siempre que abandonara su lucha.

Mandela rechazó el ofrecimiento y, en efecto, cuando el presidente Frederik de Klerk lo liberó, retomó sus banderas y negoció la derogación del apartheid en 1991.

Reconciliación nacional. Elegido presidente en las primeras elecciones multirraciales de Sudáfrica en 1994, Nelson Mandela tuvo claro que la consumación de su lucha requería la reconciliación de todo el pueblo sudafricano. Gobernaría para todos y con todos.

Empezó por convocar a sus carceleros como invitados de honor a su toma deposesión.

Luego reunió a los funcionarios y empleados de gobierno, que formaban parte de las administraciones que lo habían mantenido en la cárcel, les dijo que los necesitaba y les pidió que permanecieran en sus cargos.

Construcción de futuro a partir de la unidad nacional. En lugar de promover un apartheid en detrimento de la población blanca, lo que algunos esperaban y otros exigían, dio representación y acceso a todosy creó un marco legal de democracia multirracial.

Este legado de Mandela, válido para cualquier tiempo y lugar, lo debemos recordar.

Al ver la foto de Óscar Alberto y Valeria, muchos revivimos aquel vacío, aquella sensación de indignación y desamparo que sentimos frente a la imagen de Aylin Kurdi, el niño sirio de tres años que murió en su tránsito migrante en una playa turca en 2015.

En esencia, la tragedia es la misma: esta vez son salvadoreños, padre e hija, él de 25 años y ella casi de dos, abrazados sin vida en las aguas del río Bravo, en Tamaulipas. La foto es dura, pero necesaria. Porque ésa es la realidad y porque ocultarla o no querer verla es engañarse.

En tiempos de migración irregular intensa, cuando es fácil confundirse y terminar por condenarla, es indispensable recuperar la sensibilidad y la claridad respecto de lo que significa. Significa necesidad y esperanza, separación y sufrimiento, a veces éxito y a veces muerte. Ahora que el gobierno mexicano está conteniendo la migración, mayoritariamente centroamericana, es muy importante el cómo.

Desde luego, no como el presidente estadounidense Donald Trump, quien ve a los migrantes como objetos de desecho y lucro político. Quiere frenarlos y exhibir que los frena. Quiere que su caza vaya a dar a su sala de trofeos y luego a las urnas. Nada importa si hay ganancia electoral. México, por su parte, tiene otro espíritu y debe estar a la altura de su vocación solidaria, que puede materializarse así:

a) Pulcritud en sus acciones de verificación migratoria.

b) Respeto a los derechos humanos.

c) Provisión de seguridad y protección.

d) Asunción de responsabilidad sobre la integridad física y psicológica de los migrantes bajo su resguardo.

e) Ataque a los recursos de los traficantes de personas mediante inteligencia financiera y capacidad en la procuración de justicia.

f) Simultáneamente, seguir impulsando la agenda del desarrollo regional para sumar compromiso y esfuerzos internacionales a fin de atender las causas de la emigración en la zona: pobreza y violencia.

g) Salvaguardar y fortalecer su autoridad moral para defender a los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

Es fundamental tener presente que cuando los gobiernos estadounidenses, desde 1994 hasta ahora, han extremado la vigilancia en los puntos urbanos, se han producido dos grandes efectos negativos: 1) los migrantes han optado por rutas de alto riesgo, como ríos, montañas y desiertos, lo que ha causado la muerte de miles de personas a lo largo de 25 años; y 2) las tarifas de los traficantes se han incrementado, lo que ha atraído la atención y participación de poderosas bandas del crimen organizado.

Debemos estar atentos a que estas dos conocidas e indeseables consecuencias no se reediten en nuestras dos fronteras.

Sólo actuando de manera irreprochable en las actuales circunstancias, podremos ser positivos agentes de cambio en materia de migración y derechos humanos, y podremos servir a las causas de nuestros migrantes con fuerza y autoridad moral.

En 2006, antes de que empezara la lucha contra el narcotráfico, fue asesinado un policía federal. Y desde 2007 hasta mayo de 2018 murieron en servicio 419, la mayoría por homicidio y otros por accidentes, en tanto que casi mil resultaron heridos. Fifís, los llamó alguien recientemente.

En 2009, agentes que hacían labores de inteligencia, encubiertos en territorio de uno de los cárteles más sanguinarios, fueron privados de la libertad en Michoacán y días después sus cuerpos se localizaron con huellas de tortura. Eran 12 policías federales.

Como aquellos a los que alguien llamó fifís hace unos días.

El pasado 15 de junio, 625 agentes de la División de Fuerzas Federales y de la Gendarmería, de la Policía Federal, fueron enviados a Veracruz, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, Campeche, Coahuila, Sonora y Chihuahua para participar en retenes y operativos de vigilancia en las rutas de paso de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos.

A su llegada, algunos de ellos hicieron circular en redes sociales las pésimas condiciones de los lugares que les fueron asignados para pernoctar. Inmundicia, agua imposible y retretes destrozados.

Por estas fotos y videos, alguien los llamó fifís.

Esta vez se trata de pasar temporalmente de una corporación a una institución. Pero siempre se trata de ir de un lado a otro: dejar casa y familia para ir a procurar tranquilidad a la población allí donde haga falta. Puede que no pase nada. Puede que se pierda la vida. Que el vehículo se vuelque o que se sufra una emboscada. Puede que la muerte llegue en un instante o, como ha sido el caso de nueve elementos en los últimos seis años, que sean desaparecidos por las bandas delincuenciales. Y alguien los llamó recientemente fifís.

Los policías federales y en general los agentes del Estado que arriesgan su vida por la tranquilidad de todos merecen respaldo y, como todas las personas en su trabajo, condiciones dignas y adecuadas para el desempeño de su responsabilidad.

Y también merecen respeto. Denostarlos es injusto. Desdeñar su trabajo es un disparate. Regatearles condiciones físicas básicas es irresponsable. Descuidar la elección de sus lugares de estadía no sólo es desprecio, es también ponerlos en situación de vulnerabilidad frente a la delincuencia.

Mención aparte hay que hacer de aquellos malos elementos que abusen y cometan delitos, en cuyo caso deben ser sancionados conforme a la ley. Pero, en general, si algunos de entre nosotros desempeñan funciones de seguridad para protegernos a todos, lo menos que podemos hacer es brindarles los espacios que requieren en los lugares en los que les pedimos que estén ahora o mañana o dentro de seis meses.

Como ciudadano, me resulta un despropósito escamotearle estas condiciones mínimas de decoro a quien incluso puede perder la vida por mí o mi familia.

Y esta afirmación es válida respecto de militares, marinos, pilotos, policías federales, ministeriales, estatales y municipales. Sumados, son alrededor de dos mil los elementos que han perdido la vida en los recientes 12 años, miles los que viven con las secuelas físicas y mentales de la violencia, y miles las familias enlutadas o angustiadas que tuvieron o tienen a uno de sus integrantes en las Fuerzas Armadas o en corporaciones policiales.

Se entiende que han asumido los riesgos de su trabajo, que tienen las condiciones físicas y la disposición mental para desempeñarlo, y que conocen las adversidades a las que deben enfrentarse. Con ello aportan más de lo que la mayoría de nosotros estaría dispuesto a hacer. Nos corresponde, entonces, apoyarlos, exigir para ellos condiciones dignas en sus estadías e impedir que alguna autoridad intente denigrarlos con adjetivos fuera de razón.

El comisionado que debería ser el primero en respaldarlos y buscar para ellos condiciones apropiadas, quien debería alentarlos y darles certeza, ha comenzado por agraviarlos. Ahora se preguntará, y nos preguntamos todos, cómo tendrá autoridad para dirigirlos.

Los mexicanos sabemos del sufrimiento de la migración indocumentada por nuestra propia experiencia como pueblo y porque conocemos el dolor que padecen los migrantes centroamericanos, del que incluso hemos sido parte responsable.

Durante 60 años, millones de mexicanos salieron hacia Estados Unidos, cada vez en mayor número y cada vez con mayores adversidades. Los muros que empezaron a construirse en los 90 orillaron a nuestros migrantes a buscar nuevas rutas en zonas de alto riesgo, lo que llevó a dos décadas de muerte diaria en la frontera por ahogamiento, hipotermia y deshidratación, además de otros padecimientos como el rechazo, la exclusión, la discriminación, a cambio de trabajo y de la satisfacción de enviar dinero a casa.

Sabemos de muros, de agentes fronterizos, de tecnología de contención, de maltrato, de luto y de esperanza. De eso nadie nos cuenta porque en cada familia, en su concepto más amplio, hay un migrante. Asimismo, fuimos testigos del incremento de la transmigración centroamericana hasta llegar, en 2005, a 200 mil migrantes asegurados (así se decía antes) por el Instituto Nacional de Migración, y no fueron más porque el huracán Stan reventó la infraestructura ferroviaria en Tapachula.

Este desplante de la naturaleza retó pero no frenó a los caminantes, que padecieron en México todo tipo de abusos y delitos, sintetizados en la masacre de 72 migrantes en 2010.

Tardamos años, pero finalmente nos sensi-bilizamos de la tragedia migrante en México yalgo aprendimos de derechos humanos en lalucha por conseguir que se les tratara con dignidad. Hoy, cuando los flujos migratorios de mexicanos hacia EU han disminuido y en medio de una crisis migratoria, exijamos a la memoria que no nos deje olvidar el sufrimiento de los nuestros ni de los centroamericanos, que de alguna manera son también de nosotros.

Cada quien tendrá su opinión respecto de la migración, pero podemos estar de acuerdo con ciertas premisas y principios que pueden orientarnos ahora:

Honduras, El Salvador y Guatemala se encuentran en una grave situación económica y de inseguridad, ser migrante no es delito; los derechos humanos de las personas están por encima de su situación migratoria; la migración se resolverá cuando se atiendan sus causas más profundas y no cuando se criminalice; en su solución debemos participar todos los países de la región con el apoyo de los organismos internacionales. Si partimos de estos principios, al margen de nuestras dudas, miedos, convicciones e ideas, podremos sortear mejor la crisis actual, tan llena de riesgos y desafíos.

Hace ya 15 años que empezamos a hablar de la necesidad de la colaboración para el desarrollo regional. De haber comenzado, otro sería el panorama. De poco sirve lamentarlo, pero es útil para asumir que, si empezamos hoy, algún día nuestra región tendrá mejores horizontes.

Cortesía de EL HERALDO DE MÉXICO

Para Donald Trump, el juego se llama reelección. La semana pasada apostó por la amenaza, uno de sus recursos favoritos.

La advertencia consiste en dos puntos, uno condicionado por el otro: si México no frena la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos, impondrá aranceles progresivos a nuestros productos a partir del 10 de junio.

Después, agregó que los aranceles también son para frenar la droga. Y luego que harán que las empresas automotrices estadounidenses asentadas en México regresen a su país.

Un poco de todo y con el más descarado desdén por el TLC, que sigue vigente, y por la Organización Mundial de Comercio. Y además en medio del proceso que se desarrolla en México, Canadá y Estados Unidos para la aprobación del nuevo tratado trilateral.

La obsesión de Trump por el discurso de 280 caracteres y por vivir al día le impiden ver más allá y preguntarse serenamente cómo puede resolverse de fondo la migración en la región. México debe hacer su tarea. ¿Cuál? La que él pretende imponerle. Nuestro país detuvo a 75 mil migrantes en los primeros cuatro meses de este año y, según los datos del gobierno estadounidense, ellos detuvieron a 400 mil en el mismo periodo. De ese tamaño es el flujo migratorio. Y México debe frenarlo para ahorrarle la molestia al señor Trump.

La actual magnitud de la migración requiere que todos los países de la región trabajen de manera conjunta, como lo propone el gobierno mexicano, atendiendo las causas estructurales de la migración.

Eso es demasiado complejo para Trump, le quita espectacularidad a su actuación y lo obliga a pensar. Por eso sostiene que se trata de arrestos y ya. Uno por uno y 100 mil cada mes. Y que los haga México. Para eso somos sus vecinos y, además, al parecer nuestra única razón de ser es servir de muro en su frontera sur.

Ni los empresarios, trabajadores y consumidores estadounidenses, ni los gobernadores de Texas y Nuevo México, ni los legisladores demócratas están de acuerdo con la medida arancelaria. Saben que afectaría al comercio enormemente, incrementaría los precios a los consumidores y pondría en riesgo dos millones de empleos en América del Norte, esto último, según la Asociación Nacional de Fabricantes de EU.

La Unión Americana compra a México 346 mil millones de dólares (2018), por lo que un arancel de cinco por ciento implicaría que los consumidores de allá desembolsaran 17 mil millones más, ya no se diga cuando, supuestamente, los aranceles se incrementen a 25 por ciento en octubre.

En el desorden creado por Trump caben represalias comerciales, pretensiones imperiales, violación de acuerdos, afectaciones económicas, tensiones políticas. Y por nada. Porque el gran pretexto, la migración, no se resolverá así.

Es un despropósito, decimos todos. Ingenuos, pensará Trump: es una campaña.

Cortesía de EL UNIVERSAL

Dos hechos recientes y casi simultáneos replantearon la magnitud y el talante de la violencia en México y específicamente del arrogante desafío de los cárteles que operan en el estado de Michoacán.

El primero, el alarde del cártel que con más de 20 vehículos rotulados con sus iniciales y un centenar de sus integrantes, hace una especie de toma simbólica, desafiante y sangrienta de la ciudad de Zamora.

El otro hecho es la retención, el desarme y el agravio a un grupo de militares, a quienes sus captores ordenan a gritos que el Ejército les regrese las armas que acaba de incautarles. El intercambio se consuma horas después: se libera a los soldados, y quienes se hacen llamar pueblo tienen otra vez sus armas de alto poder.

Los propios provocadores difunden videos en los que, con la certeza de quien se sabe impune, derrochan prepotencia al vejar a integrantes del Ejército Mexicano.

Cuidado: si no respaldamos de manera expresa y consistente a quienes nos defienden de la inseguridad y la violencia a costa de su propia vida, los estaremos enviando a su misión debilitados, vulnerables y, aunque armados, indefensos.

Desde hace años, miles de militares recorren gran parte del territorio nacional patrullando calles, plazas, selvas, parajes, cañadas, sitios en los que siempre acecha una posible emboscada. Así y en otras circunstancias han fallecido cientos de elementos del Ejército, la Marina y otras corporaciones.

Creciente la violencia, crece también el retorcimiento para retar al Estado mexicano. Es el caso de otro tipo de emboscada: pobladores, entre los que hay mujeres, niñas, niños, ancianos, cierran el paso a una unidad militar y retienen a sus integrantes, los desarman, los someten.

Ante estos hechos, cabe destacar que el nuestro no es un ejército repudiado por la población; por el contrario, después de una década de defender a la sociedad, y a pesar de los errores que han cometido algunos de sus efectivos, es, con la Marina, la institución que alcanza las más altas calificaciones de confiabilidad en las encuestas.

Pero en los absurdos que la violencia genera, cada vez es más habitual la agresión a militares. Y dentro de los millones que nos beneficiamos de sus acciones, a pocos importa.

Es inaceptable que cuando delincuentes atacan a soldados casi nadie se indigne, como si el criminal, por serlo, contara con licencia para vejar, robar y maltratar; al fin los malos se comportan como tales.

En esa lógica, si se humilla o asesina a agentes del estado, apenas hay quienes los acompañan en su afrenta o luto. Pocas, muy pocas son las voces que los respaldan.

Envalentonados, los grupos delincuenciales han pasado a una ofensiva que vulnera a las armas nacionales y nos ofende todos, y que consiste en la captura y agravio a militares. Los criminales se vanaglorian de su deleznable actitud, el soldado soporta el insulto y todos los demás callamos.

Los militares, marinos y todo agente del Estado que pone en riesgo su vida para defendernos merece nuestra gratitud y nuestro respaldo explícito.

Hoy tenemos la Guardia Nacional y de ella esperamos, nada menos, que nos devuelva la paz. Y pronto. Ojalá que a sus integrantes les demos la autoridad y el respaldo que hemos escamoteado al Ejército.

En ningún caso los agentes del Estado deben ser víctimas del abandono social ni de los abusos y los crímenes de los delincuentes. También para ellos es el Estado de derecho.

Cortesía de EL UNIVERSAL

Tantas veces hemos tenido alarmas ambientales que incluso ya hemos hecho un protocolo de facto, cuyo guion seguimos con resignación y hasta con aceptable armonía:

Cuando la crisis asoma, primero lo negamos: no es para tanto. Después aceptamos que sí, y nos espantamos. Escondidos bajo techo, como si casas y oficinas fueran herméticas, respiramos con cuidado.

Entonces mudamos del susto al enojo. Y del enojo a la culpa, es decir, a culpar a otros, especialmente al gobierno, que a su vez culpa a otros gobiernos.

Cuando pasa el susto, esto es, cuando se reducen los índices extremos, aunque sigan siendo altos, como ya no se nos imponen restricciones pensamos que ya todo está bien y nos despreocupamos. El último paso de este protocolo costumbrista es olvidar lo sucedido.

En el periodo de tregua seguimos contaminando y respirando contaminación con admirable naturalidad… hasta que asoma una nueva crisis.

Con la contingencia, repetimos el ritual en el que participamos con asombro y miedo.

Así hemos vivido desde la segunda mitad de los 80, cuando grupos de ecologistas promovieron “Un día sin auto”, antecedente voluntario de lo que sería el Hoy No Circula, medida que en un principio fue sólo para la temporada invernal y que a partir de 1990 fue permanente.

Cuando nos dimos cuenta de que respirábamos raro, empezamos a hablar raro: de pronto todos hablábamos de inversión térmica, contingencia ambiental, Imecas, ozono, plomo, partículas suspendidas, verificaciones, hologramas, suspensión de clases, léxico que se ha ido enriqueciendo cada vez más: altas temperaturas, incendios, anticiclones, crisis extraordinaria, concentración de contaminantes, ojos llorosos, irritación de garganta, padecimientos respiratorios, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las recién estrenadas, al menos en el habla popular, PM 2.5. Más allá de síntomas, la contaminación ha traído consigo, fatalmente, estadísticas de muerte por su causa.

Se han cumplido 30 años de esta batalla cíclica. Entre avances y retrocesos, el saldo es negativo. Es sencillo: la contaminación sigue rebasándonos. Al parecer, somos más eficientes contaminando que defendiéndonos de la contaminación.

Podemos buscar culpables, pero la intención no es hacer un ejercicio de culpas, sino de responsabilidad. De nuestros actuales desafíos, la contaminación es uno en cuya solución podemos participar todos, así como todos hemos contribuido a su gestación y desarrollo.

Dejemos de generar desechos no biodegradables, de ir a todas partes en auto, de quemar al aire libre, de tirar basura en la calle, de derribar árboles, de ensuciar mares y ríos, de instalar y operar fábricas contaminantes…

Es una elección, que cada vez deja menos opciones: o somos parte de los agentes contaminadores o asumimos nuestra responsabilidad y empezamos por dejar de serlo.

Cortesía de EL HERALDO DE MÉXICO

Hace 26 años, la Asamblea General de la ONU declaró el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, lo que trae consigo la oportunidad de celebrarla y la ocasión de defenderla, de evaluar su situación y de honrar a los profesionales de la información que han sido asesinados por cumplir su responsabilidad.

Tenemos motivo para celebrarla, porque es un activo de las sociedades democráticas, una condición de la convivencia fructífera y un vínculo entre las comunidades, sus gobiernos, sus desafíos y esperanzas.

Infortunadamente también tenemos pérdidas humanas que lamentar y, por lo tanto, motivos para reflexionar sobre qué podemos hacer para fortalecerla.

De acuerdo con la ONU, en 2018 fueron privados de la vida 99 periodistas en el mundo, en tanto que organismos internacionales calculan que alrededor de 300 están ahora en prisión.

En México, en lo que va del año, han sido asesinados ocho periodistas y ya contamos, lamentablemente, con más de 120 víctimas en lo que va de este siglo.

La libertad de prensa nos atañe a todos porque de su vigencia todos nos beneficiamos, así como de su ausencia, en su caso, todos resultaríamos damnificados.

Cada voz de respaldo a esta libertad es una protección a su ejercicio y, consecuentemente, un amparo al derecho a la información.

La libertad de prensa es condición para el ejercicio de otras libertades, al contribuir a la dinámica de la pluralidad, que es el germen de la riqueza de pensamiento, de la diversidad de opiniones, y de la generación de múltiples ideas y propuestas para enfrentar nuestros desafíos comunes y avanzar en nuestras aspiraciones colectivas.

La coincidencia absoluta es tan imposible como indeseable. Sólo la variedad y abundancia de posturas, así como de puntos de vista y fuentes de información y de opinión, hacen que las sociedades tomen, rectifiquen y depuren sus decisiones.

Para la democracia, la libertad de prensa y, más allá, la libertad de expresión es indispensable. Esta libertad implica también la libertad de disentir de la opinión de otros. Siempre será preferible la difusión de ideas divergentes e incluso encontradas que reducir su diversidad a un único pensamiento.

Honremos a los periodistas que han sido víctimas de la intolerancia y la violencia. Entre otras, una forma fundamental de hacerlo es fortalecer las garantías a la libertad de expresión y desalentar, mediante el imperio del derecho y la justicia, las agresiones a la libertad de prensa y a quienes la ejercen.

Cortesía de EL HERALDO DE MÉXICO

Ser nadie para nadie es el título de un documental realizado por Gabriel Dombek, y patrocinado por la ONU, sobre la violencia que impera en Guerrero, a partir de testimonios de ex sicarios, ex policías y policías en activo, así como por académicos y profesionales de ciencias sociales y servidores públicos.

Ser nadie para nadie es la experiencia de un número indeterminado de niñas, niños y adolescentes que no gozan ni ejercen ningún derecho, que viven en un entorno de maltrato y violencia y que son acechados por quienes los saben vulnerables y reclutados por bandas y cárteles.

Ser nadie para nadie es, en muchos casos, el origen de sicarios menores de edad, quienes, como resultado último de una decisión tomada por aquellos se adueñan de su vida, suelen terminar asesinados o en la cárcel.

Ser nadie para nadie es ser detenido y torturado por autoridades irresponsables, lo que los adolescentes suelen interpretar como “la lección que nos da la ley”.

Ser nadie para nadie es llegar a prisión o a las instancias de detención juvenil y salir después de meses o años y no encontrar un adulto que repare la profunda destrucción interna ni a alguien que se comprometa con su protección y desarrollo. Ser nadie para nadie es también retornar a la cárcel por delitos más graves. Ser nadie para nadie es tener a algún familiar en prisión y pagar todo tipo de extorsiones para que se cumpla la normalizada sentencia de que la cárcel es fábrica de dinero y escuela del crimen.

Ser nadie para nadie es extender la mirada y encontrarse con que a la primera indefensión siguen la soledad, el delito como vía de sobrevivencia y la violencia el destino.

Ser nadie para nadie es aceptar el homicidio como trabajo y la brutalidad como obligación y prestigio: “Desde que levantamos a la persona, en dos minutos la destrozamos. Nos dicen los carniceros”.

Ser nadie para nadie desgrana historias contadas por sus protagonistas con una frialdad que hiela y con una resignación de fatalidad, todo lo cual nos hace preguntarnos sobre nuestra responsabilidad en estas tragedias y en la violencia que sacude al país.

El documental retrata lo que ocurre en Guerrero, pero sabemos que sucede en gran parte del país. Entre otras de sus lecciones, destaca el maltrato y la desatención que padecen muchos niños, niñas y adolescentes en México, que desde su temprana edad y después en su vida adulta se convierten en víctimas y victimarios de una sociedad que los abandonó en las esenciales etapas de su formación. El gobierno federal y las instancias del Estado deben apurar el paso porque estamos frente a un deterioro de urgente atención integral.

Todos tenemos mucho por hacer respecto de nuestra niñez y juventud. Por los que ya se encuentran atrapados por el crimen y por los que pueden llegar a ese inaceptable estado de sometimiento.

Cortesía de EL HERALDO DE MÉXICO

De acuerdo con información de El País, el caraqueño Callejón de los Brujos es un hervidero de enfermos que buscan tratamiento de curanderos con la esperanza de aliviar las dolencias que no puede atender el desplomado sistema de salud venezolano.

Además de un poco de consuelo, bálsamo para la desesperación, en Venezuela hay que buscar agua, alimentos, trabajo, y un dinero que se reduce a cada instante frente a la avasalladora inflación: la estimación para enero ronda 3 mil por ciento, y el futuro inmediato es desolador: 10 millones por ciento al finalizar este año, según el FMI.

Ante la carencia de agua, hay que salir a buscarla. Algunos la toman, espesa y oscura, del río Guaire, y otros en arroyuelos, cunetas, tuberías rotas y charcos. Agua portadora de agentes biológicos y químicos, bacterias, virus y parásitos. El suministro de agua requiere sistemas que hoy están paralizados: 80 por ciento de las plantas termoeléctricas y la mitad de las hidroeléctricas no están funcionando, y las de tratamiento de aguas no operan.

La infraestructura ha padecido un largo proceso de deterioro y gran parte de ella está constituida por plantas chatarra, compradas a “gobiernos amigos”. Sobra corrupción y falta mantenimiento, inversión, combustible y personal.

El gobierno se excusa afirmando que las fallas eléctricas son producto de un ataque “cibernético electromagnético” por parte del imperio. Sin electricidad ni agua, aumentan las enfermedades infecciosas y virales, y la mortalidad infantil y materna; en los hospitales falta higiene, medicamentos y equipo.

La Federación Farmacéutica informa que se carece de 80 por ciento de los medicamentos en general y de 90 por ciento para enfermedades como cáncer, VIH y hemofilia.

La Coalición por los Derechos a la Salud y la Vida reporta que cada año hay 5 mil 660 diagnósticos de cáncer de mama y que, como no hay quimioterapia, diariamente mueren seis personas por esta causa. Los enfermos de hemofilia no cuentan con factores de coagulación desde hace varios años.

Para acceder al programa gubernamental 0800 Salud Ya, hay que tener Carnet de la Patria. “Me tuve que hacer chavista”, dice la gente. Y sin diferencia, porque de todos modos no hay medicinas. La OMS ofreció medicamentos económicos subsidiados del Fondo Estratégico de Medicinas para situaciones de emergencia, pero la ayuda fue rechazada por el gobierno “porque no hay crisis sanitaria”.

El oficialismo dice que los medios exageran. Tal vez por ello grandes cantidades de personas acuden a la Casa de Sanación Espiritual en el Callejón de Santa Eduviges o al Callejón de los Brujos en Caracas.

Pinceladas, apenas, de una crisis humanitaria creada en un país que no ha sido tradicionalmente pobre y que hoy lo es abismalmente como resultado de un gobierno populista y autoritario que ahora, arrinconado, pide un diálogo que antes sólo concedía a un pajarito.

Cortesía de EL HERALDO DE MÉXICO

Trump es Trump y la reelección es la reelección, así es que resulta impensable esperar que cambie de actitud y de discurso.

Al tiempo que lo oímos lamentar y condenar los flujos migratorios, puede suponerse que los celebra porque le dan motivo para usar sus palabras favoritas de campaña: migración, amenaza, invasión, delincuentes, seguridad, muro, maldita frontera, emergencia nacional, salvación del país. En ese discurso se siente cómodo y aplaudido por sus bases.

Pero imaginemos que realmente el mandatario estodounidense quiere resolver lo que implica la migración desde los países de Centroamérica. ¿Cuál es su idea de solución?

Para Trump, sólo hay una solución: detener. Lo tiene tan claro que hasta sabe quiénes deben hacerlo: los mexicanos. Nosotros debemos detener a los migrantes. A todos. Es nuestra obligación. Así México sería un maravilloso país y su primer mandatario un presidente maravilloso (su adjetivo favorito cuando está contento). Su simplificación lo lleva a reducir: detener a los migrantes y se acabó.

Pero esta solución no sólo es superficial e insuficiente sino también imposible. Nunca nadie ha podido detener la migración, que en decenas de miles de años siempre ha estado en el mapa de las decisiones humanas. No podemos evitar la migración. Lo que hay que hacer es despojarla de su carácter de indispensable o solución desesperada, es decir, lograr que para toda persona la migración sea una opción, no un fatal destino.

Al parecer al presidente de la Unión Americana le cuesta entenderlo porque, por estrategia, convicción o conveniencia, parte de tres premisas que le resultan inamovibles: la inmigración es invasión, los migrantes son delincuentes, lo extranjero es indeseable.

Estos prejuicios le generan amplios puntos ciegos, aquello que no está dispuesto a ver aunque le pase frente a los ojos, por ejemplo lo que sucede en Centroamérica, donde la pobreza y la violencia orillan a miles de personas a desplazarse a Estados Unidos con la esperanza, a prueba de los mayores obstáculos, de quedarse allá de alguna forma.

De poner atención, sabría que el mejor muro no es de hormigón ni de acero sino de estrategia y buena fe, esto es, armonizar la cooperación para el desarrollo regional y convertirlo en una fuente de oportunidades económicas, laborales y sociales.

Esta ceguera voluntaria de no ver ni comprometerse con las causas de la migración impedirá atenderla de manera adecuada. Porque para hacerlo se requiere conciencia humanitaria, solidaridad y asumir que la región importa. Y si estos principios no se consideran relevantes, cabe recordar que la Unión Americana ha gastado decenas de miles de millones de dólares para contener la migración sin lograrlo.

Contribuir de alguna forma a que los países con gran pobreza y con altos índices de violencia salgan de ese estado de incertidumbre e inseguridad es una solución de largo plazo que requiere acuerdos y esfuerzo. Nadie está legalmente obligado a ello, pero es lo que procede.

Si en el pasado han podido diseñarse planes para reconstruir naciones luego de guerras, con mayor probabilidad de éxito pueden acordarse para mitigar pobreza e inseguridad, sin que ello implique que sea fácil.

Estados Unidos, se ha dicho, no ayuda a los países porque sí. Siempre que lo hace tiene un interés. Pues entonces es el caso.

Imposible saber si ocurrirá en un futuro próximo o cercano, pero sucederá, porque la otra opción será siempre detener, contener, arrestar y perseguir a los migrantes. Historia sin fin, que además lleva consigo un sufrimiento extremo, muerte en el camino, y rechazo y marginación en el país de llegada.

Si todo lo que se logra empieza siempre con una idea y sigue con la voluntad, habrá que seguir insistiendo. No podemos renunciar a la única solución de fondo: reducir la necesidad extrema de emigrar como única forma de sobrevivencia.

La cooperación para el desarrollo puede ser hoy una utopía, pero o empezamos a avanzar para alcanzarla o seguiremos repitiendo la historia de dolor e injusticia que ha sido y es hoy el camino del migrante.

Cortesía de EL UNIVERSAL

“Ellos somos nosotros. Nosotros somos ellos”
Jacinda Ardern, Primera ministra de Nueva Zelanda

El hombre que realizó el ataque a dos mezquitas en Nueva Zelanda se convirtió en multihomicida a los ojos de cientos de miles porque así lo decidió. No le bastaba la barbarie, impulsada por su fanatismo xenófobo supremacista. Quería el testimonio en movimiento para enaltecer su ego y causar miedo. Aspiraba a la equivocada gloria que sólo la tecnología y las redes podían darle.

Proliferan en el mundo estos alardes en videos, con la violencia como protagonista y los verdugos como sus súbditos. Sucede también en México. Bandas delincuenciales, exhibicionistas de la violencia, ostentan sus amenazas o su crueldad para amedrentar a sus rivales y atemorizar a las poblaciones.

Sus intenciones tienen eco porque hay quienes, horrorizados o entusiasmados, abrumados o inconscientes, se precipitan a difundir la atrocidad sin responsabilidad.

El asesino de Nueva Zelanda contaba con ello. Facebook informó que en las 24 horas posteriores al atentado bajó 1.5 millones de reproducciones del video, logró detener un 1.2 millones y removió 300 mil cuando ya circulaban en las redes.

El supremacista que agrede, el terrorista que estalla en medio de una multitud, los sicarios que asesinan en lugares concurridos, quieren causar temor e incertidumbre. Son los productores del espectáculo del miedo. Matan a unos y aterrorizan a todos. Así, millones ven lo que probablemente jamás padecerán, pero altera las fibras de su tranquilidad.

Hay quienes creen que no es que haya ahora más violencia en el mundo, sino que ahora nos enteramos más, y más rápido, de lo que pasa. El exhibicionismo de algunos asesinos hace pertinente la tesis opuesta: ¿no será que hay más violencia precisamente porque hay más difusión? ¿Alienta ésta a mentes propicias que aspiran a esos dos minutos de notoriedad y a la fácil y malhadada promoción de sus causas?

Ni las tesis supremacistas que conducen al desprecio del otro, ni el terrorismo que pretende imponer miedo, ni las exhibiciones delincuenciales de crueldad y fuego deben encontrar espacios en nuestras redes ni en nuestro ánimo.

Apunta Yuval Noah Harari: los terroristas (y los asesinos supremacistas) montan un espectáculo aterrador que se apodera de nuestra imaginación y la vuelve contra nosotros. ¿Podemos hacer algo? En tanto recuperamos la paz, iniciemos por no contribuir a la difusión de la barbarie y liberar a nuestra imaginación del cautiverio al que pretenden someternos los vasallos de la violencia.

Cortesía de EL HERALDO DE MÉXICO

Cien días equivalen a 4.5 por ciento de un periodo presidencial, y sin embargo, suelen ser tomados como indicadores o presagios, alerta de lo que vendrá o sustento de optimismo. Así sucede ahora con el primer centenar de jornadas de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Algunos creen ver en este cristal la totalidad del sexenio, ya sea para encender alarmas o para repicar campanas. Nadie osaría establecer el resultado de un encuentro deportivo después de ver los primeros tres minutos. Pero en política solemos ejercer con mayor audacia nuestra capacidad adivinatoria.

Aunque es un ejercicio legítimo, la validez del análisis no supone la posibilidad de asegurar lo que ocurrirá en el país y en el mundo. Nadie imaginó que después de que en sus primeros días de gobierno, José López Portillo afirmara que el problema de México sería “aprender a administrar la abundancia”, su sexenio concluiría con las arcas vacías, a tal punto que la mayor promesa del presidente entrante, Miguel de la Madrid, fue que no permitiría que el país se nos deshiciera en las manos. No se deshizo, en efecto, pero tuvimos que sobrevivir a seis años en los que el promedio de crecimiento anual fue de 0.3 por ciento. Nadie previó tampoco que después de firmado el TLCAN y con la imagen de la entrada de México al primer mundo, habría levantamiento armado en Chiapas y se produciría el asesinato del candidato del PRI a la Presidencia.

¿Y quién, al comenzar el sexenio de Zedillo, adelantaría que seis años después entregaría la Presidencia a la oposición?

El propio Vicente Fox, en cuyos primeros 12 meses de gobierno acaeció el insólito ataque a las Torres Gemelas, no imaginaba, a un año de la siguiente elección presidencial, que el candidato del PAN sería Felipe Calderón, que no era su opción.

¿Y quién podría haber predicho que el emblema del gobierno calderonista sería la lucha contra el narco, que sobrevendría una enorme crisis financiera en el mundo en 2008, que de 9 mil homicidios en 2007 se pasaría a 25 mil en 2012, y que la banda presidencial retornaría a un candidato priista?

Enrique Peña Nieto logró el consenso para impulsar las llamadas reformas estructurales, acentuó la crisis de inseguridad y violencia, aumentó la proporción de deuda externa 42 por ciento del PIB y entregó la Presidencia al candidato de un partido nuevo, que ganó con 30 millones de votos. Y no hubo clarividente que lo previera en los primeros meses de su administración.

Puede pensarse que los primeros 100 días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador nos han dicho mucho o poco, pero es claro que no nos lo han dicho todo. Sus desafíos son enormes, grande el respaldo ciudadano, intensa la controversia, notorio el escepticismo e inusitada la esperanza.

Tenemos, todos, 2 mil 30 días más para construir un mejor país en los siguientes casi seis años.

Cortesía de EL HERALDO DE MÉXICO

En el contexto de violencia que padece el país, continuamente se difunden las estadísticas de la muerte, la desaparición de personas, los secuestros, lo que constituye una gravísima síntesis de una sociedad adolorida.

Pero hay otras víctimas menos visibles y más numerosas: durante 2018 llegaron a urgencias de todos los hospitales, clínicas y centros de salud 47 mil 542 personas heridas por cuchillo o arma de fuego.

La cifra, cuya fuente es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, ha venido en ascenso: en 2014 fueron 30 mil 410 las víctimas de este tipo de agresiones. En cuatro años, el incremento es de 55 por ciento.

Así, además del promedio diario de 90 personas asesinadas, al menos cada día del año pasado fueron heridas con arma de fuego o punzocortante 130 personas. Algunas habrán fallecido, pero son, en su mayoría, los sobrevivientes de la violencia.

La suma de agresiones fatales y no fatales asciende a 220 al día. En 12 años, según las estadísticas, la dinámica de la violencia ha normalizado la gravedad y la magnitud de la tragedia.

Y no sólo es la normalización que genera una actitud de resignación o apatía frente a la violencia sino, más grave aún, la normalización que se advierte en la creciente tendencia a resolver incluso diferencias cotidianas de manera violenta.

Los medios informan recurrentemente de balaceras o agresiones suscitadas por incidentes de tránsito, discusiones en un restaurante o altercados en un bar; situaciones que se podrían resolver mediante el diálogo y a veces se dirimían a golpes, hoy culminan en agresiones graves.

En un entorno enrarecido por la violencia y en el que es frecuente que se recurra al fácil expediente de que tal homicidio o balacera se debió a ajustes entre bandas, parece abrirse un espacio de permisividad para resolver disputas, discusiones y hasta problemas familiares mediante el recurso inadmisible del ataque directo o el encargo homicida.

Por ello, más allá del proceso legislativo en torno a la Guardia Nacional, es absolutamente indispensable que las autoridades estatales y municipales asuman su responsabilidad en la recuperación de la seguridad pública. Y que, además de las funciones preventivas o de vigilancia, se ponga énfasis en restañar el sistema de justicia, lo que implica la renovación de capacidades y actitudes en las agencias del Ministerio Público y en los tribunales.

Es indispensable impedir la percepción de que puede ejercerse impunemente la violencia y que sus métodos son recurso implícitamente consentido.

Llama la atención encontrar los datos de heridos por cuchillo o bala en los boletines de un sistema que concentra datos de enfermedades transmisibles y otros problemas de salud pública.

Pero ni es raro ni está fuera de lugar porque es en los centros de salud donde pueden registrarse estos datos y porque la violencia suele comportarse como una cruenta epidemia.

Cortesía de EL HERALDO DE MÉXICO

Una mujer joven da su testimonio: quienes la han privado de la libertad en las inmediaciones de una estación del Metro de la Ciudad de México, y están por convertirse en sus raptores, descubren que tiene una cicatriz de cesárea y uno de ellos dice: “Así ya no nos sirve”. Y entonces la dejan ir, después de zaherirla con insultos y amenazas.

A Daniel Blancas, reportero del diario La Crónica, que realizaba un trabajo periodístico en el estado de Hidalgo, un desconocido del que depende literalmente en ese momento la vida del periodista le dice: “Voy a darte otra oportunidad”. Y Daniel, en la indefensión y el extremo del terror, increíblemente recupera vida y libertad luego de dos horas de estar a merced de quienes se proclaman “los que mandan” en la región.

Por fortuna, estas dos personas han podido contar la pesadilla en la que se vieron inmersos sólo porque alguien decidió que serían víctimas de abuso, de secuestro, de escarmiento o de quién sabe qué atrocidad.

La joven representa a las mujeres que han sufrido agresiones o intento de secuestro en el Metro, lo que ha motivado un movimiento social de alerta para frenar la violencia de género en la capital del país. La libertad y la vida amenazadas por el hecho de ser mujer.

El periodista representa a los cientos de informadores que han sido víctimas de amenazas, agresiones, desapariciones y homicidios por lo que investigaban, lo que habían descubierto o habían publicado. La libertad y la vida amenazadas por el hecho de ser periodista.

En los últimos años miles de personas han sido desaparecidas o asesinadas simplemente por ser niñas, niños, adolescentes, mujeres, agentes del orden, políticos, activistas, empresarios, migrantes, otros por formar parte de bandas criminales y algunos más por confusión o desafortunada coincidencia.

A la vuelta de 12 años, el Gobierno Federal encuentra un saldo de imposible esclarecimiento: 40 mil personas reportadas como desaparecidas y 26 mil cuerpos sin identificar, hallados en mil 100 fosas clandestinas.

El plan de búsqueda de personas desaparecidas, que ha dado a conocer el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, implica una tarea tan necesaria como enorme y compleja. No puede abandonarse y quizá no pueda cumplirse.

Cada caso resuelto, sin embargo, significará una indispensable reivindicación de los derechos de las víctimas directas y de sus familiares.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, entregó al Senado la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, entre cuyos ocho puntos torales se encuentra la pacificación del país.

Ambos, la búsqueda de desaparecidos y la pacificación, son caminos sinuosos, pero es mejor ponerse en marcha que esperar el improbable descenso inercial de la violencia y que dejar al olvido tanta ausencia y dolor inextinguibles en tantas familias y comunidades.

Cortesía de EL HERALDO DE MÉXICO

La generalizada solidaridad de los mexicanos ante las tragedias, tan arraigada en nuestra cultura y en nuestro orgullo, se evaporó ante la explosión que causó casi un centenar de muertos y 50 heridos en Tlahuelilpan, Hidalgo.

Hubo voces de condolencia y de duelo, pero fueron proporcionalmente pocas. Imperó la diatriba condenatoria, cuyos términos no tiene sentido reproducir, pero que revelan una gran carga de inquina hacia las víctimas.

Repentinamente erigidos en inquisidores, fueron muchos los mexicanos que expresaron su animadversión por las personas afectadas e incluso celebraron la tragedia.

En síntesis, y eludiendo el lenguaje soez y sórdido de quienes festejaron en redes, se trataba de un justo castigo, de una consecuencia natural y hasta necesaria: si alguien roba gasolina, que arda con ella.

Si bien en internet es frecuente el insulto, la calumnia, la acusación ligera, después de la tragedia llamaron la atención las reprimendas justicieras y el evidente tono superior del inmaculado en contra del presunto infractor.

Fue más notorio aún porque no se trataba de un debate o de un intercambio de acusaciones o vituperios, como suele ocurrir en internet, sino de una imputación a personas que habían perdido la vida, de un juicio sumario a ellas y a sus familias e incluso al conjunto de la población.

En todo tiempo, la unión, la solidaridad y la compasión son valores de cohesión y fortaleza de una sociedad, y son más importantes aún en momentos difíciles, como es el caso de nuestro país en materia de seguridad y, especialmente, luego de una tragedia.

Así como una familia se ve sacudida por la muerte repentina de uno de sus integrantes, una comunidad se hunde en el dolor y el desconcierto ante la pérdida de docenas de sus miembros.

El drama lo abarca todo y crea una atmósfera de privación comunitaria difícil de asimilar y superar.

Es el momento de la comprensión y el respaldo social, pero luego de la tragedia de Hidalgo fueron muchos los que asumieron el rol de juzgadores espontáneos.

Reflexionar sobre ello no implica erigirse en juez oficioso de los jueces oficiosos, sino ponernos frente a la imagen lamentable que nos arroja este espejo.

¿Somos esta imagen de ruptura, de escarnio, de tétrica celebración por el dolor de otros? ¿A dónde podría conducirnos esta actitud si se reiterara y se extendiera a más ámbitos de nuestra relación?

Tenemos todas y todos una enorme responsabilidad: convocar y dar presencia, con hechos y palabras, a la unión, al sentido de comunidad plural, sin divisionismos, sin la segmentación artificial que alienta la confrontación de unos contra otros.

En territorio polarizado, el odio es combustible.

Cortesía de EL HERALDO DE MÉXICO

Estamos por llegar a 12 años de la llamada lucha contra el crimen organizado. Muchos son los saldos; la mayor parte de ellos amargos y, a la vez, desafiantes.

Entre otros, hay uno particularmente doloroso: el país es hoy una inmensa fosa clandestina, con todo lo que ello significa.

Y lo que significa es que cada una de esas fosas alberga restos de personas que alguna vez no regresaron a su casa, que fueron declaradas desaparecidas y que, mientras eran buscadas por sus familiares y amigos, fueron asesinadas y enterradas clandestinamente, con escasas probabilidades de ser localizadas.

Hace apenas unos días se hallaron en Veracruz 32 fosas con los restos de al menos 174 personas, de acuerdo con la autoridad estatal. Este hallazgo se suma a los cientos que se han hecho en el país, cada uno con su lamentable carga de pérdidas, dolor, violencia e impunidad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer, en abril de 2017, el informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas. En él se reporta que, con base en cifras oficiales, del 1 de enero de 2007 a septiembre de 2016, se localizaron 655 fosas, con mil 548 cuerpos. Para el mismo periodo, el muestreo hemerográfico, realizado por la propia Comisión, incrementa estas cifras a mil 143 fosas, con 3 mil 230 cadáveres. Casi el doble de fosas, más del doble de víctimas. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil reportan que entre 2006 y 2017 se han exhumado 2 mil cuerpos.

No puede dejar de observarse que, como casi siempre, los datos oficiales reflejan una realidad achicada, ya sea por la falta de registros o por la calculada intención de reducirla.

Aun si se dieran como ciertos los datos oficiales, éstos nos estarían diciendo que durante diez años, de 2007 a 2016, en promedio cada dos días fue inhumada clandestinamente una persona en México, luego de ser asesinada y en algunos casos después de ser torturada y despedazada.

Si partimos de los datos de los registros hemerográficos, el promedio sería de un enterrado clandestinamente cada día. Uno cada día a lo largo de diez años. Demasiada violencia, demasiado dolor e incertidumbre. Demasiada impunidad.

Desafortunadamente no se trata de historia, sino de una continua pesadilla: otro muestreo hemerográfico de la CNDH registra que de enero de 2017 al 30 de agosto de 2018 se han hallado 163 fosas, con 530 cuerpos.

Un dato más para la consternación y el asombro: de estos 530 cuerpos, sólo han sido identificados 54; es decir, uno de cada 10.

El hallazgo o localización de fosas clandestinas no se detiene. Entre las más recientes están las ubicadas en Jalisco, con seis cuerpos, y en Ciudad Juárez, con cuatro víctimas.

Enorme es el desafío del crimen y de la violencia; y enorme debe ser el esfuerzo del próximo Gobierno federal y de los gobiernos estatales para encontrar una respuesta a la desaparición como método frecuente e impune, al homicidio del indefenso y al enterramiento de las víctimas, lo que priva a las familias incluso del alivio del duelo.

A pesar de las dificultades que implique, tenemos que encontrar esa respuesta y contener el crecimiento de lo que es ya una inmensa herida.

Que no se nos olvide. Hay cientos de niños migrantes que no han sido reunidos con sus padres. El gobierno de Estados Unidos los llama “inelegibles para la reunificación”.

¿Qué nombre puede darse a la separación dolosa de 2 mil 551 hijos de sus padres por parte de un Estado, como lo hizo la Unión Americana durante los meses de abril y mayo de este año?

Nadie sabía en el gobierno estadounidense qué se haría después. La orden era separar y eso bastaba. 

Doble falta la del presidente Donald Trump: separar a las familias y no asumir la responsabilidad de su posterior reunificación. Así tuvo que reconocerlo su gobierno cuando un juez federal de San Diego, Dana Sabraw, ordenó la reunificación de estos niños con sus padres, y puso como fecha límite el 26 de julio. 

Obligado, el gobierno reunificó a las familias que pudo, pero entonces se dio cuenta de que era incapaz de reunir a todas. Había cortado, irresponsablemente y quizá para siempre, una relación y cercanía familiar que nadie tiene derecho a vulnerar.

Concluido el plazo establecido por el juez Sabraw, el gobierno estadounidense le informó que no había reunido a más de 559 niñas y niños con sus padres porque a algunos de éstos los había deportado y tendría que localizarlos, que a otros los había liberado de la custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas y no sabía dónde estaban; otros habían renunciado a la reunificación y unos más tenían acusaciones penales.

De acuerdo con organizaciones civiles de derechos humanos y la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), algunos de los padres fueron forzados a firmar documentos escritos en inglés, en los que solicitaban su deportación voluntaria o renunciaban a la reunificación, al tiempo que eran agredidos verbal y emocionalmente.

Y mientras tanto, cientos de niños y niñas tienen que seguir bajo custodia, abismalmente alejados de sus afectos más cercanos.

Ante las protestas internas y externas, Trump se vio forzado a emitir, el 20 de junio, una orden ejecutiva para que cesara la separación de familias migrantes, pero las secuelas de su disposición anterior siguen vigentes y representan una tragedia para cientos de hogares. 

El derecho a la unidad familiar, que está consagrado en los instrumentos universales y regionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, exige no sólo que los Estados se abstengan de separar a las familias sino también que adopten medidas para mantenerlas unidas y, en su caso, para reunificar a los familiares que se hayan separado.

La deportación o expulsión puede constituir una interferencia al derecho a la unidad familiar, a menos que se justifique de acuerdo con las normas internacionales, lo que no es el caso, como lo demuestra la orden de reunificación de la Corte Federal de San Diego.

Estados Unidos es el único país en el mundo que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos de los Niños, como tampoco lo ha hecho con otros instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero ello no lo exime de respetar y proteger el interés superior del niño y el derecho a la unidad familiar.

En todo caso, cabe cuestionar si con cargo a la soberanía de un Estado se puede hacer lo que sea, incluso violar derechos humanos, quizá de forma irreparable, como puede serlo para docenas de padres, madres e hijos que hoy no saben si volverán a verse.

Nadie puede arrogarse el derecho de destruir la unidad familia r, así sea Donald Trump, destructor compulsivo, y ahora también devastador de familias.

“Las criaturas de aquella (esta) realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido (es) la insuficiencia de recursos para hacer creíble nuestra vida”

Gabriel García Márquez, al recibir el Nobel de Literatura

Las campañas por la Presidencia de la República coinciden en el diagnóstico, igual o semejante, al que tenemos también la inmensa mayoría de mexicanas y mexicanos.

En la apreciación convergente de lo que se debe resolver están: inseguridad, corrupción, impunidad, pobreza, desigualdad, insuficiente crecimiento económico y fallas del sistema de justicia, entre otros padecimientos. Como espejo del diagnóstico, López Obrador, Anaya y Meade ofrecen seguridad, justicia, igualdad, crecimiento económico…

Los pronunciamientos en contra de nuestras dolencias y dificultades se multiplican, como ocurre también con los enunciados para combatirlas.

Mientras tanto, hechos infortunadamente cotidianos martillean nuestro ánimo:

Asesinan a secuestrado y lo dejan en Viaducto. A un año de Valdez, matan a periodista en Tabasco; van 140 desde el año 2000. Narcotraficantes usan a Iztapalapa como su guarida. Consumo de drogas en niñas enciende alerta de especialistas. Sustraen hackers 400 millones de pesos de bancos. Crece en México venta de drogas online. Acelera 476% robo a trenes. El Tribunal Electoral dice que homicidios son una forma de quitar candidatos; ya suman 91 políticos asesinados. Afecta el crimen a 30 por ciento del agro. Los servicios forenses del país tienen registrados 27 mil cadáveres como desconocidos. Ninguna de estas líneas es producto de la imaginación, a manera de ejemplo. Cada una de ellas es real, como lo son otras de similar talante que usted ha leído o escuchado cualquier día de la semana, durante años. Dardos cotidianos en un escenario que nunca imaginamos.

Es esta narrativa lacerante la que parece estar lejos de los pronunciamientos de campaña, no porque esté ausente, pues en ocasiones uno u otro candidato alude a ella, sino porque una de las demandas más sentidas es saber qué y cómo se actuará frente a esta pesadilla que se empeña en perpetuarse.

La impresión, en consecuencia, es que, o no existe o no hemos podido identificar el antídoto para esta violencia que se expande y diversifica; y que la realidad nacional está rebasando los discursos por la derecha, por la izquierda y por el centro.

Coincidente el diagnóstico en temas torales, se extrañan proyectos de solución en muchos de ellos. Más aún, surgen divisiones sociales y polarizantes en tiempos en que la unidad es indispensable.

Es urgente dar un giro al tono y contenido de las campañas, para hacerlas empáticas con el dolor de México e identificarlas con una realidad que demanda nuestras mayores capacidades y una gran solidaridad social para promover la unión y proponer soluciones explícitas y viables. Los ganadores del proceso electoral debemos ser todos, pues este periodo nos ofrece la posibilidad de asumir nuestros desafíos y contrastar las vías que se propongan para superarlos. Si nutrimos de ideas y opciones específicas a la competencia política, el resultado será la claridad de rumbo y la unión nacional, imprescindible para reemprender el camino.