Todas las entradas de: Mauricio Farah

No tiene por qué haber lugares equivocados

Este texto está enfocado a los jóvenes como víctimas
de la violencia, pero en el Día del Niño hay que recordar
también que en 11 años han desaparecido 2 mil 788
bebés y niños de entre cero y 14 años

 

Imposible imaginar el sufrimiento padecido por los tres jóvenes jaliscienses que fueron asesinados por la crueldad de una batalla criminal a la que eran ajenos.

Imposible imaginar el dolor de sus padres, hermanos y familiares. La noticia del secuestro, la angustia continua y finalmente la información desoladora.

Deplorable, y ya no tan imposible porque hay antecedentes de hechos similares, es que dos jóvenes, tan jóvenes como las víctimas, se hayan encargado de disolver los cuerpos. Uno de ellos declaró que le pagaban por esta práctica tres mil pesos a la semana.

Ahora Omar “N” y Gerardo “N” tendrán que pagar por sus delitos, lo mismo que los otros implicados, los que interceptaron a los muchachos y los mataron y los que ordenaron tal vileza.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2007 a enero de 2018 se reportaron 34 mil 268 desapariciones, de las cuales 9 mil 404 corresponden a jóvenes de entre 15 y 24 años, 27% de los casos, lo que equivale a decir que tres de cada 10 víctimas tenían ese rango de edad, en el infame momento de su desaparición.

Daniel Cunjama, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (El Universal,Teresa Moreno, 25 de abril), acierta al destacar que la juventud se encuentra en un estado de vulnerabilidad, ante la violencia en México: en un porcentaje alto, son jóvenes quienes la ejecutan y jóvenes los que la padecen

“Es una violencia esencialmente joven, masculina, de clase media o baja, enfocada en delitos de alto impacto, sobre todo el homicidio doloso, y ubicada en territorios donde la delincuencia organizada tiene una gran actividad.” Alto riesgo ser joven en México: ser víctimas de la violencia, ser criminalizados, a veces en vida y a veces después, y ser reclutados por la delincuencia para obligarlos a hacer lo que jamás imaginaron.

Prácticamente todas las instituciones nacionales tienen algo que aportar en la atención y solución de esta situación inaceptable, la que hoy debe ser una prioridad para la candidata y los cuatro candidatos presidenciales, más allá de la condena y la condolencia.

Necesitamos saber qué se proponen hacer Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez, para impedir que los jóvenes sigan siendo amenazados por estos graves y desgraciadamente reales riesgos. Hace falta que expongan la esencia de las políticas públicas y las líneas de acción que pondrían en marcha, así como el compromiso que asumen con las mujeres y los hombres jóvenes de México.

Me parece que un cambio de paradigma relevante es alejarnos del cliché que afirma que las víctimas inocentes tuvieron la mala fortuna de estar en el lugar y en el momento equivocado, lo que volvió a invocarse en el caso de los jóvenes de Jalisco.

Tiene razón Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional de Seguridad, cuando dice: No tiene por qué haber lugares equivocados.
No, no tiene por qué haber momentos ni lugares equivocados.
Impedirlo es una responsabilidad del Estado.

Cuatro candidatos y un infiltrado

El mensaje que envía la aparición de Jaime Rodríguez Calderón en la boleta electoral es que se puede llegar a ella mediante trampas e incluso, presumiblemente, incurriendo en delitos. Y que, por tanto, así se puede aspirar, aunque sea ilusoriamente,  a la Presidencia de la República.

Desafortunado en sí mismo, el mensaje es doblemente lamentable cuando uno de los temas centrales de las campañas, por estar presente en la preocupación y el enojo ciudadano, es la corrupción. ¿Y qué es, si no corrupción, falsificar de diversas maneras cientos de miles de firmas para alcanzar el número requerido, a fin de registrarse como candidato independiente?

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que de los dos millones de firmas que presentó Rodríguez Calderón, más de la mitad eran inválidas, el propio INE y el aspirante revisaron cientos de miles de firmas sospechosas; de las cuales, 15 mil, aproximadamente, se rescataron como válidas.

A Rodríguez Calderón le faltaban, en números redondos, 16 mil firmas para llegar a las 866 mil requeridas. Y entonces, cuatro magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo inscribieron en la boleta. ¿Y cómo lo hicieron?

De acuerdo con lo dicho por los propios magistrados, ellos infirieron que si continuaba el proceso de revisión, Rodríguez Calderón alcanzaría la cantidad de firmas necesaria. Los cuatro magistrados ni siquiera se percataron de que su argumento en realidad es confesión: ellos pusieron las firmas que faltaban, digamos que a razón de cuatro mil por cada uno.

Absortos en sus cuentas predictivas y no en el derecho, avalaron una candidatura fraguada con trampas en el proceso de recolección de firmas.

Sabemos por qué está Jaime Rodríguez en la boleta, pero habría que preguntarle para qué. En busca de la candidatura presidencial, abandonó a sus electores de Nuevo León, al dejar el cargo de gobernador cuando le faltaban cuatro años.

Los escasos puntos porcentuales que puede alcanzar en la elección no justifican tal incumplimiento. Quizá, según sus cálculos, sí lo justifica servir de peón en el ajedrez electoral para prestarse a estrategias de terceros y quitar votos a otro o a otros candidatos.

Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya están en la boleta postulados por sendas coaliciones; y Margarita Zavala por casi un millón de respaldos ciudadanos, y ahora, según una reciente encuesta de Parametría, con 13 por ciento de la intención de voto. El quinto candidato está con ellos por decisión de cuatro ciudadanos que por su investidura pudieron apuntarlo directamente en la boleta.

La solidez y credibilidad de las instituciones electorales es indispensable cuando está en marcha el proceso y se avecinan las elecciones más copiosas de nuestra historia, lo que requiere que árbitro y juzgador sean y se perciban firmes, congruentes, autónomos, justos y confiables; cualidades que son consustanciales a la conducción del proceso y a la impartición de justicia.

Tienen 75 días para dejar de confrontarse y desgastarse mutuamente, optimizar su desempeño y generar la imprescindible confianza que brinde un marco de certidumbre a la elección y, en su caso, a los días posteriores.

Campañas políticas: ¿el arte de lo incidental o de lo trascendental?

Las campañas 2018, en las que participan al menos 12 mil candidatos en busca de más de tres mil cargos, pueden representar, según la orientación de sus contenidos y formas, un avance en la calidad de nuestra democracia o un eventual retroceso.

David Van Reybrouck, prestigiado analista belga, sostiene que si bien “la política siempre ha sido el arte de lo factible, en la actualidad es el arte de lo microscópico”.

En este mismo sentido, el autor cita un estudio del Parlamento neerlandés que alude al “creciente incidentalismo de la política”.

En efecto, el incidente tiene enorme presencia en la política de hoy, lo que se acentúa en las campañas electorales.

Ahora los equipos de campaña definen como prioritario responder de inmediato a lo que dijeron otros; o bien, aclarar, reforzar o matizar lo que uno mismo dijo hace una hora o dos minutos.

Es tal la demanda de medios y sociedad respecto al “tema del día” (también hay “temas de mediodía” o de unas horas), que los candidatos y sus equipos dedican gran parte de su esfuerzo a participar en el incidente del momento.

Y como los trending topic van de prisa, a cada instante hay que pronunciarse respecto de la cuestión que flota en el ambiente, los medios y las redes, lo que, incluso, pude ir en detrimento de lo programado en la campaña.

Si es condición de los tiempos, ya verá cada candidato cómo resuelve este desafío; tan real o tan ficticio como a cada quien le parezca.

Estar presente en la vertiginosa sucesión de incidentes requiere habilidad verbal, mediática y digital, todo lo cual es valioso en campaña, pero puede producir un efecto contrario al interés de la sociedad, al posponer, minimizar o incluso desaparecer de la agenda electoral lo verdaderamente importante.

Para nuestra democracia, y en un sentido más amplio, para nuestra política, será muy importante que José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Andrés Manuel Lopez Obrador y Margarita Zavala sean capaces de hacer prevalecer los temas trascendentes para la vida de 120 millones de mexicanos.

Es indispensable que los asuntos torales se aborden con claridad, desde el diagnóstico hasta la propuesta de solución.

Los temas de fondo tal vez no sean tan atractivos como los incidentales, pero no hay duda, por ejemplo, de que la atención a la pobreza es del interés de todos los mexicanos, especialmente de los más de cincuenta millones que viven en esa condición. Qué hacer, cómo, con cuánto y de dónde.

Lo mismo sucede con la seguridad pública, el empleo, el crecimiento, la seguridad social, la justicia, el Estado de Derecho, la igualdad de género, los derechos humanos…

Esperemos que los candidatos se coloquen por encima de debates incidentales o coyunturales para que conozcamos lo que ofrecen a un México urgido de compromisos y expectativas viables.

La responsabilidad es de todos: tenemos que lograr poner lo trascendental por encima de lo incidental.

Tenemos auditor

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es un órgano toral en el marco jurídico e institucional, con el que ahora contamos para fortalecer nuestra democracia en materia de ejercicio de los recursos públicos y rendición de cuentas, y es la única instancia que participa en los sistemas fundamentales de anticorrupción. fiscalización y transparencia.

Por ello, la elección de su titular constituye un acontecimiento relevante, tanto por la importancia de esta responsabilidad como por la calidad del proceso llevado a cabo desde la convocatoria emitida por la Comisión de Vigilancia de la ASF hasta su votación final en el pleno.

Luego de efectuar el registro de 42 aspirantes, la Comisión eligió por unanimidad una terna de profesionales probados y con experiencia: David Rogelio Colmenares, Salim Arturo Orcí y Ángel Trinidad Zaldívar, terna que el pasado jueves fue puesta a la consideración del pleno, cuyo resultado fue la elección del primero.

A este ejercicio democrático y de transparencia contribuyó el Canal del Congreso con la transmisión de las entrevistas a todos los candidatos y de la votación final.

Tenemos auditor. De ello resultan beneficiadas la fiscalización, la rendición de cuentas, la transparencia y, en consecuencia, la población y la institucionalidad.

Como se hizo notar durante las entrevistas con la Comisión de Vigilancia, especialmente las de los tres candidatos finalistas, la complejidad y magnitud de la fiscalización es enorme: mediante el gasto público, que es el principal instrumento de política económica, se proporcionan bienes y servicios a 120 millones de mexicanas y mexicanos, 53 millones en pobreza y 9 millones en pobreza extrema; sus destinatarios están dispersos en 190 mil localidades, de las que sólo 36 son mayores de 500 mil habitantes y 186 mil tienen menos de 2 mil 500.

En 2016 el gasto federal ascendió a 5 billones 400 mil pesos. Hay en México alrededor de 5 millones de servidores públicos, de los cuales cientos de miles participan en la administración de recursos en los tres órdenes de gobierno.

Las diversas instancias responsables de la fiscalización, entre federales y estatales, realizan cada año aproximadamente seis mil auditorías sólo de gasto federalizado.

Las recientes reformas constitucionales y legales ampliaron las facultades de la ASF, que cuenta con un presupuesto de dos mil 700 millones de pesos, de tal forma que ahora puede revisar el gasto en tiempo real, así como ejercicios anteriores, auditar las participaciones pagadas a los estados y revisar la deuda pública estatal, su destino y ejecución. Prácticamente la totalidad del gasto estatal y municipal forma parte del universo auditable.

Muchos son los retos que enfrenta su nuevo titular, David Rogelio Colmenares, y sus tres mil colaboradores, entre otros, consolidar la calidad del trabajo de la ASF y su autoridad moral, impulsar el enfoque preventivo y la participación de la sociedad civil, fortalecer las auditorías de desempeño, el Servicio Fiscal de Carrera y las áreas de seguimiento, y abatir los rezagos, así como establecer criterios y protocolos claros que aseguren la verticalidad de su actuación y den solidez institucional a su desempeño.

La gran tarea de la ASF es contribuir de manera decisiva a dar operatividad al Sistema Nacional Anticorrupción, una instancia de coordinación diseñada para integrar los esfuerzos de las diferencias instituciones que la integran, incluida la participación de la sociedad civil.

Por el bien del país, que su desempeño sea exitoso.

(*) Los datos de este artículo fueron tomados de lo expuesto por los candidatos finalistas (David Colmenares, Salim Orcí y Ángel Trinidad) durante las entrevistas con la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados.

Ejército: un servicio de alto riesgo

Se han cumplido poco más de once años de la intervención del Ejército en la lucha contra el narcotráfico y ahora, más ampliamente, en contra del crimen organizado.

En ese tiempo los soldados de México han recibido reconocimiento en general, así como reproches y reclamos en casos específicos. Puede entenderse esta proporcional combinación de  agradecimientos y acusaciones en una sociedad plural, a la que nadie puede dictarle sus opiniones. Más difícil de entender son las andanadas de imputaciones que periódicamente surgen, no ya para cuestionar sino para agredir a las Fuerzas Armadas sin siquiera exponer el sustento de sus afirmaciones.

Es exigible, desde luego, que los militares lleven a cabo sus acciones con apego al marco legal y con respeto a los derechos humanos y que, de ser el caso, los elementos que incurran en conductas irregulares sean sancionados.

Esta exigencia es cuestión de postulados constitucionales y principios del derecho internacional, por lo que no está a discusión.

Demandar o estar atentos a esta conducta no implica regatear, y menos desconocer, la aportación del Ejército en muchos y diversos ámbitos de la vida nacional, como el propio combate a la delincuencia organizada y la irremplazable ayuda que brinda a la población en caso de desastres naturales o de emergencia por diversos motivos, lo mismo en las grandes ciudades que en los rincones más apartados del país.

Hoy, es inimaginable la realidad que enfrentarían millones de mexicanos en los estados más acosados por la violencia extrema e irracional, que imponen los cárteles de la droga, cuyos empeños delincuenciales se han extendido y diversificado.

Los integrantes de las grandes bandas matan para proteger sus actividades, para arrebatar o conservar rutas o mercados, para abultar sus ganancias, para amedrentar o vengar, para extorsionar o secuestrar, para aumentar sus víctimas de trata y tráfico de personas. Al parecer no bastan la agresión o la muerte. Los cárteles han aumentado su violencia y brutalidad: cuelgan, decapitan, descuartizan, desuellan, disuelven en químicos, reducen a cenizas, desaparecen a personas o arrojan cadáveres y restos a lugares públicos. Se trata de exhibir la crueldad, la que pueden ejercer respaldados por arsenales que les dan una enorme capacidad de fuego, nunca antes registrada en los anales del crimen en México.

Es a esta fuerza destructiva, que asuela a gran parte del territorio nacional, a la que hacen frente los oficiales y soldados del Ejército y la Marina.

No es un juego y tampoco una batalla ventajosa. Los soldados, que son enviados a las regiones más conflictivas, que patrullan calles, carreteras, rancherías y parajes solitarios, hijos de alguien, hermanos de alguien, esposos y padres, viven todos los días condiciones de alto y latente riesgo. Su protección es sólo su preparación, su arma asignada y su ánimo de servicio, puesto siempre a prueba, todos los días, sin importar circunstancias externas o situaciones personales. Y en contra de la sorpresa de la ventaja que tienen los criminales en la emboscada que preparan.

El sicario es un homicida por definición, de manera que su alevosía, su crueldad, su carencia del sentido del honor, se dan por descontadas. Al soldado, en cambio, se le exige cumplir protocolos y normas. Así debe ser. Es un agente del Estado, un servidor público sujeto a principios y conductas constitucionales.

Lo menos que podemos hacer por los miembros del Ejército, la Marina y la Policía Federal, así como por aquellos que honestamente cumplen su trabajo desde corporaciones estatales y municipales, es reconocerles su valor ante los riesgos que enfrentan, así como agradecerles su esfuerzo y la protección que nos brindan, incluso a costa de su integridad física y de su vida.

Elecciones: alto a los homicidios de políticos

 

Todos los atentados deben ser esclarecidos y castigados; es inaceptable que en algunas regiones ser candidato sea una condición de alto riesgo.

La violencia en diversas entidades federativas ha alcanzado a políticos: en 11 años han sido asesinados 114 alcaldes, ex alcaldes o candidatos a alcaldías.

Es innegable que el crimen organizado ha incluido en sus intereses, presiones o venganzas el homicidio de quienes ocupan, han ocupado o se postulan a cargos de elección popular.

Antes de 2007 la perpetración de atentados contra presidentes o ex presidentes municipales era infrecuente, pero su incidencia ha ido creciendo hasta alcanzar cifras mayores en los casos de 2010, con 18 homicidios; 2013 con 12; y 2017 con 21. Al 25 de enero de 2018 ya son tres los alcaldes privados de la vida.

De los pocos casos que se han esclarecido se deduce que las más de las veces estas agresiones se deben a que las víctimas no aceptaron colaborar con el crimen organizado.

No solo alcaldes han sido atacados. Por ejemplo, del 15 de noviembre a la fecha han sido asesinados 18 políticos locales, entre alcaldes, regidores, diputados y líderes de partido: cinco de ellos en funciones, cuatro después de haber dejado sus cargos, tres precandidatos, tres candidatos, dos ex candidatos y uno electo.

El detalle es relevante porque muestra que se puede ser blanco del crimen antes, durante y después de haber desempeñado un cargo.

Los victimarios, cuya mayor parte se desplazó en camionetas y motocicletas para cometer el delito, han sido sobre todo sicarios del crimen organizado, pero también hay casos de policías o de competidores. El número de atacantes varía, desde dos hasta el caso extremo de 30.

Las víctimas, prácticamente de todos los partidos, han caído con sus familias o frente a ellas, sin o con escoltas, en carreteras, domicilios propios, restaurantes y hasta en las plazas principales de algunos municipios. Hay acribillados, decapitados e incluso uno fue previamente secuestrado y torturado.

Rumbo a las elecciones del 1 de julio, esta tendencia del crimen organizado a asesinar políticos, y la vulnerabilidad en que algunos se encuentran, especialmente en municipios pequeños, representa para las autoridades un desafío que debe ser atendido con urgencia y eficacia.

Aunque algunas autoridades, partidos y organizaciones de la sociedad civil han señalado este fenómeno criminal, nos falta alzar la voz con mayor énfasis para garantizar, en el caso de las autoridades, y para demandar, en el caso de los institutos políticos y la sociedad civil, seguridad y justicia.

El pasado 5 de enero la Secretaría de Gobernación anunció, luego de una reunión con dirigentes del PRD, la instalación de una mesa nacional de análisis de riesgos y generación de protocolos de seguridad para candidatos y funcionarios, foro al que, se asegura, se convocará a todos los partidos.

Es urgente que se lleven a cabo estos trabajos y que se considere lo subrayado por la Asociación Nacional de Alcaldes, en cuanto a que de los 114 alcaldes o ex alcaldes asesinados, 35 lo eran de municipios de menos de 10 mil habitantes y 55 de jurisdicciones de entre 10 mil y 50 mil habitantes. Los 24 restantes presidían o habían presidido municipios más grandes.

Todas estas circunstancias merecen atención específica para tomar todas las medidas posibles a fin de que los candidatos puedan sustraerse a las amenazas y no paguen por ello con su vida.

Más aún, en tiempos de una enorme presión a los políticos locales por parte del crimen organizado, es indispensable responder con un claro mensaje de cero impunidad. Todos los atentados deben ser esclarecidos y castigados. Es la forma más eficaz de frenar esta ola de crímenes e impedir que el homicidio de políticos se normalice e invada la esfera electoral. Es inaceptable que en algunas regiones ser candidato sea una condición de alto riesgo.

Por la protección de la vida en primer término, pero también por la protección de la democracia y el proceso electoral, tenemos que ser muy eficaces al brindar seguridad a los candidatos, unos porque están a la vista de todos y otros, en contraste, por no estar a la vista de nadie. Todos son relevantes y todos representan el sistema de relevo institucional y democrático que hemos elegido y que tenemos que defender en favor de nuestra estabilidad social y política.

@mfarahg
*Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados

Un presidente al revés

Ser el presidente número 45 de Estados Unidos y no parecerse a ninguno de sus antecesores, que gobernaron al país durante 227 años, es una hazaña. O una tragedia.

Donald Trump es ambas: realizó la hazaña de llegar a la Casa Blanca haciendo todo lo posible para no lograrlo. Y ya instalado, parece en sí mismo una tragedia.

Ha cumplido un año en el gobierno con énfasis en el desgobierno; ha presidido el país de las libertades desde la intolerancia; ha conducido a una nación de inmigrantes desde el rechazo a los migrantes; ha liderado al líder del mundo occidental renunciando a ese liderazgo; ha puesto en riesgo la paz desde la supuesta silla promotora de la paz; se ha pronunciado contra la equidad, en tierra que presume de igualdad; y se ha empeñado en atacar la libertad de prensa desde la aparente cima de la libertad de expresión.

Trump gobierna desde la realidad virtual, con base en una peculiar visión de los hechos: los hechos alternativos. Una es la realidad de Estados Unidos y del mundo, y otra su realidad. Por eso, por ejemplo, a su juramento como presidente acudieron más personas que al de Barack Obama. Así fue y punto.

Dedica más tiempo a ver la televisión que a sostener acuerdos con sus colaboradores, a los que nombra por impulso, riñe por sistema y descalifica por Twitter. Tiene más información sobre los ratings de la programación televisiva que sobre los asuntos de Estado. Habla y tuitea antes de pensar y se desdice pronto, porque otra ocurrencia lo apremia. Desdeña su propia palabra porque lo que cuenta es lo que declara hoy, aunque mañana sostenga lo contrario.

Conduce la política internacional de su país a partir del capricho del instante, desprestigia la seriedad de los compromisos, se deshace de los acuerdos como cambiarse de camisa, se engalla ante Corea del Norte y reta a su líder a la guerra nuclear como si lo desafiara a las canicas, atribuye a China la falacia del calentamiento global, insulta a las naciones y a sus pueblos, y en cuanto tiene un tiempo libre retorna a su hit inicial: un muro con México y que lo paguen los mexicanos

Cuando el embrollo de la presidencia lo asfixia, organiza mítines para retornar a su nicho, el de candidato. Se dice que no creía, ni quería, llegar a la presidencia, pero parece no haber duda de que quiere ganarla por segunda vez.

Genio estable, desestabiliza a su equipo de trabajo, a su gobierno, a sus gobernados y al mundo.

El despacho oval es pequeño e inútil comparado con su centro de operaciones: su celular, el que no usa para hablar y escuchar, sino para dedicarse a una de sus vocaciones más firmes, la de tuitero compulsivo. Su visión de largo plazo es el incidente del día. Fugitivo de la discreción, adora el espectáculo. Adorador de sí mismo, condena la crítica.

Desde candidato enalteció a Rusia y a su líder, lo que parecía descalificarlo ante los electores y lo que alcanzó su clímax con las evidencias de que ese clásico enemigo de su país lo ayudó a llegar a Washington. Y, sin embargo sus seguidores y muchos otros le han perdonado la que podría ser la máxima falta de un político estadounidense.

Donald Trump es racista, intolerante, misógino, mitómano, piromaniaco, xenófobo, antiinmigrante, caprichoso, autoritario, irreflexivo, censurador, soez, injurioso. Con estas características, podría definirse como destinado a la derrota en cualquier tipo de elección.

Pero así lo eligieron.

Atónito, el mundo observa y trata de adivinar lo que vendrá, pero es inútil intentarlo. Porque es imposible prever lo que hará un presidente al revés.

Y faltan tres años.

Elecciones 2018, democracia y paz social

Partidos políticos, candidatos y equipos de campaña tienen una enorme responsabilidad en cómo habrán de realizarse y concluirse los comicios en los que se decidirán más de tres mil cargos de elección popular (más que nunca antes en nuestra historia), incluida la elección presidencial más disputada.

El hecho de encontrarnos en un proceso electoral muy dinámico y competido es una señal de nuestro avance democrático. Éste es un activo nacional, construido por todos, y hay que apreciarlo, conservarlo y, en su caso, defenderlo. La madurez cívica de una sociedad y de su clase política es una aportación imprescindible para la paz social.

Es deseable que los candidatos, que representan corrientes y plataformas políticas, actúen con responsabilidad y diseñen sus acciones y discurso con énfasis en su oferta política, sus propuestas y sus compromisos.

Desde luego, acentuar la diferencia de su trayectoria o de su plataforma respecto de las otras opciones es un derecho y ofrece a los electores claridad y elementos para su análisis y voto. Destacar la propuesta propia no implica descalificar dogmáticamente la del adversario y menos recurrir a la difusión de informaciones falsas o exageradas para denigrarlo.

México es mucho más que unas elecciones y más, desde luego, que las aspiraciones partidarias o individuales de cualquier político. El proceso electoral de 2018 es una etapa, después de la cual el país seguirá su curso. Hay que subrayarlo para que la aspiración de ganar no conduzca a sembrar divisiones, odios o exclusiones.

Así pues, debe prevalecer la cordura, el discurso de unidad, el respeto a las propuestas ajenas y al derecho de todos de exponerlas.

Convocar a la unidad no despoja a nadie de sus ideas; permite, en cambio, que en lugar del sobresalto de la retórica del rompimiento, se transmita certeza a los electores, a la población entera y a la comunidad internacional.

El mensaje general que debemos darnos a nosotros mismos y al mundo es que gane quien gane las elecciones, los mexicanos estaremos más unidos que antes, en beneficio de nuestra paz social. Sólo con paz social tendremos probabilidades de enfrentar exitosamente nuestros múltiples y graves desafíos.

Si pasadas las elecciones nos encontramos divididos, con resentimientos y visiones excluyentes, todos perderemos.

En contraste, si luego de conocer los resultados tenemos la certeza de que por una parte, las mayorías ganadoras han actuado limpia y maduramente durante el proceso y la jornada electoral, y por otra parte, de que conducirán al país con absoluto respeto a las minorías, todos nos sentiremos incluidos y con espacios de participación.

De ahí la importancia de que vivamos campañas limpias, ajenas a la promoción de rencores, y orientadas al coincidente proyecto de país del que todos somos parte esencial. Aunque estas elecciones están lejos de darse en estos términos de madurez y responsabilidad política, es lo que los ciudadanos debemos exigir.

Campañas, responsabilidad política y social

 

En el próximo año nos espera un desafío que ya comenzó: un proceso electoral en cuyo centro estará la Presidencia de la República y que incluye más de 3 mil 400 cargos de elección popular, entre los que están siete gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, así como la renovación del Congreso de la Unión.

Iniciado el periodo de precampañas, puede decirse que las tres coaliciones que compiten ya tienen definidos sus candidatos presidenciales, registrados como precandidatos en el siguiente orden: José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, a los que se sumarán uno o dos independientes.

Tanto lo previsiblemente apretado de la contienda presidencial como el alto número de puestos en disputa hacen de la elección del 1 de junio próximo un entramado complejo, quizá el más competido y tenso de la historia del país.

Una acalorada disputa electoral no debe espantar a nadie. Después de todo, a pesar de propiciar temperaturas políticas elevadas, la democracia da cauce a las diferencias y permite que los relevos en el poder se realicen de manera pacífica, ordenada e institucional, lo que no sucede en los países que padecen una dictadura o en aquellos que se embarcan en conflictos violentos y costosos en dolor y pérdidas humanas.

Por ello y valorando lo que hemos construido, quizá el mayor desafío que tenemos en este ámbito es consolidar nuestra democracia, hacerla funcional y eficaz y, desde luego, asegurar su viabilidad.

En consecuencia, el afán de triunfo no debe implicar la división social y menos aún la confrontación.

Encaminarnos a una jornada electoral no significa ir a la guerra. Se trata de un proceso civilizado en el que los actores políticos exponen su historia y sus proyectos y la ciudadanía opta por alguno de ellos mediante el voto.

Recientemente, en diversos países ha prevalecido en las campañas políticas la confrontación entre el odio y el miedo. Quienes ofrecen cambios suelen promover el resentimiento y el encono, en tanto que los que ofertan continuidad o estabilidad acostumbran sembrar el miedo.

Ni el encono ni el miedo son valores ni propuestas, sino recursos propagandísticos que minimizan la importancia de sus consecuencias sociales más allá de las elecciones.

La política electoral no suele desarrollarse como modelo de cortesía, pero sí puede ser, debe ser, escenario de responsabilidad social.

En todo el mundo, las campañas se han teñido de noticias falsas, calumnias, difamaciones, verdades a medias, exageraciones, adjetivos duros, insultos. Además de distorsionar la libertad del elector, que tiene derecho a decidir a partir de información cierta, la virulencia verbal y el odio que siembra pueden polarizar a la sociedad e incluso llevarla a la confrontación y a la violencia, de la misma manera en que se traslada a las gradas la violencia que se produce en la cancha.

Por ello la responsabilidad de los actores políticos será enorme. Si su discurso, su actitud, sus estrategas o sus seguidores alientan el encono y la polarización, ningún disfraz pacifista los relevará de su porción de culpa si la sociedad se confronta.

Si la discusión se centra en las ideas, éstas pueden ser rebatidas, minimizadas e incluso descalificadas. Pero si se centra en las personas, cada adjetivo o insulto asestado a un adversario es golpe que lastima a sus seguidores. Cuando la competencia política se desvirtúa se convierte en arena de combate, en la que cada golpe que se propina es celebrado y cada golpe que se recibe genera resentimiento y ánimo de venganza, lo que potencia una eventual escalada.

Lo paradójico y riesgoso es que en cualquier país en el que partidos y candidatos eligen el camino de la beligerancia, las verdaderas víctimas son la tranquilidad social y la unidad nacional.

En el entendido de que las contiendas electorales no son intercambio de flores, esperemos campañas intensas, si se quiere de alto volumen, pero dentro de los cauces de la civilidad.

La democracia no promete senderos aterciopelados, pero sí ofrece y requiere una conclusión indispensable: las campañas pueden llegar a ser rudas, ásperas o agrias siempre que, finalmente, el relevo en el poder sea terso.

En síntesis, ese es el desafío en 2018.

@mfarahg
(*) Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados

Campañas, responsabilidad política y social

En el próximo año nos espera un desafío que ya comenzó: un proceso electoral en cuyo centro estará la Presidencia de la República y que incluye más de 3 mil 400 cargos de elección popular, entre los que están siete gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México, así como la renovación del Congreso de la Unión.

Iniciado el periodo de precampañas, puede decirse que las tres coaliciones que compiten ya tienen definidos sus candidatos presidenciales, registrados como precandidatos en el siguiente orden: José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, a los que se sumarán uno o dos independientes.

Tanto lo previsiblemente apretado de la contienda presidencial como el alto número de puestos en disputa hacen de la elección del 1 de junio próximo un entramado complejo, quizá el más competido y tenso de la historia del país.

Una acalorada disputa electoral no debe espantar a nadie. Después de todo, a pesar de propiciar temperaturas políticas elevadas, la democracia da cauce a las diferencias y permite que los relevos en el poder se realicen de manera pacífica, ordenada e institucional, lo que no sucede en los países que padecen una dictadura o en aquellos que se embarcan en conflictos violentos y costosos en dolor y pérdidas humanas.

Por ello y valorando lo que hemos construido, quizá el mayor desafío que tenemos en este ámbito es consolidar nuestra democracia, hacerla funcional y eficaz y, desde luego, asegurar su viabilidad.

En consecuencia, el afán de triunfo no debe implicar la división social y menos aún la confrontación.

Encaminarnos a una jornada electoral no significa ir a la guerra. Se trata de un proceso civilizado en el que los actores políticos exponen su historia y sus proyectos y la ciudadanía opta por alguno de ellos mediante el voto.

Recientemente, en diversos países ha prevalecido en las campañas políticas la confrontación entre el odio y el miedo. Quienes ofrecen cambios suelen promover el resentimiento y el encono, en tanto que los que ofertan continuidad o estabilidad acostumbran sembrar el miedo.

Ni el encono ni el miedo son valores ni propuestas, sino recursos propagandísticos que minimizan la importancia de sus consecuencias sociales más allá de las elecciones.

La política electoral no suele desarrollarse como modelo de cortesía, pero sí puede ser, debe ser, escenario de responsabilidad social.

En todo el mundo, las campañas se han teñido de noticias falsas, calumnias, difamaciones, verdades a medias, exageraciones, adjetivos duros, insultos. Además de distorsionar la libertad del elector, que tiene derecho a decidir a partir de información cierta, la virulencia verbal y el odio que siembra pueden polarizar a la sociedad e incluso llevarla a la confrontación y a la violencia, de la misma manera en que se traslada a las gradas la violencia que se produce en la cancha.

Por ello la responsabilidad de los actores políticos será enorme. Si su discurso, su actitud, sus estrategas o sus seguidores alientan el encono y la polarización, ningún disfraz pacifista los relevará de su porción de culpa si la sociedad se confronta.

Si la discusión se centra en las ideas, éstas pueden ser rebatidas, minimizadas e incluso descalificadas. Pero si se centra en las personas, cada adjetivo o insulto asestado a un adversario es golpe que lastima a sus seguidores. Cuando la competencia política se desvirtúa se convierte en arena de combate, en la que cada golpe que se propina es celebrado y cada golpe que se recibe genera resentimiento y ánimo de venganza, lo que potencia una eventual escalada.

Lo paradójico y riesgoso es que en cualquier país en el que partidos y candidatos eligen el camino de la beligerancia, las verdaderas víctimas son la tranquilidad social y la unidad nacional.

En el entendido de que las contiendas electorales no son intercambio de flores, esperemos campañas intensas, si se quiere de alto volumen, pero dentro de los cauces de la civilidad.

La democracia no promete senderos aterciopelados, pero sí ofrece y requiere una conclusión indispensable: las campañas pueden llegar a ser rudas, ásperas o agrias siempre que, finalmente, el relevo en el poder sea terso.

En síntesis, ese es el desafío en 2018.

@mfarahg
(*) Especialista en derechos humanos y secretario general de la Cámara de Diputados

En la violencia contra las mujeres, la indiferencia también mata

Si uno agrede a una mujer y el resto pasa de largo, la violencia se transforma en pirotecnia mortal, espectáculo avivado por la apatía o el miedo, lo que nos convierte en cómplices silenciosamente confesos de lo que retóricamente condenamos.

Considerando las cifras de los últimos diez años, en México se priva de la vida a una mujer cada cuatro horas. Esta dinámica de muerte nos atañe a todos y a todos debería avergonzarnos.

De acuerdo con datos recientes del Inegi, de 2007 a 2016 han sido victimizadas 22 mil 482 mujeres.

Mientras que a la mayoría de los hombres se le agrede con arma de fuego, en los homicidios de mujeres hay una evidente prevalencia de muerte infligida con dolor y cobardía: un alto porcentaje de las víctimas fueron mutiladas, asfixiadas, ahogadas, ahorcadas, degolladas, quemadas y apuñaladas. La huella de la fuerza física que subraya la lucha ventajosa y asesina.

La tendencia es creciente: las investigaciones abiertas por el homicidio de una mujer pasaron de mil 83 en 2007 a dos mil 735 en 2016, un incremento de 152 por ciento.

Si ya en la administración federal anterior la cifra era mayúscula, 12 mil 308 homicidios, en los primeros cuatro años han sido victimizadas 10 mil 174, lo que implica que, frente a nuestra parálisis, hacia finales de 2018 el número podría llegar a 15 mil.

Según el Observatorio de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de cada 12 mujeres asesinadas cada día en esta región, siete mueren en México.
Las víctimas van desde recién nacidas hasta mujeres de la tercera edad, si bien un tercio corresponde a jóvenes de entre 20 y 30 años.

Catalina Ruiz Navarro, coconductora de Estereotipos, proyecto especializado en violencia de género, sostiene que “para lograr que disminuya la violencia contra la mujer tiene que existir un cambio cultural. No acabas la violencia a punta de leyes, porque éstas no aplican si la cultura no las respalda”.

Existe, en efecto, un entorno de discriminación y desvalorización de la mujer en México. No hay ámbito en el que este entorno no se manifieste.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, del Inegi, reporta que 66 por ciento de las mujeres ha sufrido alguna vez agresiones de tipo sexual, físico, laboral y emocional, y de ellas 88 por ciento no presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad.

En la escuela las agresiones son de índole sexual, psicológica y física, perpetradas por compañeros y maestros. 12 de cada 100 mujeres preparatorianas sufrieron acoso, abuso, hostigamiento o intimidación sexual.

En el trabajo, 27 por ciento de las mujeres ha experimentado un acto violento de tipo sexual y de discriminación por razón de género o de embarazo, en tanto que la violencia comunitaria ha afectado a cuatro de cada 10 mujeres.

Si a ello agregamos que tres de cada 10 víctimas son asesinadas en su vivienda, es inevitable concluir que no hay un solo espacio seguro para ellas.

Los maltratadores y asesinos son culpables y no hay forma de excusarlos. Tampoco la hay de eximir a los aplaudidores de esta violencia. Pero en el siguiente círculo estamos todos.
La indiferencia también golpea y mata.

Asumirlo es imprescindible para ganarle la batalla al abominable flagelo de la violencia contra las mujeres.

México y la amenaza transnacional, vía redes sociales, en las elecciones

A ningún novelista de ciencia ficción o del futuro se le ocurrió un argumento tan aventurado: que Rusia impusiera un presidente de Estados Unidos.

Estamos lejos de semejante afirmación, pero hay tanta evidencia de la intromisión rusa en las pasadas elecciones estadounidenses, que al parecer lo único que falta por determinar es la magnitud de la intrusión y el peso de su incidencia.

A través de las redes sociales, los cibernautas rusos se entremetieron en una conversación ajena. Ciudadanos inexistentes, con perfiles inventados y fotografías robadas de aquí y de allá, denostaron a Hillary Clinton, distribuyeron masivamente información, en su mayor parte falsa, y se pusieron a discutir sobre temas controvertidos.

Hay huellas rusas en cientos de miles de cuentas de Twitter y Facebook, empresas que durante las campañas y después de ellas han estado eliminando las que identifican como falsas. Los rusos sabían que estas cuentas se detectarían y suprimirían, pero también que cuando eso empezara a ocurrir ya habrían conseguido su objetivo. Las compañías creadoras y operadoras de las redes sociales no estaban preparadas para tan descomunal tarea: ¿cómo detectar cuentas falsas con oportunidad entre 348 millones de usuarios de Twitter y dos mil millones de cuentas de Facebook?

Esta última firma calcula que del contenido relacionado con las campañas sólo una décima parte del uno por ciento es apócrifo, lo que implicaría una mínima influencia, y por lo tanto no significativa, de los piratas informáticos rusos en el proceso electoral. No obstante, consciente de que este fenómeno puede crecer, se ha comprometido a investigar qué fue lo que sucedió y a buscar la forma de evitarlo en el futuro.

Rusia, por su parte, da por hecho que Estados Unidos intentará intervenir en las elecciones presidenciales del país euroasiático en 2018. Como la declaración es oficial, se trata de una aceptación explícita o tácita de que eso se vale y que así será de ahora en adelante.

En 2018, en un ambiente que promete ser sumamente álgido y complicado, México también estará en el maremágnum propio de los procesos electorales con la elección de más de tres mil cargos de elección popular, entre los que destacan: la Presidencia de la República, 8 gobernadores y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, legisladores federales y locales, así como presidentes municipales.

Habrá que estar atentos a la eventual injerencia de otros países vía redes sociales, quizá con la misma estrategia que siguió Rusia en Estados Unidos: la incorporación y distribución de mensajes socialmente divisivos, sobre todo en los temas más controvertidos y sensibles para la población.

Estamos en presencia de un complejo desafío: personas inexistentes pueden generar emociones, divisiones y rencores en personas reales. Y además pueden utilizarlas, capitalizando su ingenuidad o su miedo, como eficaces difusores de mentiras, calumnias y falsos debates.

Sabíamos que los recursos de Internet podían ser susceptibles de manipularse con propósitos políticos, pero no estábamos conscientes de que podría hacerse de manera transnacional.

Es una posibilidad, pero de probable realización, porque es evidente que las elecciones nacionales, al menos potencialmente, han dejado de ser nacionales. ¿Usted cree que nuestras instituciones estén listas para este desafío?

11 de octubre, Día Internacional de la Niña

El próximo 11 de octubre, como desde hace cinco años por disposición de la ONU, se conmemorará el Día Internacional de la Niña. Enhorabuena que se dedique una fecha para difundir los derechos de las niñas y los riesgos que afrontan, así como para impulsar políticas públicas en su beneficio.

No es sólo que lo merezcan, es que, desafortunadamente, lo necesitan. Las condiciones adversas en las que viven su infancia millones de ellas y los crecientes delitos que se cometen en su contra hacen imprescindible que la sociedad entera asuma su responsabilidad por el bienestar, la protección y el desarrollo de las niñas, uno de los grupos más frágiles y vulnerables, especialmente en algunos países.

Según estimaciones de la ONU, las mujeres menores de 16 años son víctimas de la mitad de las agresiones sexuales; y cada siete segundos una niña menor de 15 años es obligada a casarse en algún lugar del mundo. ¿Y cómo puede ser que la pornografía infantil sea uno de los negocios más lucrativos con ganancias que se estiman en siete mil millones de dólares anuales?

Lamentablemente en México la violencia sexual sigue una tendencia al alza: de 2015 a 2016 se registró un incremento de nueve por ciento (de 27 mil a 30 mil denuncias) y al parecer en 2017 el aumento volverá a ser similar.

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas y de la Red por los Derechos de la Infancia en México, entre 2006 y 2014 se registraron 25 mil 821 personas desaparecidas, de las que 30 por ciento corresponde a menores de edad y, de éste, 80 por ciento a niñas.

La OCDE afirma que entre sus países miembros, México ocupa el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años, en tanto que un informe del Senado establece que México ocupa el primer lugar en difusión de pornografía infantil y la Policía Federal señala que la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes a través de Internet ocupa el tercer lugar en los delitos cibernéticos.

Estos datos y la frecuencia con la que los medios dan cuenta de abusos sexuales y homicidios en contra de niñas/adolescentes son sobradamente suficientes para que su protección tenga carácter de urgente. ¿O qué debe ocurrir para que sociedad y gobierno extremen sus esfuerzos en este sentido?

La conmemoración del 11 de octubre debe significarse por impulsar un relanzamiento de políticas públicas para proteger a las niñas, asegurar su bienestar y desarrollo y acabar con la impunidad de quienes las agreden.

Es inaplazable llevar a cabo la homogenización del marco legal respectivo en todo el país y armonizarlo con los tratados internacionales que México ha ratificado con relación a los derechos de la infancia, trabajo infantil, prostitución infantil, utilización de niñas y niños en pornografía, y trata de personas, porque la actual disparidad normativa es caótica y obstáculo para la procuración y administración de justicia.

Cada vez está más cerca el año 2030 y parece lejano todavía el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que aspiran a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. No puede ser lento el avance cuando el delito va de prisa.

Sismos: la solidaridad, lo reprobable y lo que falta

CAUSAS Y AZARES.

Con la ropa, la cara y las manos llenas de tierra, polvo de escombros de lo que apenas unos minutos antes era un edificio, el adolescente subía y bajaba la montaña de ladrillos, varillas y vidrios, alejaba a un niño del peligro y preguntaba a una mujer atónita qué necesitaba. El joven casi niño era el rostro del México que sabe ser solidario y generoso aun a costa de sus propios miedos, riesgos y carencias

Ese México, que despertó el 8 de septiembre con enormes daños en múltiples comunidades de Chiapas y Oaxaca, volvió a resentir los efectos sísmicos el 19 de septiembre (fecha que de aniversario se convirtió en nuevo desafío) en la Ciudad de México y en los estados de Morelos y Puebla.

Ese día y los siguientes, miles de jóvenes se apartaron de sus anhelos y quehaceres y se hicieron presentes en calles y plazas, al pie de los derrumbes, haciendo lo que sentían debían hacer: dejar a un lado su propio miedo para ayudar a salvar vidas, mitigar el dolor y atender las necesidades de otros.

La mayoría de ellos no había nacido en 1985, pero en el caudal de sus emociones llevaba la experiencia de la generación anterior y de igual, y acaso más consciente, espíritu solidario.

No sólo ellos, sino la sociedad entera, personas de todas las edades y de las más diversas condiciones se volcaron a las calles y a los sitios donde se requería ayuda.

Esta vez no hubo lapso de pasmo oficial. Las instituciones respondieron con prontitud y, brazo con brazo con la sociedad civil, militares, marinos, bomberos, policías municipales, estatales y federales e integrantes de los cuerpos de protección civil realizaron un trabajo continuo para rescatar sobrevivientes y, tan lamentable como indispensable, cientos de cuerpos sin vida.

Al prestar estos servicios, dotados de conmovedora emoción social, tanto voluntarios como agentes del Estado arriesgaban y arriesgan su integridad física e incluso su vida. En el extremo del desprendimiento, ni siquiera la posibilidad de morir pone límite a la solidaridad.

En contrataste, en medio de la multitud heroica surgieron algunos saqueos, el oportunismo inaceptable de quienes incluso en la catástrofe pretenden obtener ventaja criminal, así como expresiones de un humor condenable que difunde mentiras con reprobables propósitos e incomprensibles regocijos interiores.

Hubo otras formas de lucro, pequeñas como sus protagonistas: la selfie del que quiere estar un instante entre las ruinas para distribuir su presunción en las redes sociales. Algunos incluso colocaron su nombre junto a la imagen para inmortalizar su solidaridad vacía.

Con todo, fueron muy superiores la buena voluntad y el vigor incansable de las mexicanas y los mexicanos, así como de personas de otras nacionalidades que, más allá de fronteras y de orígenes, dieron ejemplo de que la solidaridad humana puede alcanzar admirables alturas de fraternidad.

Miles de casas, edificios y monumentos se encuentran en riesgo de ser inhabitables o de desplomarse en Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla y Ciudad de México, y de dejar a familias sin hogar, alumnos sin escuela, hospitales sin servicio, poblaciones sin iglesias, historia sin emblemas.

Algunos inmuebles han sido derribados por la magnitud de los sismos, pero otros fueron condenados a la destrucción por la ligereza o la corrupción de servidores públicos y constructores. En los casos en que así quede acreditado, habrán de imponerse las sanciones que la ley prevea.

La experiencia de hace más de tres décadas nos recuerda que la odisea apenas ha comenzado.

Ahora, entre el duelo por nuestras hermanas y hermanos que perdieron la vida y a la par de nuestra solidaridad con sus familias, está en marcha el recuento de los daños y la necesidad de planear la reconstrucción, su financiamiento y sus prioridades, lo que incluye la demolición controlada de los inmuebles sin remedio.

Muchas familias tendrán necesidades que es indispensable atender. A diferencia de 1985, cuando creímos que por recuperar la normalidad en muchos ámbitos la tragedia había sido superada, debemos recordar a esas personas y familias que han quedado sin hogar, renovar nuestro apoyo y seguir atentos a los requerimientos siguientes.

Suele pasar que en el primer momento nuestra solidaridad emerge porque el drama es visible, y sin embargo, al paso del tiempo, cuando los efectos son menos evidentes, nos vamos olvidando de quienes aún necesitan apoyo para restablecer sus vidas.

Los meses por venir serán determinantes para el verdadero éxito de la tarea colectiva. Reunamos fuerza y compromiso.

Septiembre: unidad frente a cohetones

 

El proceso electoral es un escenario que pone a prueba nuestra madurez política y la solidez de nuestra democracia; tenemos que ser capaces de competir sin destruir.

Septiembre es el mes emblemático de la historia de México. Septiembre se engalana con los colores de la bandera desde la plaza de la capital de la República hasta del más modesto poblado. Se iluminan las catedrales y los palacios de gobierno. Luces y papelillos adornan ventanas y balcones. Septiembre toma los colores de la patria y se viste de bandera. En el símbolo cabemos todos.

En septiembre de este año un cohetón lanzado por integrantes de la CNTE perforó una mica de la parte baje de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana que transportaba a reporteros que acompañaban al presidente Enrique Peña Nieto en una gira por Oaxaca.

El vocero de la organización sindical defendió la agresión con el argumento de que se trataba de desprestigiar la visita del mandatario y que, en todo caso, el cohetón no tenía capacidad para dañar la aeronave.

Así, hizo del ataque una confesión y de la irresponsabilidad una razón.

El mundo vive momentos difíciles. Se dirá que como siempre, pero el hoy es el que nos corresponde. El cambio climático provoca fenómenos que imponen marcas indeseables; el líder norcoreano lanza misiles como divertimiento; seguimos sin darle cauce sensato a la migración y acumulamos tragedias familiares en mares y desiertos; el crimen común amplía su crueldad y descaro, y el organizado amenaza Estados; la xenofobia y el racismo adquieren nuevo brío, mientras el terrorismo simplifica y amplifica su capacidad mortal.

México, afectado en mayor o menor medida por esas amenazas, se sostiene como una patria firme y, aunque padece algunas de las plagas de nuestro tiempo, es un país vivible y con futuro.

Esta viabilidad y fortaleza es obra nuestra, como también lo es aquello en lo que nos equivocamos y que pone en riesgo la herencia que hemos recibido y el legado que dejaremos.

Hay cohetones que no perforan helicópteros, pero que socaban nuestra convivencia. Tenemos que desterrar la pobreza, la violencia, la corrupción, la impunidad, los pequeños y grandes abusos, los absurdos crímenes contra mujeres. Y tenemos que evitar la división.

El proceso electoral que ha comenzado es un escenario que pone a prueba nuestra madurez política y la solidez de nuestra democracia.

Tenemos que ser capaces de competir sin destruir, defender nuestras ideas sin agredir las ajenas, debatir sin descalificar, dialogar sin imponer silencio, arengar sin odio, participar sin exclusiones.

El periodo electoral puede ser intenso y hasta alcanzar alto volumen, pero ello no implica dividir ni polarizar.

Ya enfrentamos bastantes desafíos internos y ya el mundo se encarga por su cuenta de proyectarnos sus sombras.

Frente a todo ello está lo que sí podemos hacer por nuestra parte. Más que agobiarnos por lo que no podemos controlar, hay que hacernos responsables de lo que sí está en nuestras manos.

Lo primero que debemos vencer es lo que amenaza la unidad del país. Unidos, podemos discutir y competir. Y perder o ganar sin destruir. Para que todos los meses se vistan del color de la armonía y septiembre siga vistiéndose de patria.

¿Actuará Trump frente a dreamers como presidente o sheriff?

Alrededor de 800 mil jóvenes migrantes que estudian o trabajan en Estados Unidos se enfrentan a la incertidumbre de si mañana el presidente Donald Trump suspenderá la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) dictada por Obama y que les permitió salir de las sombras y transformar sus vidas.

En sólo cinco años se han constituido en una fuerza de trabajo tal que 350 empresas, muchas de ellas emblemáticas de la Unión Americana, calculan que al menos 72 por ciento de las 25 mejores empresas de Fortune 500 cuenta con beneficiarios de DACA entre sus empleados.

Este relevante grupo de empresas advirtió a Trump en una carta que, de cancelarse DACA, se perderían 460 mil millones del PIB nacional y 24 mil millones en contribuciones al Seguro Social y Medicare.

El tema estaba en la agenda de Trump, pero 10 fiscales estatales le dieron carácter de urgencia al exigir al fiscal general anular DACA, para lo que le dieron hasta el 5 de septiembre. De no hacerlo, dijeron, demandarían al gobierno federal en la misma instancia en la que pudieron frenar otro programa de Obama que beneficiaba a los padres sin documentos que tuvieran hijos estadounidenses.

De acuerdo con la Casa Blanca, será mañana cuando Trump anuncie su determinación
de suspender o no DACA. Entre los escenarios posibles están: 1) Que Trump decida no tocar DACA; 2) que anuncie su conclusión inmediata; 3) que establezca que los permisos de trabajo que vayan expirando no podrán ser renovados; 4) que deje que los fiscales antidreamers entablen la demanda y la ganen y el programa quede cancelado por orden judicial.

De suspenderse DACA, cabría plantearse la posibilidad de que la Oficina de Inmigración y Aduanas inicie un proceso para pedir a la de Ciudadanía y Servicios de Inmigración “todos los archivos de los protegidos por el programa”.

Esta indeseable acción iría en contra de la promesa que hizo en su momento el gobierno de EU en el sentido de que nunca utilizaría esa información para expulsarlos.

Pero Trump ha hecho trizas muchos de los compromisos asumidos por sus antecesores.

Mañana el presidente estadounidense tiene la oportunidad de hacer historia. O permite el curso de la justicia social o dicta una sentencia en contra de cientos de miles de vidas y del propio interés económico de EU.

Por su parte, los empresarios defensores de los dreamers fueron más allá de demandar la continuidad de DACA y exigieron una legislación “que provea a estos jóvenes la solución permanente que merecen”.

Todo apuntaría a que mañana Trump dé una muestra de sensatez, así sea por presión social, y acuerde que DACA permanezca. Pero es Trump, y a veces pareciera que, más que presidente, le gustaría ser recordado, al igual que su admirado y perdonado Arpaio, como el más sheriff más duro de Estados Unidos.

Libertad amenazada

Héctor de Mauleón suele poner orden al caos.

Si el periodismo tiene como funciones esenciales las de informar y opinar, hay trabajos periodísticos que agregan otras aportaciones de valor social, como poner orden en el cúmulo de informaciones que saltan por todas partes y que a veces nos hacen sentir que no hay entendimiento posible.

Con su labor diaria, Héctor estructura porciones de la realidad, la que contextualiza y explica siempre con datos duros y enfoques pertinentes.

Su trabajo proporciona tal cantidad de elementos de información y análisis, que se convierte en denuncia y, eventualmente, en fuerza transformadora de la conciencia de la sociedad y del desempeño de la autoridad.

La suya es una voz de enorme valor en el concierto de la información pública y del debate nacional, especialmente en materia de seguridad, o de inseguridad, si se quiere, ámbito complejo por definición porque en él se dan cita, como amago o como acción consumada, el delito, el crimen, la violencia.

La irracionalidad de la violencia ha amenazado de nueva cuenta a Héctor de Mauleón, tal como lo ha hecho en otras ocasiones por su ejercicio periodístico, particularmente en casos que tienen como escenario la Ciudad de México.

Frente a estas amenazas sólo proceden la indignación y la solidaridad, así como la exigencia a las autoridades de poner un alto a este intento de intimidación y de riesgo potencial, para quien realiza un trabajo honesto y valioso sobre temas que deben ser expuestos.

En un marco más amplio, todas las voces que hacen circular hechos y opiniones nutren la diversidad de expresiones, percepciones e ideas respecto de nuestra realidad y de cómo mejorarla.

A pesar de los matices que cada quien apunte, en México gozamos de una pluralidad de contenidos informativos y de opinión, que hay que conservar y fortalecer.

Los más de 120 periodistas desaparecidos o privados de la vida en los últimos años, así como cientos que han padecido alguna forma de censura violenta y represión, dan una idea del riesgo que hoy implica ejercer el periodismo en México, sobre todo en lugares en donde la vulnerabilidad del informador es más acentuada.

Tal como lo expresó Héctor de Mauleón al recibir la Medalla al Mérito en Artes 2016, “no hay que olvidar la soledad en que se encuentran los periodistas en México”; si no hay un alto a la impunidad, dijo también, “el horror en contra de la actividad periodística no se va a detener”.

El combate a la impunidad es una de las claves para frenar las agresiones a periodistas, como también lo es todo cuanto pueda hacerse para prevenirlos e impedirlos.

Las amenazas deben investigarse porque son por sí mismas un delito, porque pretenden someter la libertad y porque en algunos casos pueden ser adelanto de ataques a la integridad física.

En casos como éste, e infortunadamente hay muchos, no caben solidaridades de grupo o selectivas. Los periodistas, los defensores de derechos humanos y organizaciones diversas de la sociedad civil pueden constituir una gran fuerza para condenar y contener todo intento de intimidación.

A la autoridad corresponde ofrecer las garantías para el ejercicio del periodismo, cuya relevancia social consiste en que se ejerce en función de los demás, de la inmensa mayoría de la sociedad que no podría conocer por sí misma la hondura de sus circunstancias, riesgos y oportunidades, sin el constante fluir de noticias y puntos de vista.

El periodismo no requiere de privilegios respecto de otros oficios o profesiones, pero sí condiciones que aseguren su ejercicio, ciertamente una más de las manifestaciones, pero fundamental, de la libertad de expresión y del derecho a la información.

Twitter: @mfarahg

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

Migración: la hipocresía también mata

Donald Trump sigue en lo suyo: impulsa en el Congreso una iniciativa para dificultar el acceso a visas de trabajo y a la vez empuja la aprobación en el Senado de los mil 600 millones de dólares que solicitó para iniciar la construcción de su muro.

Trump cree que está innovando. Pero es historia conocida: Más vigilancia en la frontera y menos visas de trabajo siempre han dado como resultado la muerte de migrantes y el enriquecimiento de traficantes. Según datos de la Cancillería, por ejemplo, los fallecimientos de mexicanos en la frontera aumentaron en 90 por ciento entre 2015 y 2016, al pasar de 166 a 316.

La más notoria tragedia reciente fue el fallecimiento de 10 personas en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, cuyo alcalde, Ron Nirenberg, dijo que este suceso “arroja luz sobre el drama de los migrantes”.

Es cierto, pero de esa luz ya no podemos esperar nada, y menos que sirva para que nunca más vuelva a ocurrir algo semejante. En todo caso, se trata de un destello que atraerá la atención durante unos días para luego desvanecerse sin que nada cambie.

Nada cambió, por ejemplo, cuando en 2006 murieron asfixiados 19 de los 55 inmigrantes atrapados en un remolque abandonado en Victoria, Texas, ni tampoco después de que en octubre de 2016 fallecieron cinco de los 50 migrantes que eran transportados en un camión, en el municipio de Tres Valles, Veracruz.

Hechos similares se registran al menos 10 por año, afortunadamente la mayoría sin víctimas mortales. Por ejemplo, en junio y julio de 2017 se supo al menos de tres casos con un total de 228 migrantes rescatados de condiciones de riesgo en vehículos inapropiados.

Y, desde luego, ha habido más muertes y rescates después de la tragedia.

A diferencia del migrante Johnny Serna Ramírez, quien despertó después de más de 48 horas de estar inconsciente a causa de la deshidratación y la intoxicación que sufrió dentro de un tráiler, nosotros, centroamericanos y mexicanos, aún no hemos despertado de una larga pesadilla de más de 15 años de drama migratorio.

Miles de fallecimientos en la franja fronteriza no han sido suficientes para que se entienda que ni la necesidad de trabajo de los migrantes ni la necesidad de trabajadores por parte de Estados Unidos son invenciones. Ambas existen y podrían coexistir en un ambiente racional de complementariedad y colaboración.

En lugar de ello nos hemos dedicado a fortalecer y enriquecer las redes criminales de traficantes que capitalizan las políticas restrictivas, elevan las tarifas y ponen en peligro miles de vidas, las dejan a la deriva o las someten a infames delitos como el secuestro y la trata de personas.

Pero si las deseables políticas de humanización de la migración no llegaron a ponerse en marcha cuando gobernaban en Estados Unidos presidentes proclives a impulsarlas, como George W. Bush y Barack Obama, ahora con Donald Trump en la Casa Blanca esa ruta es sencillamente imposible.

No, no tendremos la suerte de Johnny Serna Ramírez, que pudo despertar de su pesadilla. Por el contrario, quizá nos encontramos en el momento más atroz del drama migratorio, exacerbado aquí por nuestros propios rezagos, y allá por la intolerancia y la hipocresía.

Twitter: @mfarahg

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

 

Espectadores apáticos o ciudadanos solidarios

En días recientes, las organizaciones Alto al Secuestro y Mensajeros Urbanos realizaron cuatro simulaciones de eventos de secuestro en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Los testigos optaron por ver sin intención de intervenir y algunos apresuraron el paso. Todos ignoraron los gritos de ayuda de las víctimas.

No es fácil, desde luego, que el testigo de un evento de secuestro intente impedirlo. ¿Qué hacer, entonces?

De ser posible, retener algún dato relevante, como ubicación del lugar, número de placas y características físicas de la víctima y de los agresores. Y desde luego tener presentes los números de emergencia, como el 911, el 089 de la Policía Federal o el 088 para denuncias anónimas.

Si bien resulta comprensible que las personas no intenten impedir el hecho delictivo, no es tan claro por qué sólo una, de entre los cientos que presenciaron las simulaciones, haya marcado el 911.

Quizá sea por la misma razón que algunos de los testigos, al ser interrogados por los equipos organizadores, respondieron que no habían visto nada. Preferían no saber, no sentirse responsables.

En todo caso, ¿qué hace que la mayoría de la gente opte por no involucrarse en situaciones de emergencia, incluso cuando no hay riesgo, como cuando alguien da muestras de requerir ayuda médica en la vía pública, por ejemplo?

El ejercicio realizado por Alto al Secuestro evoca el fenómeno conocido como el Espectador Apático o el Efecto Espectador.

En 1968 los investigadores John Darley y Bibb Latané efectuaron experimentos que revelaron que las personas son menos propensas a ayudar en caso de una emergencia si hay otras personas presentes y que, en contraste, la gente reacciona más si hay menos cantidad de personas alrededor de un caso de emergencia.

Lo que motivó a Darley y Latané a interesarse en el tema fue el homicidio de Kitty Genovesse, en 1964, crimen cometido en la calle y que tuvo varios testigos, sin que ninguno interviniera.

Los experimentos de estos investigadores detectaron que 85 por ciento de las personas que enfrentaron solas la cercanía de la emergencia intentó hacer algo, como dar la voz de alerta y pedir ayuda, en tanto que en sólo 31 por ciento de los casos alguien hizo esto cuando los testigos eran muchos.

La explicación de este comportamiento de Espectador Apático abre dos vertientes, entre otras:

1. Difusión de responsabilidad, que ocurre cuando debido a que hay más personas el individuo piensa que otras intervendrán o reportarán el hecho y, como resultado, se siente menos responsable.

2. Ignorancia pluralista, que se refiere a la mentalidad de que, puesto que nadie está reaccionando ante la emergencia, mi ayuda personal no es necesaria.

Investigaciones posteriores revelan que las personas podemos vernos influidas por la conducta del grupo. Así, en el instante de la emergencia puede imponerse la regla de No ayudar (presión social momentánea para no actuar). Cuando alguien toma la iniciativa de intervenir, normalmente otras personas se suman, como si la primera acción hubiera cambiado la regla por la de ayudar.

Tiene sentido reflexionar a priori sobre nuestra eventual conducta frente a un caso de emergencia. No dejemos nuestra eventual reacción a la inercia del instante. Tan importante es preservar nuestra seguridad como ejercer nuestra solidaridad.

Twitter: @mfarahg

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.

Trump, el muro imposible y el aplauso fácil

Cuando el candidato Donald Trump quería oír aplausos de sus seguidores, hablaba de la construcción del muro entre México y Estados Unidos.

Como presidente sigue haciendo lo mismo, igual que el intérprete musical que sabe que cuando sus bonos bajan, puede rescatar ovaciones si canta su más sonado éxito. Fastidiado de la diferencia entre alardear y gobernar, dijo en un mitin en Iowa: “Tenemos que construir un muro, lo necesitamos. Tenemos que parar la droga”, sentenció, reforzando su idea expresada en Twitter: “México ocupa el segundo lugar más mortal del mundo, después sólo de Siria. El comercio de drogas es, en gran parte, la causa. ¡Vamos a construir el muro!”.

En sus hechos y dichos se puede apreciar:

1.- Que se siente más cómodo como candidato que como presidente. Por eso sigue organizándose mítines de apoyo, donde cualquier frase produce gritería y lo hace sentir profeta.

2.- Que su discurso del muro es un fin en sí mismo, no un medio. Ha cumplido cinco meses como presidente, el 10 por ciento de su mandato, y en lugar de dar cuenta de su avance sigue anunciándolo.

3.- Que su mitomanía es compulsiva. No es cierto que México sea el segundo país más mortal del mundo. La Cancillería mexicana le hizo notar que sólo en América Latina hay al menos cinco países con índice de homicidios notoriamente más altos que los de nuestro país.

4.- Que a falta de argumentos para ganar adeptos, ahora dice que el muro es para frenar la droga. Sabe que con él no detendrá el flujo de droga porque Estados Unidos es el gran mercado de estupefacientes, como lo han reconocido prominentes miembros de su gabinete.

5.- Y que la imposibilidad de contar con recursos, lo lleva a imaginar paneles solares a lo largo del muro, lo que entre otras cosas elevaría aún más el presupuesto requerido, de por sí altísimo.

Todo este espectáculo podría ser divertido, pero debemos tener presente que el muro, aun cuando sea sólo una quimera de Trump, es una propuesta grave e insultante.

Es grave porque a causa de los mil kilómetros de muro que hoy existen, han muerto más de 10 mil mexicanos en la franja fronteriza, al obligar a los flujos migratorios a incursionar en zonas inhóspitas y de alto riesgo. El muro, que hoy alcanza la tercera parte de la extensión de la frontera, ha propiciado que el crimen organizado se haya instalado como el gran traficante, secuestrador y pesadilla de migrantes, puesto que la dificultad de cruzar elevó las tarifas y atrajo el interés de grandes cárteles.

Y es además insultante, porque implica una separación entre países socios y sobre todo porque su razón de fondo es discriminatoria.

A Trump no le importan los migrantes ni la droga, y menos emprender programas para que EUA deje de ser el gran mercado de los narcotraficantes. Lo que le importa es su obsesión por el aplauso fácil de sus bases.

Así, quizá escuchemos al presidente estadounidense decir, durante todo su mandato, que construirá el muro y que nadie sabe construir mejores muros que él.

La afirmación es cierta. Lo ha demostrado aislando a su país del resto del mundo y cediendo a otros el liderazgo mundial que ejerció EUA durante décadas.

Twitter: @mfarahg

Secretario general de la Cámara de Diputados y especialista en derechos humanos.