A dos semanas de la fecha límite para aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México, la Asamblea Constituyente sólo ha aprobado una tercera parte de los 71 artículos que la conformarán y muchos de sus integrantes ya adelantaron que no tendrán el proyecto listo en el lapso esperado, aunque también hay quienes aseguran que concluirán el trabajo a como dé lugar.

Para Imer Benjamín Flores Mendoza, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, a fin de tener un documento que responda a las expectativas de la gente es preciso no acelerar los procesos, pues querer concluir todo el 31 de enero considerando el avance actual, responde más a un interés mediático que a la voluntad de presentar un texto con calidad.

“Esta exigencia calendárica es para promulgarlo el 5 de febrero, en el centenario de la Constitución de 1917. De lograrlo, la ceremonia encabezada por el titular del Ejecutivo justo ese día ya no acapararía todos los reflectores, pues parte se iría con el jefe de Gobierno capitalino y, a casi seis meses de que empiecen oficialmente las campañas presidenciales, lo posicionarían en dicha carrera”, refirió

Desafortunadamente, es frecuente este vicio político de impulsar grandes empresas a fin de que ciertos personajes salgan en la foto y soslayar lo esencial, en este caso lo que aportaría una constitución bien elaborada a la Ciudad de México, advirtió el académico.

“Si la Asamblea Constituyente nos explicara que necesita cuatro meses más para llevar a cabo sus labores no habría problema. Sabemos que prolongar el proceso tiene un peso mediático porque la promulgación estaría muy cerca de las elecciones federales de 2018, pero querer ponerle punto final lo más pronto posible y concluir todo el trabajo en apenas 15 días es arriesgadamente precipitado”, agregó.

La Constitución de la CDMX, una demanda histórica

Concretar una carta magna para la Ciudad de México es de gran relevancia pues se trata de una demanda histórica. Aunque ésta ya tenía un estatuto de gobierno, sus habitantes pedían una constitución que regulara la vida política, subrayó Flores Mendoza.

“Sin embargo, esto planteaba un dilema: ¿cómo elaborarla? Para ello podríamos llamar a un grupo de expertos que redacten el texto o convocar a un congreso constituyente”, dijo.

A final, las autoridades optaron por la última estrategia, pero de forma desaseada, porque además de repartir 60 escaños bajo el principio de representación proporcional (por elección ciudadana), reservaron 40 lugares que fueron asignados por el presidente Enrique Peña Nieto, el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera y las cámaras de diputados y senadores, lo que hizo que el PRI o el PAN quedaran sobrerrepresentados en una urbe donde la mayoría de los votantes simpatizan con el PRD o Morena.

“La CDMX se ha caracterizado por abanderar causas progresistas como el matrimonio igualitario o la interrupción legal del embarazo, por lo que era lógico que su constitución contemplara dichos aspectos; no obstante, debido a su presencia artificialmente robustecida, partidos como el tricolor o Acción Nacional han intentado frenar estas avanzadas”, refirió Flores Mendoza.

Para Mendoza Flores, en la integración de la Asamblea Constituyente se aprecia un interés por no dar luz verde a esta agenda de vanguardia, o al menos no con tanta rapidez, y para ello se pusieron frenos y contrapesos. “Quizá es sano que haya cierto límite y que no todo pase a la primera”, añadió.

Sobre esta experiencia, el académico señaló que es una oportunidad para reflexionar, pues no se reduce a sólo cambiar el nombre de estatuto por el de Constitución o de generar un texto parecido al de otras entidades federativas, sino implica un cambio de actitud respecto a lo que se debe incluir en un documento de estas características y qué no.

Con información de UNAM Global

CAGH