La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México adoptó el lunes una postura poco común contra una de las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad por la ampliación de delitos para considerar la prisión preventiva.
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CNDH culpa a gobierno por migrante muerta por COVID
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México manifestó el viernes que la agencia que regula la inmigración en el país tiene la culpa de la muerte de una migrante salvadoreña por COVID-19 después de que estuvo en un centro de detención en la Ciudad de México.
Seguir leyendo CNDH culpa a gobierno por migrante muerta por COVIDActivistas toman por la fuerza y vandalizan sede CNDH México para exigir justicia
Una sede principal de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, en la capital del país, permanecía ocupada el lunes por familiares de víctimas y activistas que quemaron objetos e hicieron pintadas en paredes y muebles, como protesta por la falta de respuesta a sus demandas.
Seguir leyendo Activistas toman por la fuerza y vandalizan sede CNDH México para exigir justiciaLa CNDH se fractura por caso Iguala; alistan nuevo informe sobre Ayotzinapa
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa causó una pugna interna en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Seguir leyendo La CNDH se fractura por caso Iguala; alistan nuevo informe sobre AyotzinapaUrgen a Congesos locales a armonizar tema de derechos humanos:CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) urgió a los Congresos estatales a acelerar los trabajos de armonización de sus Constituciones locales en materia de garantías individuales y materializarlas en una aplicación adecuada de las leyes.
El organismo precisó que el avance de esta armonización en promedio es de 88.8 por ciento, luego que en 2017 fue de 87.4 y en 2016 de 83.1 por ciento.
Precisó que a siete años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, sólo 16 entidades federativas han completado la la armonización constitucional, incluyendo las 11 disposiciones normativas.
Dichos estados son Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.
En tanto, las cuatro entidades cuyas constituciones cuentan con el menor avance de armonización son Sonora, con 36.4 por ciento; Chihuahua, 36.4 por ciento; Chiapas, 54.5 por ciento, y Morelos, 63.6 por ciento, detalló el organismo nacional en un comunicado.
Ello, anotó, conforme al estudio de seguimiento a la armonización legislativa denominado “Constituciones estatales frente a la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011”, tercera edición.
La CNDH advirtió que no basta con tener buenas leyes, sino que deben materializarse mediante su aplicación adecuada, sobre todo en materia de derechos humanos.
Subrayó que si bien es cierto que las entidades federativas que cuentan con el ciento por ciento de avance y cumplieron con el primer paso para la mejor protección de los derechos humanos, la siguiente etapa es igualmente relevante porque se trata de hacer valer ese marco jurídico y ampliarlo a la legislación secundaria para garantizar el efecto útil de las normas.
Indicó que los mandatos constitucionales conforme a los que la CNDH monitorea la armonización de las Constituciones locales en materia de derechos humanos son los principios pro persona, de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad.
Además, de interpretación conforme a los tratados internacionales, así como la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como la prohibición de toda discriminación motivada por preferencias sexuales, entre otras, agregó.
Derechos Humanos y Segob condenan asesinato de ombudsman de Baja California Sur
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, manifiestó su más amplia y enérgica condena al asesinato del ombudsman de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho.
La agresión, en la que también perdió la vida Fernando de la Toba Lucero, hijo del ombudsman estatal y provocó lesiones graves en su esposa y una de sus hijas, ocurrió aproximadamente a las 19:00 horas, tiempo local de La Paz, Baja California Sur,informó el organismo en un comunicado.
“La CNDH exige a las autoridades estatales y federales realizar una investigación inmediata y a fondo que ubique a los asesinos y los ponga ante la autoridad correspondiente para que este crimen no quede impune”, aseveró.
El ombudsman nacional externó su más sentido pésame, condolencias y solidaridad a familiares y compañeros de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur, así como a los amigos de De la Toba Camacho.
La CNDH dio a conocer que se han emitido medidas cautelares para garantizar la seguridad de los familiares del ombudsman local y de todo el personal de ese organismo local, previo acuerdo con la persona que sea designada para hacerse cargo del despacho de la comisión estatal.
La Presidencia de la CNDH ha recibido del gobernador de esa entidad federativa el compromiso de una investigación expedita y a fondo para esclarecer estos condenables hechos.
Asimismo, la Secretaría de Gobernación (Segob) condenó enérgicamente el asesinato del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho.
Además, la dependencia federal hizo un llamado al gobierno del estado para que dé con los responsables y los ponga a disposición de la justicia.
NTX
Capacita CNDH a servidores públicos para operar unidades sobre activistas y periodistas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impartió capacitación a los servidores públicos de las 32 entidades federativas del país que conformarán las unidades de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Los cursos impartidos por la CNDH buscan sensibilizar a los operadores sobre el riesgo que implica ser defensor de derechos humanos o periodista en el país.
Los cursos se dieron en el marco de los pronunciamientos del ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, a favor de generar una política pública integral de protección a periodistas y defensores de derechos humanos ante el incremento en la violencia contra ellos, para propiciar un entorno adecuado para el desarrollo de sus labores independientemente del lugar de residencia, género, origen étnico, preferencia sexual o ámbito en el que llevan a cabo sus actividades.
La CNDH forma parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos y para brindar la capacitación a los servidores públicos facilitó que instructores colombianos impartieran temáticas relacionadas
con el análisis de riesgo al que se enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos.
MiHeL
Persisten carencias en estaciones migratorias de cinco estados
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura constató la persistencia de situaciones que pueden constituir factores de riesgo en materia de tortura o maltrato en estaciones migratorias y estancias provisionales, ubicadas en cinco estados del país.
Tales situaciones resultan violatorias de los derechos fundamentales al trato humano y digno, a la legalidad y seguridad jurídica, a la protección de la salud y la integridad personal, se informó en un comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
De las 56 situaciones de riesgo de tortura o maltrato observadas originalmente en las referidas estaciones migratorias y estancias provisionales, en Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, dependientes del Instituto Nacional de Migración (INM), persisten 28, que representan el 50 por ciento del total.
Mientras que 18 fueron totalmente atendidas y 10 cuentan con avances encaminados a su atención, según se comprobó en las visitas específicas realizadas en el mes de abril a los centros ubicados en Acapulco, Morelia, Chetumal, Hermosillo, Veracruz, Monterrey, Agua Prieta, Nogales, Cancún y Tuxpan.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura indicó que durante la supervisión se verificaron las condiciones de estancia, lo que permitió evaluar el respeto a los derechos fundamentales de las personas en contexto de migración, en tanto se resuelve su situación.
Además, se realizaron entrevistas con los servidores públicos responsables y el personal médico adscrito y las personas detenidas en contexto de migración. Se llevó a cabo la revisión de expedientes y registros, y se realizaron recorridos por las instalaciones.
Derivado del informe inicial respectivo, se estableció comunicación con personal de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria del INM, para registrar las medidas y acciones emprendidas para atender las observaciones formuladas que dieron origen al Informe 7/2016.
Como consecuencia de ese primer informe, la autoridad manifestó que se gestiona el cambio de inmueble de la Estación Migratoria en Morelia y que, a partir de abril de este año, se suspendió el funcionamiento de la Estancia Provisional en Monterrey, para que las instalaciones que alojan a personas de origen extranjero en contexto de migración, cumplan los requisitos establecidos en la normatividad.
El informe que ya fue debidamente notificado al comisionado del Instituto Nacional de Migración, puede ser consultado en la página www.cndh.org.mx
ntx/jcd
Llaman a fortalecer marco jurídico de los adultos mayores
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció la situación de vulnerabilidad que enfrenta un importante número de personas adultas mayores en el país, la cual no deriva en sí misma del proceso biológico de envejecimiento, sino del concepto que sobre éste se construye socialmente.
En un comunicado, precisó que generalmente se asocia la vejez con la disminución de las capacidades físicas y cognitivas del ser humano y la eventual pérdida de autonomía para decidir, opinar, y participar en las actividades cotidianas de las familias y la comunidad.
Ante ello, pidió al Estado mexicano firmar y ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a fin de ampliar y fortalecer el marco jurídico de los derechos de ese grupo poblacional.
Resaltó que la firma y ratificación de ese instrumento internacional ampliará y fortalecerá el marco jurídico de protección de los derechos de las personas adultas mayores.
Expuso que a la fecha, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015, por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sólo ha sido firmada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay.
El organismo nacional destacó la necesidad de trabajar conjuntamente con instituciones, autoridades, organizaciones de la sociedad civil, familias, y especialmente con las personas adultas mayores, con la finalidad de que se reconozca su carácter de sujetos plenos de derechos.
Además, para que se promueva su empoderamiento y se aliente su participación directa en todos los procesos públicos y privados de toma de decisiones que les afecten.
Todas las personas tienen derecho a vivir una vejez plena, con tranquilidad, salud e independencia y que su realización sólo puede ser resultado de la satisfacción integral de sus derechos humanos durante todo el ciclo vital, añadió la comisión.
Por ello, abundó, es indispensable generar un cambio de percepción sobre el envejecimiento; diseñar e implementar políticas efectivas con enfoque de derechos humanos, de género y sin discriminación.
De igual forma, se requiere asumir los retos y oportunidades de los actores obligados a la protección y garantía de sus derechos para resolver los problemas que afectan a ese sector poblacional, y asegurar su participación en el diseño, implementación, evaluación y fiscalización de las políticas públicas dirigidas a su atención.
ntx/jcd
Aumenta 30 por ciento satisfacción de derechohabientes del ISSSTE
A un año de iniciar el programa “Trato para un buen trato”, el nivel de satisfacción de los derechohabientes del ISSSTE subió 30 por ciento en general y casi dos por ciento en el rubro particular del servicio de urgencias en la zona metropolitana.
En lo que va del presente año, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no ha recibido recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), cuando antes de 2016 se tenían 10 o más al año.
En la ceremonia para hacer un balance de dicho programa, el titular del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, dijo que se realizaron 17 mil 500 encuestas para medir la satisfacción de los derechohabientes.
“Este programa no es sólo un membrete o una imagen publicitaria, significa despertar los sentimientos más nobles de cada trabajadora y de cada trabajador”, indicó.
El funcionario precisó que en el área de urgencias de la zona metropolitana la satisfacción pasó de 6.4 a 8.2 por ciento y se busca aumentarla aún más en todo el país.
En el evento encabezado por el secretario de Salud, José Narro, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola se refirió a la experiencia con el programa Ser IMSS.
Detalló que actualmente la satisfacción en los servicios médicos es de 82 por ciento, donde se tenía el mayor número de quejas junto con él área administrativa.
ntx/jcd
Derechos Humanos pide medidas cautelares por caso de socavón en Paso Exprés
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a autoridades federales y al gobierno de Morelos medidas cautelares para prevenir hechos de difícil o imposible reparación, en el Paso Exprés de la carretera México-Acapulco.
Mediante un comunicado, pidió también “resguardar la seguridad e integridad física de quienes informaron de otros lugares de riesgo” en esa vía, donde el miércoles pasado se abrió un socavón que provocó la muerte de dos personas.
Informó que entre las diligencias que ha practicado en su investigación del caso sobresalen tres entrevistas a familiares de las personas fallecidas, a quienes se les ofreció apoyo psicológico y asesoría jurídica.
Además, se ha entrevistado a siete a testigos que proporcionaron 18 fotografías y presentaron una queja, además de 14 entrevistas más a vecinos del Paso Exprés.
La comisión reconoció la solidaridad de la sociedad civil con las víctimas y el valor que ha mostrado para visibilizar lo que considera irregularidades que dieron origen a estos lamentables hechos, así como sus movilizaciones para evitar que haya impunidad en el caso.
Adicionalmente, indicó que ha practicado 13 acciones de carácter pericial: dos de ubicación y georreferenciación del lugar de la investigación, dos de descripción general de las características del hundimiento.
Una acción más de descripción del material de construcción de la capa de rodamiento, cinco de recorrido de los alrededores de la construcción y tres de sobrevuelo con dron para imágenes aéreas.
El organismo destacó que también serán integradas al expediente de queja CNDH/2/2017/5095/Q las reuniones con diversas autoridades, entre ellas una con personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del área de Residencia General Carreteras, y una con la Comisión de Derechos Humanos de Morelos.
De igual manera dos encuentros con la Fiscalía General del Estado de Morelos, dos con la Procuraduría General de la República (Delegación Morelos) y una con la Secretaría General de Gobierno de esa entidad.
Detalló que sus visitadores adjuntos acudieron a la comisión local para allegarse los tres expedientes de queja que tiene en trámite con motivo de estos acontecimientos, así como a la Fiscalía General estatal para consultar la carpeta de investigación iniciada con motivo del fallecimiento de dos personas en este caso.
La CNDH subrayó que a la fecha se espera la respuesta de distintas autoridades a las solicitudes de información que les formuló este organismo nacional, quienes aún están en tiempo para responder tales peticiones.
Entre ellas, la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría General de Gobierno del Estado de Morelos y Fiscalía General de esa entidad.
Además, la CNDH dio a conocer que solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la inscripción de los familiares directos de las personas que perecieron en el socavón.
Resaltó que su personal permanecerá en el estado de Morelos para llevar a cabo las acciones necesarias tendentes a lograr el esclarecimiento de los hechos que constituyen la presente investigación.
ntx/jcd
“Violaciones graves” a derechos humanos en masacre de San Fernando: CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recalificó su conclusión sobre el secuestro y matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en agosto de 2010, y subrayó que esos hechos constituyen “violaciones graves” a derechos humanos.
En un comunicado, la CNDH informó que “acordó hacer pública la información del expediente en que fueron privados de la vida 72 personas migrantes de distintas nacionalidades en el municipio de san Fernando, Tamaulipas por tratarse de violaciones graves a los derechos humanos”.
Señaló que “a pesar de tratarse de un asunto concluido que se encuentra en fase de cumplimiento, y que de origen no fue calificado como violaciones graves, atendiendo el principio de máxima publicidad y el interés de la sociedad en conocer la verdad de los hechos, se determinó recalificar los hechos que contiene el expediente como relacionados con violaciones graves.
Detalló que a partir de un análisis jurídico pormenorizado del contenido de la información del referido caso, “la CNDH determinó que los hechos están relacionados con “violaciones graves” a los derechos fundamentales de las 72 personas migrantes que, en un inicio, fueron secuestradas y posteriormente privadas de la vida por un grupo de hombres armados en San Fernando, Tamaulipas”.
El 25 de agosto de 2010 la CNDH radicó de oficio ese expediente y en su oportunidad emitió la recomendación 80/2013 al acreditarse violaciones a derechos humanos.
Se aclaró que de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en ese momento, el organismo nacional reservó el acceso a la información al igual que la autoridad ministerial competente.
Pero “con base en el reciente análisis jurídico se ponderaron los criterios cualitativos y cuantitativos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció para determinar los casos en que ciertos hechos pueden ser considerados como ‘violaciones graves’ de los derechos humanos, por lo que el 20 de junio de 2017 la CNDH determinó que se actualizaban dichos criterios en el caso de las 72 personas migrantes en comento”.
El organismo explicó que el aspecto cualitativo se tuvo por cumplido al estimarse en esta nueva valoración que el entorno en el cual acontecieron los hechos coincidía con un patrón de eventos criminales que se suscitaron entre los años de 2008 a 2011 en el territorio mexicano y, particularmente, San Fernando, Tamaulipas.
En cuanto al criterio cuantitativo, dijo, se basa en distintos elementos específicos y se demuestran tanto por la gravedad de la violación a los derechos humanos, la intensidad y amplitud de la violencia infligida, así como por la generalidad, la frecuencia y la prolongación en el tiempo de estos lamentables hechos violatorios.
“En consecuencia, la CNDH acordó que, al reunirse ambos criterios, era procedente la determinación legal de recalificar estos hechos como ‘violaciones graves’ a los derechos humanos de estas víctimas, actualizándose así la excepción prevista en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, consistente en que las ‘violaciones graves’ a derechos humanos no podrán ser reservadas”, por lo que ahora se difunde dicha información.
Otro efecto legal de este acuerdo emitido por la CNDH instruye notificar esta resolución a las víctimas, al procurador general de la República, Raúl Cervantes, y al gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en su calidad de autoridades competentes.
jlpz
Anuncian plan de investigación ministerial por presunto espionaje
La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que implementará un plan de investigación ministerial en torno al presunto espionaje a comunicadores y activistas en el país.
En dicho plan participarán el FBI, la Unión Internacional de Comunicaciones y la escuela superior de ingeniería del IPN, entre otros organismos internacionales, informó Ricardo Sánchez, fiscal especial para Delitos Relacionados contra la Libertad de Expresión.
En un mensaje a medios dijo que “los hechos vertidos en la prensa son serios. Y esta Procuraduría agotará las líneas de investigación a efecto de asegurar que las y los periodistas y defensores de derechos humanos en nuestro país puedan ejercer su profesión de manera libre y con todas las garantías que las leyes otorgan. La investigación está en curso”.
Sánchez Pérez del Pozo indicó que el ministerio de justicia canadiense participará, vía asistencia jurídica internacional, con las entrevistas a The Citizen Lab, de la Universidad de Toronto.
Además se declarará a todas las empresas que han vendido equipos que posibilitan la intervención de comunicaciones en México -con las capacidades que han señalado periodistas y defensores-, a efecto de conocer a detalle a qué gobierno estatales ha entregado este tipo de equipos.
Se verificará si, en su caso, alguno de estos pudieran haber llegado a entidades distintas a las dependencias públicas, de igual manera, se realizará la operación de este equipo en instancias federales.
Con apoyo del Artículo 190, fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se solicitará a las empresas de telefonía celular los registros de llamadas de los celulares presuntamente infectados, para detectar similitudes en los números que hubieran enviado al virus.
El fiscal comentó que la ley establece que los registros deben resguardarse por dos años.
“Se ha ordenado a todas las dependencias estatales y federales de seguridad que pudieran tener acceso a equipos y software para realizar intervención de comunicaciones, que resguarden toda la información relacionada a la contratación del equipo Pegasus u otras similares o análogas”, expuso.
En ese sentido, indicó que todas las personas que han señalado de manera formal o mediática que sus equipos móviles han sido intervenidos, “estarán siendo notificados para que aporten su equipo físico a la investigación”.
Ello, con el fin de realizar al aparato “un análisis forense que incluirá la fijación telefónica, la fotografía de los mensajes sospechosos y la ubicación, en su caso, del virus”.
Sánchez Pérez del Pozo informó finalmente que todas las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a esta institución, ya han sido cumplidas desde el 24 de junio y se continuará trabajando estrechamente con este organismo.
En el evento realizado en el Auditorio Bustamante de la sede de la PGR, estuvieron el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán; y la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Sara Irene Herrerías Guerra.
ntx/jcd
Piden estrategia de seguridad en transporte público de Estado de México
La senadora panista Mariana Gómez del Campo Gurza pidió al gobierno del Estado de México diseñar e implementar una estrategia contundente de seguridad para el transporte público, que garantice la integridad física de los usuarios.
En un punto de acuerdo, la legisladora solicitó al gobierno mexiquense que, por medio de la Secretaría de Movilidad, regularice de forma urgente los procedimientos de evaluación y certificación para los conductores de las unidades de trasporte público, a fin de brindar seguridad a los pasajeros y evitar la incidencia de feminicidios.
“El transporte público en esa entidad sigue siendo un gran problema, cualquier persona que utilice el transporte está expuesto a ser asaltado, abusado sexualmente o que se le prive de la vida”, expuso.
En este sentido, la legisladora recordó que el pasado viernes 9 de junio, en Nezahualcóyotl, el cuerpo de una niña de 11 años fue hallado con signos de abuso sexual en una combi abandonada de la ruta 40 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exigió a la Fiscalía y autoridades una investigación exhaustiva e integral, para evitar que el caso quede en la impunidad.
ntx/jcd
Derechos humanos pide hacer efectiva ley para prevenir y sancionar la tortura
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a materializar la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, a través de métodos racionales y profesionales de investigación.
Además, mediante métodos inteligentes y más cercanos a la cultura jurídica que se forja, con pleno respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad de las personas, pues del año 2000 a mayo de 2017, este organismo autónomo recibió 417 quejas por tortura y emitió 100 recomendaciones.
Por lo que hace a malos tratos, la CNDH indicó que se registraron 11 mil 196 quejas y se emitieron 191 recomendaciones
En el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemora este 26 de junio, resaltó que la ley en la materia es un gran avance, pero insuficiente por sí sola para cambiar la realidad y erradicar ese flagelo en nuestro país.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos indicó que su origen como institución de lucha contra la tortura y los abusos del poder, marcó su tarea y compromiso contra tales flagelos.
“El reto que ahora enfrentamos como país es hacer efectiva la ley general, contar con la profesionalización de los actores en su aplicación una vez en vigor, otorgarle los recursos suficientes para instrumentar sus contenidos”, anotó.
Y sobre todo, de identificarse casos de tortura, investigarlos a fondo y sancionarlos, todo ello con profesionalismo para evitar la impunidad, pues “de no ser así, seguirá dándose el fenómeno de buenas leyes, pero distantes en su aplicación”.
Hizo hincapié en que la tortura erosiona las razones esenciales de ser de las instituciones y las coloca en riesgo de ser rebasadas, por lo cual debe ser combatida en forma oportuna y decidida, además de que se requiere terminar con la impunidad mediante el castigo ejemplar de quienes cometen este delito y de quienes lo encubren.
Externó su confianza en que las autoridades, al poner a los derechos humanos en el centro de su actuación, investiguen a fondo las conductas inadmisibles de algunos servidores públicos.
Ello, “para que la justicia se abra paso y se termine la impunidad que tanto daño causa a nuestro país, el cual requiere fortalecer el Estado de derecho y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones”.
En cuanto al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, recordó que a finales de 2015 implementó la emisión de recomendaciones y a la fecha cuman cuatro, sobre centros de reclusión penal que dependen de los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo y Quintana Roo.
Además, una sobre lugares de detención dependientes de los ayuntamientos de Álamos, Banámichi, Benjamín Hill y Etchojoa, en Sonora; y una más relativa a lugares de detención de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.
El Mecanismo ha emitido también diversos informes, tanto iniciales, como de seguimiento a todas las entidades federativas, de los Gobiernos Estatales y Municipales. De igual forma ha creado Espacios de Oportunidades y ha intensificado los programas de difusión y capacitación en la materia.
La Asamblea General de la ONU declaró el 26 de junio como Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, con vistas a la erradicación total de la tortura y la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la resolución 39/46.
En este marco, la CNDH llamó a intensificar las acciones de prevención generando garantías de no repetición de actos de tortura e instó a todas las autoridades a combatir la impunidad, sancionar a aquellos que conciben o autorizan cualquier forma de tortura o trato cruel, inhumano o degradante.
ntx/jcd
CNDH pide medidas cautelares para agraviados por presunto espionaje federal
El escrito de queja fue presentado por diversos periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el que refieren que han sido víctimas de ataques informáticos de vigilancia.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares para aquellos periodistas y defensores de derechos humanos que presuntamente fueron espiados por el gobierno mexicano.
La CNDH pidió a la Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Gobernación (Segob), dependencias señaladas de tener programas para intervenir comunicaciones de aparatos telefónicos y computadoras, evitar la revelación de datos íntimos de los afectados.
El Organismo recibió un escrito de queja presentado por diversos periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el que refieren que han sido víctimas de ataques informáticos de vigilancia vía teléfonos celulares, a través de un programa denominado “Pegasus”.
Agregó que se debe instruir a todas y todos los servidores públicos de las dependencias señaladas a garantizar en todo momento el libre ejercicio de la libertad de expresión de medios de comunicación y periodistas, así como la labor de defensa de los derechos humanos de activistas y organizaciones de la sociedad civil, sin contravenir en ningún momento su derecho a la privacidad.
Mientras que a la PGR se le requirió instruir al personal ministerial que conozca de las denuncias presentadas por los agraviados, para que realicen la investigación de los hechos con profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia.
jcd
Piden a Derechos Humanos dar a conocer datos sobre feminicidios
Bajo el principio de que la información es fundamental para dar seguimiento a las acciones públicas y privadas de protección a las mujeres, el INAI ordenó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dar a conocer estadísticas de feminicidios de 2015 y 2016, incluyendo las principales causas de este delito en Puebla.
Al presentar el caso ante el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la comisionada Ximena Puente de la Mora destacó la importancia de terminar con la impunidad en estos casos y de erradicar la violencia contra las mujeres, precisamente a través de la información.
Según reportó el INAI en un comunicado, un particular solicitó a la CNDH información sobre los feminicidios, a lo que esa instancia se declaró incompetente y lo remitió al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y a la Procuraduría General de la República (PGR).
Inconforme con la respuesta, la persona presentó el recurso RRA 2617/17, pero, en alegatos, la comisión reiteró su respuesta; la comisionada Puente de la Mora encontró que la CNDH sí es competente para conocer la información.
Ante sus pares, la comisionada advirtió que la comisión de derechos humanos tiene para formular denuncias ante las autoridades correspondientes por posibles feminicidios y unidades administrativas que pueden conocer la información, como la Tercera y la Cuarta Visitadurías Generales y la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo.
Las visitadurías tienen entre sus atribuciones, elaborar un diagnóstico anual sobre la situación de respeto de los derechos humanos en el sistema de reinserción social del país, el cual debe contener, como mínimo, los datos estadísticos sobre el número, las causas y los efectos de los homicidios.
La Secretaría Técnica se encarga de fortalecer la cooperación y colaboración de la CNDH con los organismos locales, para fortalecer la protección y defensa de los derechos humanos.
Bajo estas consideraciones, el pleno del INAI revocó la respuesta del organismo nacional y le instruyó hacer una búsqueda exhaustiva, a fin de que proporcione al particular la información de su interés.
Con base en lo anterior, Ximena Puente enfatizó la necesidad de medir el fenómeno de los homicidios de mujeres por razones de género, por lo que resulta vital contar con información específica sobre el tema, principalmente si el objetivo es combatir este problema.
ntx/jcd
CNDH exige investigar a funcionarios por el asesinato de Valeria
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizar una investigación integral, profesional y exhaustiva, a fin de evitar que el caso de Valeria, la niña de 11 años asesinada y presuntamente violada en el municipio de Nezahualcóyotl, quede en la impunidad.
Ayer, la Fiscalía General del Estado de México (FGE) informó sobre la detención de un hombre de 43 años de edad identificado como José Octavio “N” como el presunto responsable del homicidio de la menor.
De acuerdo con la Fiscalía, José Octavio manejaba la unidad de transporte público en la que agredió sexualmente y después asfixió a la niña.
Los primero reportes indicaron que el chofer abandonó el cuerpo de Valeria dentro de la unidad marcada con número económico 278, de la ruta 40.
El detenido cuenta con antecedentes penales en la Ciudad de México, acusado de abuso sexual e incluso estuvo interno en un penal.
En un comunicado difundido este domingo, el organismo defensor de los derechos humanos destacó que el homicidio de Valeria genera una gran consternación y preocupación, toda vez que existen señalamientos por parte de familiares de la víctima en el sentido de que la denuncia sobre la desaparición de la niña no fue debidamente atendida por las autoridades que conocieron de la misma.
Además, agregó la CNDH, de que la persona señalada como presunto responsable del homicidio y ataque a la menor, habría estado laborando normalmente como chofer de transporte público en el Estado de México, teniendo denuncias penales por abuso sexual en la Ciudad de México.
La CNDH urgió a las autoridades a emprender acciones urgentes para revertir el contexto de inseguridad y violencia que existe en México, así como para proporcionar a la sociedad niveles mínimos de seguridad que permitan el cabal ejercicio de sus derechos y prevenir ataques y agresiones contra las personas, y en particular, contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
De igual forma, exigió que se investigue la actuación de los servidores públicos que conocieron de la denuncia formulada por los familiares sobre la desaparición de Valeria, así como el estado que guardan las denuncias y causas penales iniciadas en la Ciudad de México, en contra de la persona que ha sido señalada como responsable del homicidio de la niña.
jcd
CNDH emite recomendación a Semar por tortura y violencia sexual a pareja en S.L.P.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al titular de la Secretaría de Marina (Semar), Vidal Francisco Soberón Sanz, por la detención arbitraria de un hombre y una mujer, a quienes torturaron e hicieron víctimas de violencia sexual.
Además, ambas personas fueron retenidas de manera ilegal por 11 horas y 40 minutos, en San Luis Potosí, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar).
La CNDH emitió la Recomendación 20/2017, dirigida al Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, en la que señala que en lugar de ponerlos a disposición de la autoridad ministerial en forma inmediata, los marinos los torturaron e hicieron víctimas de violencia sexual.
Lo anterior, toda vez que el 13 de mayo de 2013 la defensora pública federal de ambos agraviados presentó ante la CNDH dos escritos de queja en los que manifestó que al rendir su declaración ministerial, cada uno de ellos refirió las agresiones que recibieron por los elementos navales aprehensores.
El hombre refirió que el 9 de mayo de 2013 fue detenido por elementos navales, quienes lo llevaron a instalaciones de la SEMAR, donde lo golpearon y dieron descargas eléctricas.
En entrevista con un visitador adjunto de la CNDH, señaló que al estar en las instalaciones navales fue desnudado y mientras era interrogado le daban descargas eléctricas en las costillas, los testículos y el labio inferior de la boca, así como que le dieron pisotones en la cabeza.
En tanto que la mujer explicó que el 10 de mayo de 2013 fue detenida por personal naval cuando se encontraba en su casa y que al ingresar los elementos camuflados, uno de ellos la comenzó a golpear en la cabeza con el puño y después fue trasladada a instalaciones de la SEMAR donde le bajaron los pantalones y la ropa interior para darle descargas eléctricas en diversas partes del cuerpo como en los genitales, ombligo, entrepierna, pies, boca. Así como que fue golpeada con el puño en el estómago.
Señala que los detenidos finalmente, fueron trasladados a las oficinas de la PGR en la Ciudad de México, donde fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal por los elementos navales aprehensores.
El organismo señala que con la recepción de los escritos de queja se inició en esta Comisión Nacional el expediente CNDH/2/2013/4046/Q, lográndose acreditar que con el actuar de los elementos navales se transgredieron los derechos a la libertad, integridad y seguridad personal y a la seguridad jurídica de ambos agraviados, por la detención arbitraria, retención ilegal, actos de tortura y violencia sexual.
Por lo anterior, la CNDH recomendó al titular de SEMAR reparar el daño a los agraviados conforme a la Ley General de Víctimas, que incluya atención médica y psicológica; colaborar en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule ante la Procuraduría General de la República, para que se investigue y determine conforme a derecho la responsabilidad de los efectivos de la SEMAR que participaron en los hechos.
Asimismo, colaborar en el trámite de la queja que se promueva ante la instancia competente de esa Secretaría, contra los elementos navales involucrados; se deberán impartir cursos de capacitación en materia de derechos humanos con perspectiva y equidad de género a los servidores públicos de la SEMAR, enfocados a la prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, además de elaborar o, en su caso, actualizar un protocolo para que los servidores públicos de la Secretaría de la Marina empleen, en todos sus operativos, cámaras fotográficas, de videograbación y grabación de audio; e inscribir a los agraviados en el Registro Nacional de Víctimas.
jlpz
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Por ejemplo, en diciembre pasado y en enero de 2017 ningún experto hacía alusión a este tema cuando se les cuestionaba sobre los factores que pueden obstaculizar el crecimiento. Este factor también despuntó en el nivel de preocupación que le dan los especialistas, al pasar de 4.9 en la encuesta de abril a 5.1 en la de mayo. De acuerdo con Banxico, el nivel de preocupación 1 refleja que un tema es poco limitante para el crecimiento y 7 significa que es muy limitante.
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