La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció la situación de vulnerabilidad que enfrenta un importante número de personas adultas mayores en el país, la cual no deriva en sí misma del proceso biológico de envejecimiento, sino del concepto que sobre éste se construye socialmente.
En un comunicado, precisó que generalmente se asocia la vejez con la disminución de las capacidades físicas y cognitivas del ser humano y la eventual pérdida de autonomía para decidir, opinar, y participar en las actividades cotidianas de las familias y la comunidad.
Ante ello, pidió al Estado mexicano firmar y ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, a fin de ampliar y fortalecer el marco jurídico de los derechos de ese grupo poblacional.
Resaltó que la firma y ratificación de ese instrumento internacional ampliará y fortalecerá el marco jurídico de protección de los derechos de las personas adultas mayores.
Expuso que a la fecha, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de 2015, por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sólo ha sido firmada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay.
El organismo nacional destacó la necesidad de trabajar conjuntamente con instituciones, autoridades, organizaciones de la sociedad civil, familias, y especialmente con las personas adultas mayores, con la finalidad de que se reconozca su carácter de sujetos plenos de derechos.
Además, para que se promueva su empoderamiento y se aliente su participación directa en todos los procesos públicos y privados de toma de decisiones que les afecten.
Todas las personas tienen derecho a vivir una vejez plena, con tranquilidad, salud e independencia y que su realización sólo puede ser resultado de la satisfacción integral de sus derechos humanos durante todo el ciclo vital, añadió la comisión.
Por ello, abundó, es indispensable generar un cambio de percepción sobre el envejecimiento; diseñar e implementar políticas efectivas con enfoque de derechos humanos, de género y sin discriminación.
De igual forma, se requiere asumir los retos y oportunidades de los actores obligados a la protección y garantía de sus derechos para resolver los problemas que afectan a ese sector poblacional, y asegurar su participación en el diseño, implementación, evaluación y fiscalización de las políticas públicas dirigidas a su atención.
ntx/jcd