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Espionaje en dispositivos móviles afectó a miles de personas en el mundo durante 2020

Durante el 2020, 53 mil 870 usuarios de teléfonos móviles fueron afectados en su privacidad por medio de aplicaciones de espionaje. Esta actividad, considerada una forma de ciberviolencia, se da mayormente en parejas quienes desean saber el contenido y los mensajes personales de la otra persona. Sin embargo, existen recursos para evitar ser espiado desde dispositivos móviles, los cuales cobraron mayor protagonismo en la vida diaria durante la pandemia.

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Wikileaks filtra a “Dumbo” , la herramientas de la CIA para espiar tu webcam.

El portal WikiLeaks publicó recientemente diversos detalles sobre el proyecto “Dumbo”, herramienta de la CIA que manipula cámaras web y micrófonos además de ser capaz de corromper grabaciones de video. De acuerdo con el sitio, la filtración forma parte de la serie Vault 7.

“Dumbo puede identificar, controlar y manipular los sistemas de vigilancia y detección en un equipo de destino que ejecute el sistema operativo Windows” indicó Wikileaks, por lo que solamente estarían afectadas las cámaras de seguridad y lo equipos que ejecuten el
sistema operativo Windows desde la versión XP.

“Mediante el borrado o la manipulación de grabaciones el operador es asistido en crear evidencia falsa o destruir evidencia de la operación de intrusión”, por lo que si quisieran, podrían llegar a manipular el sistema, corrompiendo o borrando grabaciones de forma remota o incluso cambiándolas por otras.

Es así que su función principal es eliminar, borrar o cambiar información en audio y video, en caso de que algún despliegue de los agentes del Centro para la Inteligencia Cibernética de la CIA se vea comprometido.

Esto significa que el programa tiene capacidad de eliminar o manipular las grabaciones, permitiendo así la creación de evidencia falsa o la eliminación de pruebas reales.

La única desventaja de este software, es que debe ser introducido desde un pendrive y de forma manual, por lo que a no ser que haya intromisión física, será imposible ejecutarlo.

Una vez instalado, el programa identifica los dispositivos a los que se encuentra conectados por medio de redes inalámbricas (Bluetooth, WiFi) o por cable y es capaz de bloquear todos los procesos relacionados con ellos.

MiHeL

Abogados del caso Narvarte también recibieron mensajes para ser espiados con “Pegasus”

Los abogados de las víctimas del caso Narvarte recibieron mensajes para ser espiados con el malware “Pegasus”, que supuestamente el gobierno mexicano compró a una empresa israelí, según informó The Citizen Lab.

Karla Micheel Salas y David Peña son los abogados de los familiares de Nadia Vera, Yesenia Quiroz Alfaro y Mile Virginia Martin, quienes fueron asesinadas junto a Alejandra Negrete y al fotógrafo Rubén Espinosa en un departamento ubicado en la colonia Narvarte de la
Ciudad de México en el 2015.

Salas y Peña recibieron los mensajes para ser espiados entre septiembre y octubre de 2015, cuando “las interrogantes crecieron sobre la actuación de las autoridades en los asesinatos en la Narvarte, y los reportes de que las víctimas fueron torturadas y abusadas
sexualmente”, dice el reporte del Citizen Lab.

En total, el organismo tiene contabilizados 21 casos en los que se utilizó el malware “Pegasus” para espíar a mexicanos, supuestamente por parte del gobierno.

Esta mañana, The Washington Post recoge el reporte de ese organismo de la Universidad de Toronto, que previamente desveló el presunto espionaje a periodistas, activistas y otros ciudadanos mexicanos. Sin embargo, el gobierno federal rechazó tales imputaciones.

MiHeL

Piden que PGR continúe investigación sobre presunto espionaje a periodistas

La Segunda Comisión de la Permanente avaló un punto de acuerdo para pedir a la PGR que continúe con la investigación sobre el presunto espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos y, en su caso, solicite la asesoría, asistencia y cooperación de instituciones nacionales e internacionales en esta tarea.

El dictamen, según Noticias MVS, será discutido y votado durante la sesión de este miércoles, señala que la investigación debe garantizar en todo momento los principios de objetividad, imparcialidad y eficacia, a fin de lograr el debido esclarecimiento del caso.

En este sentido, el diputado por Morena, Vidal Llerenas Morales, afirmó que no basta con la indagatoria que lleva a cabo la PGR, por lo que destacó la necesidad de pedir de manera directa la participación de una instancia independiente que apoye en la investigación de este caso.

De igual forma, la senadora por el PAN, Pilar Ortega Martínez, se pronunció a favor de solicitar el apoyo de expertos independientes, a fin de que no quede lugar a dudas y se dé una connotación de imparcialidad a la investigación.

No obstante, la senadora por el PRI, Diva Gastélum Bajo, defendió la redacción del punto de acuerdo, en el cual se establece que “en su caso” se podrá pedir la participación de expertos nacionales e internacionales, tal y como lo indica de manera textual el Acuerdo Marco del Alto Comisionado de la ONU.

con información de Noticias MVS/jcd

PGR compró red espía Pegasus a prestanombres.

El dueño legal de Grupo Tech Bull SA de CV, la empresa intermediaria mexicana que vendió a la PGR el malware espía Pegasus en 32 millones de dólares, vive en un asentamiento irregular ubicado en una barranca.

Al otro lado de esa cañada, en una habitación del pueblo de Santa Lucía, vivía el apoderado legal de la misma empresa y quien firmó el contrato con Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR).

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), a través de los periodistas Raúl Olmos, Valeria Durán y Daniel Lizárraga, ubicó los domicilios del dueño, así como del operador de Grupo Tech Bull y constató que ambos residían en inmuebles ubicados en colonias.

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Uno de ellos, Carlos Cayetano Miguel, quien en actas apareció como dueño y administrador único de Tech Bull al momento de realizarse la venta de Pegasus a la PGR, aseguró en entrevista que no supo de esa transacción millonaria y que, además, no recibió ni un peso de ganancia.

MCCI solicitó a la dirección de Comunicación Social de la PGR una entrevista sobre las condiciones en que se contrató a Grupo Tech Bull, pero no hubo respuesta. También se pidieron entrevistas con ex funcionarios de la misma PGR, involucrados en la compra del malware, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no hubo una postura al respecto.

—¿Sabías que la empresa que fundaste vendió al gobierno un malware por 32 millones de dólares? —se le preguntó a Cayetano Miguel cuando salía de su casa en la calle Río Jordán 15, colonia Puente Colorado, en la barranca de Guadalupe.

—Casi no veo noticias, ni sabía.

— ¿Sabías que ese malware se usó para espiar a periodistas y activistas?

—Ah, eso sí no sé.

—A tu empresa le fue muy bien…

—A la mejor las personas que después la tuvieron tenían un plan.

—¿Y si una autoridad te preguntara?

—Les diré que yo nada tengo que ver.

—¿Tú qué utilidad recibiste?

—No, yo no; le digo que yo no sabía nada de eso. La empresa es la que tiene el dinero.

—Eras administrador único de 2013 a 2014. ¿Quién era el encargado de las ventas?

—No teníamos, estábamos empezando.

—¿No vendieron nada?

—No.

Cayetano Miguel no recuerda dónde vivió su socio, ni datos para localizarlo

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—“Hace como tres o cuatro años vendí mis acciones”, comentó.

—¿A quién vendiste esas acciones?

—La verdad no recuerdo.

—¿En cuánto vendiste las acciones?

—Creo que mi aportación fue de 3 mil pesos en aquel tiempo, en 2013. Ya después no tengo idea de qué se hizo; se vendió o no se vendió, a quién se le vendió —respondió Cayetano Miguel mientras caminaba presuroso por las calles de la colonia Puente Colorado, uno de los asentamientos ubicados en torno a la barranca de Guadalupe, camino al paradero donde abordaría el autobús que lo llevaría a su empleo en un despacho contable.

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Operaciones misteriosas

Grupo Tech Bull se constituyó el 10 de octubre de 2013 en la ciudad de México, ante el notario Alfredo Ayala Herrera, con un capital de 50 mil pesos. Y, apenas un año después, el 29 de octubre de 2014, vendió a la PGR el malware espía Pegasus en 32 millones de dólares.

En el acta constitutiva —a la que tuvo acceso MCCI— quedó inscrito como socio y administrador único el mismo Carlos Cayetano Miguel, de 26 años de edad. Esta empresa, capaz de vender un sistema empleado para labores de seguridad nacional, nació el mismo día en que él se tituló como contador público en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), con una tesis titulada Conversión de estados financieros a moneda extranjera en el sector de los alimentos.

El objeto social de Grupo Tech Bull es la compra-venta de todo tipo de instrumentos y servicios de seguridad, incluido equipo táctico y de inteligencia, radares, torres de vigilancia, unidades móviles de videovigilancia y grabación, aviones no tripulados a control remoto (drones), vigilancia en aeronaves, sistemas para detección de armamento y explosivos; traslado y custodia de valores e instalación de blindajes.

cedula_jesus.gif¿Cómo es que a Carlos Cayetano se le ocurrió emprender un negocio tan sosticado en materia de seguridad, si carecía de experiencia en el tema? Él mismo responde: “Fue así de ‘vamos a hacer una empresa’”.

Según el dueño legal de Tech Bull, desde que crearon la empresa en octubre de 2013 y hasta que se retiró de la administración del negocio en noviembre de 2014, “no hizo ninguna venta”.

Así —según su dicho— la PGR compró el más sofisticado equipo israelí de espionaje a una empresa recién creada, sin experiencia en el tema y que antes de ese contrato no tuvo ventas.

El apoderado fantasma

El 29 de octubre de 2014, un año después de la creación de Grupo Tech Bull, la PGR firmó
un contrato a favor de dicha empresa para el servicio de 500 infecciones de equipos celulares con el malware Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group.

Por la PGR firmó el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, mientras que por Tech Bull lo hizo Luis Armando Pérez Herrero, un ingeniero en sistemas originario de Hidalgo que acababa de incorporarse a la empresa como apoderado
general.

El acta en la que Carlos Cayetano Miguel —dueño de Tech Bull— designó a Armando Pérez como el encargado de las cobranzas y su representante ante futuros litigios ingresó al Registro Público de Comercio de la Ciudad de México el 16 de octubre de 2014, sólo 13 días
antes de que firmaran el contrato con la PGR.

Al momento de recibir el poder legal, Luis Armando Pérez Herrero aseguró ante el notario Javier Eduardo del Valle que su domicilio estaba en la avenida Tamaulipas 2016, en el pueblo Santa Lucía, en la delegación Álvaro Obregón. La dirección es de cinco comercios y cuatro viviendas que pertenecen a una familia.

MCCI preguntó a los inquilinos y locatarios si conocían a Armando Pérez Herrero, pero nadie pudo identificarlo.

Junto a las viviendas y los comercios marcados con el número 2016 de la avenida Tamaulipas hay un edificio de habitaciones individuales para estudiantes y personas que trabajan, los cuales son alquilados en 4 mil pesos.

“Tal vez el Armando Pérez que busca vive ahí”, dijo una de las vecinas consultadas. El supuesto domicilio del apoderado de Tech Bull también está ubicado cerca de una zona de barrancas que se extiende hasta la presa Mixcoac, contaminada por aguas negras.

En el acta en la que se le otorgaron poderes generales en la empresa, aparece que Armando Pérez Herrero es originario de Pachuca, Hidalgo, donde nació el 21 de marzo de 1983 (tiene 34 años). En el Registro de Profesiones consta que obtuvo en 2017 su cédula
profesional como Licenciado en Ingeniería en Sistemas Computacionales, por el Instituto de Estudios Superiores del Valle de Orizaba, en Veracruz.

El primer domicilio de Grupo Tech Bull estaba en Homero 538, interior 303, en Polanco, que corresponde a un edificio de oficinas virtuales en el que también estaban inscritas dos empresas fantasmas de Veracruz, ligadas a la red utilizada por el ex gobernador Javier Duarte, según constató MCCI.

Carlos Cayetano, fundador de Tech Bull, aceptó que el edificio de Homero fue donde inició la empresa.

Vínculo con Balam Seguridad

De acuerdo con una red de correos electrónicos filtrados por la organización Wikileaks, Tech Bull es una filial de Balam Seguridad Privada, la cual fue creada el 15 de mayo de 2012 por Asaf Zanzuri, de origen israelí.

Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño, sobrino del coordinador de Puertos y Marina Mercante de la SCT y ex dirigente del sector popular del PRI, Guillermo Ruiz de Teresa, se incorporó como socio de Balam el 23 de enero de 2013, según documentos a los que tuvo acceso MCCI.

Balam, junto con Tech Bull, acapararon contratos en prácticamente todas las dependencias de seguridad del gobierno federal.

En esos correos aparece Rodrigo Ruiz como director de Balam, como consta en un mensaje enviado por el representante legal de Grupo Tech Bull, Armado Pérez Herrero, a la compañía italiana Hacking Team, también dedicada al espionaje y con la que mantenían
negociaciones para la compra de otros equipos.

El remitente del correo es la misma persona que firmó el contrato de venta de Pegasus a la PGR en octubre de 2014. En el mismo correo, fechado el 28 de noviembre de 2014 —un mes después de haber vendido el programa espía al gobierno—, Armando Pérez Herrero describió a Balam y a su filial Grupo Tech Bull como la “número uno en la PGR y en la Marina”, además con presencia en todos los organismos de seguridad del país.

“Nuestros mejores clientes son la Marina mexicana, la PGR, el Cisen, la Policía Federal y una gran cantidad de procuradurías, incluyendo el Estado de México”, detalla el mensaje, así como su variedad en productos de espionaje.

Asegura: “Acabamos de vender a la PGR (contrato ya firmado y ellos ya enviaron el dinero) el sistema NSO Pegasus”.

Nexo con funcionarios

La empresa Balam Seguridad tenía un acuerdo con NSO Group sobre el precio que pagarían por 500 infecciones de aparatos de telefonía de personajes que serían espiados. Sin embargo, la compañía israelí intentó elevarles 50% el precio cuando se enteraron de que el contrato con la PGR ya se había firmado.

Fue entonces que, a través de un intermediario israelí de nombre Eric Banoun, la empresa Balam buscó negociar con Hacking Team la compra de un malware similar al de NSO, de acuerdo con otro correo fechado el 29 de noviembre de 2014 y dirigido a un ejecutivo de la
compañía italiana de equipo de espionaje:

“Un amigo mío, Rodrigo de Balam Seguridad, uno de los mayores jugadores hoy en el campo de las soluciones de inteligencia en México, se pondrá en contacto con usted a principios de la próxima semana con una urgente solicitud de propuesta. Su compañía recibió un contrato de PGR México por un sistema basado en infecciones para móviles basado en 500 agentes reutilizables. Originalmente, la oferta se adaptó a otra empresa, llamada NSO Pegasus. El tema principal es que Rodrigo está buscando una alternativa viable a la luz del precio exorbitante establecido por NSO”.

El correo detalla que Rodrigo Ruiz era el negociador directo con la PGR. Pese a que ya había cobrado por el malware Pegasus desde octubre de 2014, el representante legal de Tech Bull todavía estaba en negociaciones en diciembre del mismo año, para sustituir el programa desarrollado por NSO Group de Israel por uno similar de la compañía Hacking Team de Italia, según consta en otros correos consultados para esta investigación.

Y también negocia con los estados Rodrigo Ruiz también intervenía en la negociación para abastecer equipos de seguridad a por lo menos cinco estados de la República.

En la cadena de mensajes filtrados por Wikileaks, aparece el correo del sobrino del funcionario de la SCT ([email protected]) en la supuesta negociación de contratos para el Estado de México, Chiapas, Baja California, Puebla y Michoacán. También se verificó la existencia del correo.

En una charla con MMCI, Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño aseguró que la empresa Tech Bull —cuyo nombre apareció en el contrato con la PGR firmado en 2014— nunca ha pertenecido a Balam Seguridad Privada y dijo que sus datos personales, así como sus catálogos de
productos fueron usados sin su consentimiento.

MCCI le pidió a este empresario una entrevista grabada sobre el hecho de que Tech Bull robó sus datos y se presentó ante firmas internacionales de seguridad ilegalmente como una filial de Balam. No obstante, horas antes de la cita, él mismo la canceló argumentando
razones de seguridad.

Sin embargo, en la charla previa, Ruiz reconoció que conocía a la gente de Tech Bull y que alguna vez había hecho negocios con ellos para la compra de unas cámaras de seguridad, aunque no especificó de qué tipo ni para que las utilizarían.

Carlos Cayetano, el supuesto dueño de Tech Bull, contradijo esa versión:

—¿Conoces a la gente de Balam?

—No, la verdad no —dijo.

—¿Ubicas a Rodrigo Ruiz?

—No.

—Platicamos con el dueño de Balam y nos dijo que sí tuvo tratos comerciales con Tech Bull.

—A la mejor fue… pero ya con los otros [con los que supuestamente compraron sus acciones].

Carlos Cayetano aseguró que cedió o vendió sus acciones en Tech Bull “hace tres o cuatro años”, pero no supo precisar la fecha.

“A final de cuentas, si a la mejor aparece que se vendió [el malware Pegasus], yo no le veo problemas”, añadió.

Tomás Zerón de Lucio estuvo al frente de las negociaciones del malware cuando era jefe de la Agencia de Investigación Criminal. De 2007 a 2016 ha ocupado puestos de alta responsabilidad en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y en la desaparecida Policía Federal Preventiva, además de la PGR.

Hoy es secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional con oficinas en Los Pinos.

En el contrato firmado entre la PGR y el Grupo Tech Bull —dado a conocer el pasado 29 de junio por el noticiero En Punto, de Televisa— se especificó que la compra se haría bajo los criterios de “riesgo y urgencia”.

MiHeL

El gobierno también espió al GIEI: NYT

Un equipo de investigadores internacionales pertenecientes al GIEI, traído a México para resolver el caso de los 43 normalistas desaparecidos, fue objetivo de la sofisticada tecnología de vigilancia vendida al gobierno mexicano para espiar a criminales y terroristas, según The New York Times.

El espionaje ocurrió durante lo que los investigadores calificaron como una amplia campaña de acoso e interferencia que les impidió resolver el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron después de tener un enfrentamiento con la policía en Iguala, hace casi tres años.

Nombrados por una comisión internacional que vigila los derechos humanos en América, los investigadores dicen que rápidamente fueron víctimas de una táctica de cerrojo implementada por el gobierno mexicano, al recibir una negativa para tener acceso a ciertos documentos o para conceder entrevistas vitales.

Ahora, evidencia forense muestra que los investigadores internacionales también estaban siendo atacados por tecnología avanzada de vigilancia.

El contacto principal del grupo de investigadores recibió mensajes de texto con el software espía conocido como Pegasus, una poderosa arma cibernética en la que el gobierno de México gastó millones de dólares para adquirir, según un análisis independiente.

El teléfono del coordinador fue utilizado por casi todos los miembros del grupo, sirviendo a menudo como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la comisión internacional que los nombró y el gobierno mexicano.

Más allá de eso, los investigadores dicen que recibieron mensajes de texto idénticos en sus propios celulares, también, atrayéndolos a hacer clic en enlaces que secretamente desbloquean el teléfono inteligente de un objetivo y lo convierten en un poderoso dispositivo de vigilancia.

Las llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto, calendarios y contactos pueden ser vigilados de esta manera. Los mensajes cifrados se vuelven inútiles. Incluso el micrófono y la cámara en un teléfono inteligente se puede utilizar en contra de su propietario.

Este caso, se suma al de periodistas activistas y derechos humanos en México que recibieron el misterioso mensaje de texto con un enlace para desplegar a Pegasus en sus celulares

Con información de The New York Times

Gobierno de EPN habría espiado a integrantes del GIEI

Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encargados del caso Ayotzinapa también pudieron ser espiados con el malware Pegasus mientras se encontraban en México.

En marzo de 2016 recibieron mensajes similares a los utilizados para infectar teléfonos celulares de periodistas, activistas y políticos mexicanos, informaron integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La comisionada Esmeralda de Troitiño, quien presidió este jueves la audiencia de la CIDH sobre el mecanismo especial de seguimiento del caso Ayotzinapa, informó que el organismo recibió una carta del GIEI, la cual notificó la recepción de mensajes de texto con enlaces hacia páginas probablemente infectadas con el malware Pegasus.

“Vamos a comunicarle formalmente esta carta al Estado”, subrayó el comisionado James Cavallaro -exintegrante del GIEI-, quien insistió en que el presunto espionaje gubernamental contra los defensores de derechos humanos es un tema de “extrema preocupación” para la CIDH.

Durante un año, los expertos del GIEI coadyuvaron en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

Su labor obligó la Procuraduría General de la República (PGR) a ampliar las líneas de investigación y desacreditó la llamada “verdad histórica” elaborada por el gobierno federal para explicar lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.

jlpz

Anuncian plan de investigación ministerial por presunto espionaje

La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que implementará un plan de investigación ministerial en torno al presunto espionaje a comunicadores y activistas en el país.

En dicho plan participarán el FBI, la Unión Internacional de Comunicaciones y la escuela superior de ingeniería del IPN, entre otros organismos internacionales, informó Ricardo Sánchez, fiscal especial para Delitos Relacionados contra la Libertad de Expresión.

En un mensaje a medios dijo que “los hechos vertidos en la prensa son serios. Y esta Procuraduría agotará las líneas de investigación a efecto de asegurar que las y los periodistas y defensores de derechos humanos en nuestro país puedan ejercer su profesión de manera libre y con todas las garantías que las leyes otorgan. La investigación está en curso”.

Sánchez Pérez del Pozo indicó que el ministerio de justicia canadiense participará, vía asistencia jurídica internacional, con las entrevistas a The Citizen Lab, de la Universidad de Toronto.

Además se declarará a todas las empresas que han vendido equipos que posibilitan la intervención de comunicaciones en México -con las capacidades que han señalado periodistas y defensores-, a efecto de conocer a detalle a qué gobierno estatales ha entregado este tipo de equipos.

Se verificará si, en su caso, alguno de estos pudieran haber llegado a entidades distintas a las dependencias públicas, de igual manera, se realizará la operación de este equipo en instancias federales.

Con apoyo del Artículo 190, fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se solicitará a las empresas de telefonía celular los registros de llamadas de los celulares presuntamente infectados, para detectar similitudes en los números que hubieran enviado al virus.

El fiscal comentó que la ley establece que los registros deben resguardarse por dos años.

“Se ha ordenado a todas las dependencias estatales y federales de seguridad que pudieran tener acceso a equipos y software para realizar intervención de comunicaciones, que resguarden toda la información relacionada a la contratación del equipo Pegasus u otras similares o análogas”, expuso.

En ese sentido, indicó que todas las personas que han señalado de manera formal o mediática que sus equipos móviles han sido intervenidos, “estarán siendo notificados para que aporten su equipo físico a la investigación”.

Ello, con el fin de realizar al aparato “un análisis forense que incluirá la fijación telefónica, la fotografía de los mensajes sospechosos y la ubicación, en su caso, del virus”.

Sánchez Pérez del Pozo informó finalmente que todas las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a esta institución, ya han sido cumplidas desde el 24 de junio y se continuará trabajando estrechamente con este organismo.

En el evento realizado en el Auditorio Bustamante de la sede de la PGR, estuvieron el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, Alberto Elías Beltrán; y la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Sara Irene Herrerías Guerra.

ntx/jcd

Peña Nieto instruye a investigar si señalamientos sobre espionaje tienen sustento

El gobierno de la República rechaza categóricamente cualquier intervención en la vida privada de cualquier ciudadano, pues este “es un gobierno democrático; este es un gobierno que respeta y tolera las voces críticas”, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto.

“Resulta muy fácil señalar y apuntar; resulta muy fácil convocar para que se señale al gobierno como alguien que espía o como una entidad que espía; nada más falso que eso, porque ninguna de las personas que se sienta agraviada, puede afirmar, mostrar o evidenciar siquiera que su vida se haya visto afectada o lastimada por esas supuestas intervenciones y por ese supuesto espionaje”, sostuvo.

Durante la ceremonia de inauguración de un Parque Industrial en Lagos de Moreno, Jalisco, recalcó que no hay “nada más falso y nada más fácil, que señalar a un gobierno que se dedique a esta actividad”.

Aseveró que ha quedado acreditado y que nadie puede señalar o advertir que su administración “no haya tolerado, haya sido condescendiente, haya aceptado y haya reconocido que la crítica enriquece el actuar del gobierno”.

El jefe del Ejecutivo federal señaló que “somos un gobierno que condenamos de manera categórica cualquier intervención que se tenga en la vida privada de quienes son activistas y de cualquier persona. No cabe intervenir de manera ilegal la vida privada de ningún ciudadano”.

Esa actividad, añadió, “no cabe en la democracia que vivimos en nuestro país. Esto es un gobierno que actúa por convicción”, y dio a conocer que dio indicaciones a la Procuraduría General de la República (PGR) para que haga la investigación correspondiente a partir de las denuncias que se han presentado, por el supuesto espionaje a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas.

El jefe del Ejecutivo federal dio a conocer que instó a la dependencia a actuar con celeridad y prontitud para que deslinde responsabilidades y determine si tienen sustento dichas afirmaciones, y cuál es su origen, y que aplique la ley “contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno”.

Afirmó que el gobierno cuenta con tecnología para mantener la seguridad interna del país, que se utiliza para combatir al crimen organizado, para generar condiciones de seguridad para los mexicanos. “Esa es la utilidad y el empleo de la tecnología que tienen efectivamente distintas instituciones encargadas de la seguridad de nuestro país”.

Acompañado por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, apuntó que “somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados”.

Como presidente de la República, “a veces recibo mensajes cuya fuente desconozco, pero procuro en todo caso ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente. No faltará alguien que alguna vez exhiba alguna conversación mía; ya ha ocurrido, ya ha pasado”, reveló.

ntx/jcd

Condena Alto Comisionado de la ONU espionaje a periodistas

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que encabeza Jan Jarab, condenó actos de espionaje digital y acoso en contra de periodistas, activistas en contra de la corrupción y personas defensoras de derechos humanos, en México, incluidos de sus familias.

El pasado lunes el diario estadounidense The New York Times reveló que el gobierno mexicano obtuvo un software con el cual ha podido, entre otros, espiar a periodistas, defensores de derechos humanos e incluso a activistas que han trabajado para sacar adelante las legislaciones anticorrupción.

Estos hechos, señaló la ONU-DH, constituyen entre otras violaciones injerencias arbitrarias en la vida personal, prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, que deben ser investigadas y los responsables rendir cuentas.

“Los hechos denunciados son profundamente preocupantes. Comprendemos plenamente la indignación que sienten quienes han sido víctimas de estos actos, particularmente en el caso del menor de edad y la esposa de una de las víctimas.

Además, el hecho de que periodistas, activistas y defensores sean objeto de estas acciones resulta especialmente grave por el esencial papel que juegan en un estado democrático de derecho, pues con su trabajo contribuyen a la ficalización del poder, la difusión de información, la promoción y protección de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y por la justicia”, aseguró Jan Jarab, el representante de la ONU-DH en México.

Añadió que el uso de herramientas tecnológicas de vigilancia por parte de instituciones públicas, debe estar sometido a estrictos controles que eviten cualquier utilización ilegal de las mismas.

La ONU-DH recordó que existen medidas señaladas por distintos órganos internacionales como esenciales para evitar injerencias arbitrarias e intervenciones ilegales de comunicaciones, que incluyen controles internos, judiciales, parlamentarios y por parte del ejecutivo, así como mecanismos para garantizar la rendición de cuentas de carácter
público sobre el uso de estos sistemas.

“Con independencia del avance de las investigaciones judiciales, desde mi Oŵcina exhortamos a las autoridades para que informen qué instituciones públicas cuentan con estos recursos tecnológicos, de qué manera los utilizan y, sobre todo, qué medidas se adoptaron para garantizar su control, deslindando las posibles responsabilidades administrativas por su uso ilegal”, resaltó Jarab.

Aplaudió la solicitud de medidas cautelares que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Gobernación y la Procuraduría General de la República.

“Asimismo, la ONU-DH toma nota del anuncio de la PGR de investigar estos hechos y alienta a que dicha investigación se realice de forma pronta, exhaustiva e imparcial, agotando todas las líneas de investigación e informando regularmente a la sociedad mexicana de los avances de la investigación, dada la trascendencia del caso”, añadió.

MiHeL

CNDH pide medidas cautelares para agraviados por presunto espionaje federal

El escrito de queja fue presentado por diversos periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el que refieren que han sido víctimas de ataques informáticos de vigilancia.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares para aquellos periodistas y defensores de derechos humanos que presuntamente fueron espiados por el gobierno mexicano.

La CNDH pidió a la Procuraduría General de la República (PGR), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Gobernación (Segob), dependencias señaladas de tener programas para intervenir comunicaciones de aparatos telefónicos y computadoras, evitar la revelación de datos íntimos de los afectados.

El Organismo recibió un escrito de queja presentado por diversos periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el que refieren que han sido víctimas de ataques informáticos de vigilancia vía teléfonos celulares, a través de un programa denominado “Pegasus”.

Agregó que se debe instruir a todas y todos los servidores públicos de las dependencias señaladas a garantizar en todo momento el libre ejercicio de la libertad de expresión de medios de comunicación y periodistas, así como la labor de defensa de los derechos humanos de activistas y organizaciones de la sociedad civil, sin contravenir en ningún momento su derecho a la privacidad.

Mientras que a la PGR se le requirió instruir al personal ministerial que conozca de las denuncias presentadas por los agraviados, para que realicen la investigación de los hechos con profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia.

jcd

Las noticias mas importantes para iniciar el día.

La jornada

Caracas exige en la OEA verdad y justicia para el caso Ayotzinapa

Ante el reiterado señalamiento del gobierno mexicano de que en Venezuela se ha roto el orden democrático, la administración de Nicolás Maduro respondió ayer con la presentación ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) de dos propuestas de resolución relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la construcción del muro en la frontera norte por parte de Washington.

El Sol de México

Maduro ha ahogado a Venezuela; inflación descontrolada

El principio del fin ocurrió cuando Rafael Caldera, entonces presidente de Venezuela, indultó a Hugo Chávez, después de un frustrado golpe de Estado. Los antichavistas maldicen aquel día de 1994. Aquella decisión tiene postrado al país sudamericano a pesar de la enorme riqueza petrolera con la que cuenta.

Reforma

Dona a Morena; recibe millones

Patricia Lizeth Sánchez Vázquez hizo un negocio redondo. En 2015, donó 127 mil 480 pesos en especie al candidato de Morena a Jefe Delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, y en 2016, ella y sus familiares obtuvieron contratos con esa demarcación -ya encabezada por el morenista- por 33 millones de pesos.

Milenio

PGR investiga presunto espionaje a periodistas

La Procuraduría General de la República informó
que investigará a los posibles proveedores de la tecnología Pegasus, que
fue utilizada para presuntamente espiar a periodistas y defensores de
derechos humanos, además de que solicitará información sobre a qué
dependencias federales y estatales, así como a qué empresas les han
facilitado este tipo de intervención.

Excélsior

Menor, el ajuste para 2018: José Antonio Meade

El ajuste a las finanzas públicas para 2018 será menor de lo que fue en los años previos, aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade.

El Universal

Piden indagar al PRI por recibir fondos de Duarte

Políticos de partidos de oposición exigieron a las autoridades judiciales investigar al PRI por presuntamente haber recibido más de 10 mil
millones de pesos de fondos públicos de la administración del ex gobernador de Chihuahua, el priísta César Duarte Jáquez.

MiHeL

 

Gobierno espía a periodistas y activistas: NYT

El gobierno espió a periodistas y activistas disidentes a través de herramientas que fueron compradas a una firma israelí para perseguir a delincuentes, reveló una investigación realizada por diferentes organizaciones civiles.

La investigación -realizada por Artículo 13, R3D y Social Tic con asistencia del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá- señala que a través de diversos ataques a dispositivos de los objetivos se instaló un malware, el cual da acceso a todos los contenidos y funciones de los celulares infectados, como activar cámaras y micrófonos, acceder a mensajes, fotos, contactos, agendas y aplicaciones que transfieren la información en tiempo real mediante internet.

Entre los objetivos, destaca la investigación divulgada por el diario New York Times, se encuentran integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Aristegui Noticias, y el periodista Carlos Loret de Mola.

El malware utilizado se llama Pegasus y fue desarrollado por la empresa israelí NSO Group, que debido a las leyes internacionales únicamente es vendido a gobiernos para perseguir a criminales.

Las personas en la mira del gobierno mexicano recibieron diversos mensajes de texto en sus celulares, que con amenazas o fake news (noticias falsas) buscaban que dieran clic en ligas de internet que automáticamente descargan e instalan el virus.

jcd