La consulta popular para enjuiciar a cinco expresidentes es “un concierto de inconstitucionalidades” porque no le corresponde a la ciudadanía decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, sino denunciarlos, además que se ponen en riesgo los derechos de las víctimas de esos delitos y se vulnera la presunción de inocencia de los exmandatarios.