Hace unos días el padre Alejandro Solalinde recibió una grave amenaza. A lo largo de los años ha padecido este acoso por su defensa de los migrantes indocumentados y por otras de sus causas en favor de grupos y personas vulnerables.
En 2012, por ejemplo, tuvo que suspender temporalmente sus actividades de defensa de los derechos humanos porque la Pastoral de la Movilidad Humana, la CNDH, Amnistía Internacional y las Brigadas Internacionales por la Paz le recomendaron alejarse del albergue debido a media docena de amenazas que por entonces había recibido.
Con cierto humor, Alejandro Solalinde llamó a esta suspensión “retirito táctico”, con lo que por una parte minimizaba la gravedad de las amenazas y por otra dejaba claro que no se iría.
Y no se fue, desde luego. Por el contrario, abrazó más causas, siempre en contra del crimen y del abuso de poder, y siempre en favor de las víctimas.
Como él, otras personas en México deciden, a veces por iniciativa propia y a veces forzadas por las circunstancias, trabajar en defensa de sus derechos, de los de su comunidad o de terceros. Lamentablemente en muchos casos tienen que hacerlo en condiciones de riesgo.
De acuerdo con la Recomendación General 25 de la CNDH, en seis años (2010-2015) 25 defensoras y defensores de derechos humanos fueron asesinados y tres desaparecidos, y muchos otros se vieron obligados a salir de sus comunidades o lugares de origen.
Al delito sigue la impunidad, y a la impunidad la repetición del delito. Se conocen siempre los nombres de las víctimas y casi nunca los de los victimarios.
Es indispensable acabar con la certeza que tienen el homicida intelectual y el material de que su crimen será registrado, archivado y olvidado por las instancias de procuración de justicia.
Esa es historia conocida y reiterada. Imposible frenar las amenazas, el hostigamiento y las agresiones contra defensores de derechos humanos si no se castiga a sus instigadores y ejecutores.
El crimen es apetecible para quienes, carentes de escrúpulos, encuentran además que amenazar y matar no tiene costo.
Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que la sociedad valore al defensor de derechos y para que la autoridad respete y proteja su actividad y su vida.
Todo crimen es reprobable, desde luego, pero aceptar por apatía o inconciencia que se persiga, amedrente o agreda a un defensor de derechos es renunciar a esos derechos y es, además, firmar la silenciosa y vergonzante declaración de que no estamos dispuestos a defender los derechos humanos de quien defiende los de todos.
Mi solidaridad para con Alejandro Solalinde y todos los defensores civiles de derechos humanos.
Twitter: @mfarahg
