El Ministerio español de Energía, Turismo y Agenda Digital anunció hoy el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña, en Burgos, norte español, que estaba parada desde diciembre de 2012 de forma segura.

En rueda de prensa, el ministro español de Energía, Álvaro Nadal, indicó que el gobierno español decidió no autorizar la reapertura de Garoña, la más antigua de las centrales nucleares del país, ya que necesita inversiones muy significativas para volver a ser operativa.

Expuso que la determinación se debe al escaso impacto de la central en el sistema eléctrico español, ya que tiene una potencia de tan solo 400 megavatios.

Además no existe certidumbre política ni económica para que puedan amortizarse las inversiones necesarias, dada la oposición de la mayoría de los grupos parlamentarios, indicó.

La organización ecologista Greenpeace expresó su satisfacción por esa determinación ante la falta de certidumbre para que la central nuclear opere con seguridad, la falta de interés del operador, Iberdrola y Enel-Endesa, y por el impacto nulo que supondrá en el sistema eléctrico.

La responsable de la campaña de Energía nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, apuntó que “Greenpeace celebra que Garoña vaya a comenzar su desmantelamiento porque se abre definitivamente la puerta hacia el fin de la energía nuclear en España”.

Anotó que Garoña cierra porque la ampliación de su vida no es rentable para sus dueños, “pero lo celebramos porque cerrar las nucleares es más seguro y rentable que darles más licencias”.

La organización ecologista, junto a otros organismos no gubernamentales, lleva todos estos años informando, documentando y protestando de forma pacífica para pedir el cierre de Garoña por motivos de seguridad y de contaminación al medio ambiente.

Asimismo, han denunciado la modificación de las normativas para dar ventajas económicas a los propietarios contra el interés general.

De acuerdo al último informe publicado por Greenpeace, “el inevitable cierre de las centrales nucleares españolas: una oportunidad económica y social”, el desmantelamiento generaría cien mil puestos de trabajo y el proceso del abandono nuclear supondrá un aumento total del PIB de unos 20 mil millones de euros (23 mil 632 millones de dólares).

No obstante, las eléctricas apenas han cubierto el 30 por ciento del fondo para la gestión de los residuos nucleares.

La central nuclear de Garoña recibió autorización para ponerse en marcha en 1966, y cinco años después, cuando se conectó a la red, era la única central en funcionamiento en España de las llamadas de Primera Generación.

Tiene un reactor igual al reactor número 1 de la central de Fukushima Daiichi, y entre otros, sufría problemas de agrietamiento, problemas de su sistema eléctrico, problemas de refrigeración y deficiencias tras las pruebas de resistencia que se realizaron a raíz del accidente nuclear de Fukushima.

Cumplió 40 años de vida operativa en 2011 y tenía permiso de operación hasta el 6 de julio de 2013, pero la empresa propietaria pidió el cese de operación en diciembre de 2012.

Las inversiones requeridas en seguridad tras la catástrofe nuclear de Fukushima y las normas sobre fiscalidad energética estaban detrás de su final de operación.

Posteriormente, en mayo de 2013, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) admitió que Garoña mantuviera su licencia sin operar, pero Industria no pudo hacer valer esta decisión y tuvo que declarar su cierre definitivo de explotación, en vigor al día de hoy.

En 2014 se aprobó un real decreto que permitía a Garoña obtener una nueva autorización y Nuclenor (Central Nuclear de Santa María Garoña) pidió la ampliación hasta 2031, hasta que hoy el ministro Nadal anunció su cierre definitivo.

Para Greenpeace, el parque nuclear en España está envejecido, tiene una media de 33 años y con las licencias de explotación actualmente en vigor alcanzará los 38 años, por lo que se está, por tanto, ante el final de la vida útil de las centrales nucleares del país.

Sin embargo, acotó, estas necesitan ser desmanteladas, y sus residuos radiactivos gestionados adecuadamente para su almacenamiento durante periodos de tiempo incalculables.

Estos residuos suponen que el cierre de las centrales nucleares no es el fin de la gestión nuclear y la sociedad debe continuar resolviendo estos asuntos, por ello Greenpeace propone no conceder ninguna licencia de explotación a los reactores nucleares operativos en España una vez concluya su periodo de validez.

Pide elaborar un nuevo Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos para administrar la peligrosa basura que generan las nucleares.

Montón resaltó que “todas las personas y las futuras generaciones merecen un futuro sin más residuos nucleares, sin más accidentes nucleares y con un modelo energético seguro, limpio y justo”.

NTX/MiHeL