Secretaría de la Función Pública archivos

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) señaló que es necesario que los involucrados en la auditoría de la Función Pública respecto a las irregularidades en la obra del Paso Exprés contesten las observaciones de la dependencia, ya que es un paso ineludible en la defensa de los involucrados y para fincar sanciones correspondientes.

“Este es un paso ineludible y sin éste no se cumple con el procedimiento legal. No es conveniente adelantar juicios, cada quien tiene su derecho de defensa y lo va a ejercer ante la Función Pública”, mencionó el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.

Entrevistado en el marco de la Convención Nacional 2017 de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), afirmó que el procedimiento que realiza la Función Pública es legal, y las observaciones que hizo a servidores y empresas deberán estar contestadas dentro del plazo mencionado.

Cabe mencionar que esta Secretaría de la Función Pública informó la víspera que detectó 22 observaciones en cuatro contratos del Paso Exprés, los cuales suman mil 34 millones de pesos en irregularidades y pagos en exceso, entre otras.

Refirió que entregaron a la Función Pública elementos que ayuden a tomar una decisión, lo más pronto posible, sobre las probables sanciones a los responsables de socavón del Paso Exprés.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reiteró que se llegará hasta sus últimas consecuencias y quienes tengan responsabilidad sobre el incidente, se trate de servidores públicos, empresas públicas y privadas, así como funcionarios locales, deberán asumirlas.

“Nos hemos sumado a toda la investigación que realiza la Secretaría de la Función Pública. Hemos aportado elementos, documentos, le hemos dado comentarios que se están dando dentro del sector público y privado para que puedan tomar decisiones”, subrayó.

A su vez, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, comentó que además de las responsabilidades técnicas y morales de las obras se requiere un cambio de política pública que permita contar con especialistas en la materia, para que los proyectos de infraestructura estén sustentados desde la convocatoria.

“Es evidente que tenemos que profundizar en la técnica y que los proyectos de infraestructura estén con anticipación a lo que se requiere. Estamos trabajando con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en una serie de foros para la propuesta del plan del sector empresarial en ese sentido. La constitución de un banco de proyectos técnicamente sustentados y con políticas pública de supervisión que sigan los siguientes proyectos en el país”, anotó.

Aseveró que la transparencia debe registrarse en todo el proceso de las obras de infraestructura y que lo sucedió en el Paso Exprés es algo que debe de llevar a un cambio de política pública en la materia.

NTX

Split Financiero

En este espacio le he venido comentando sobre el proceso que lleva el Servicio de Administración Tributaria (SAT), hoy en manos de Osvaldo Santín, para la compra de 40 mil computadoras, contrato que rondaría entre los 860 y los mil mdp, y que fue lanzado desde el pasado 25 de mayo, bajo la licitación número LA-006E00001-E4-2016, “Administración de Puestos de Servicio 3 (APS-3)”. Pues la novedad en el proceso es que justo la semana pasada, la misma Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Javier Vargas, decidió suspender provisionalmente el fallo que se había dado el 2 de septiembre, además de ordenar el mantener las cosas en el estado que actualmente guardan, incluida la no formalización del contrato. Este fallo daba como ganadora a la empresa Centro de Productividad Avanzada (Cepra), de Joel Sánchez, la cual se había inconformado –expediente No. INC.0011/2016–, ante el primer fallo emitido el 21 de junio de este mismo año por el SAT, y en donde habían declarado ganador a la firma Mainbit, de José Antonio Sánchez, con una puntuación final entre propuesta técnica y económica de 89.48 puntos versus 88.44, respectivamente. Así, el OIC a cargo de Gloria Mendoza Villalva, revertió el fallo después de realizar un análisis a fondo de las propuestas técnicas, siendo ahora Cepra la ganadora con un puntaje final de 91.77, mientras que Mainbit se quedó con 89.48 de calificación, situación que motivó de inmediato a Mainbit para denunciar diversas irregularidades en el proceso ante la Función Pública. La firma de José Antonio Sánchez alega que “pretende evitar que se materialice un procedimiento de licitación pública irregular, viciado en la parte de evaluación de propuestas, cuestión que transgrede lo dispuesto en el Artículo 134 Constitucional en el sentido de que no se obtendrían las mejores condiciones para el Estado”. Ahora habrá que ver la última palabra de Santín Quiroz y su equipo. En el concurso, el cual estuvo a cargo del administrador general de Recursos y Servicios del SAT, Ulises Moreno Munguía, quien por cierto fue titular del OIC en la misma dependencia, también participaron las empresas Interconecta S.A. de C.V., y Tecnoprogramación Humana Especializada en Sistemas Operativos S.A. de C.V., quienes seguramente querrán saber a detalle la investigación y conclusiones de la misma, ya que no se descarta una reposición total del proceso.

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