La protección a la labor profesional de periodistas y defensores de derechos humanos es una prioridad del gobierno federal, dijo Jorge Ruiz del Ángel, director general adjunto de Recepción de Casos y Reacción Inmediata de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

En el marco de la conferencia informativa “La protección al Ejercicio de la Libertad de Expresión”, dirigida a profesionales de la comunicación y defensores de derechos humanos, el funcionario federal señaló que en el presente año más de 600 peticiones de protección han sido recibidos por la unidad a su cargo.

“Hasta el mes de abril eran 582 personas, entre periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, hasta el mes de mayo llevábamos 64”, la mayoría corresponden al segundo grupo, comentó en entrevista previa.

“La idea es generar condiciones de seguridad para que puedan desarrollar sus funciones, su labor periodística y de defensa de derechos humanos propiamente dicho”, señaló.

Expresó que ante amenazas y agresiones, se procede a la protección de la persona afectada y su familia, que van desde apoyo en el simple cambio de la chapa en un domicilio, escolta, vehículo blindado, logística o la extracción de los afectados hacia refugios secretos.

Actualmente, resaltó, es complicado hablar los problemas en algunas regiones del país para el ejercicio del periodismo, pero la apuesta del Ejecutivo federal y de gobiernos estatales es “que el respeto a la libertad de expresión es la piedra angular de toda sociedad democrática y en esos términos se tiene que garantizar y respetar”.

“No estamos como en el mejor esquema, en los mejores tiempos, pero creo que todas las instituciones de Estado, así en ese concepto, se tienen que reagrupar y garantizar esta libertad, que es fundamental”, expresó Ruiz del Ángel.

Enfatizó que la creación del mecanismo de apoyo a periodistas y defensores de derechos humanos “surge como una necesidad exigida por la sociedad civil, por organismos internacionales y por supuesto, la idea y el reconocimiento del Estado de cumplir con esta obligación”.

En ese sentido, señaló que mecanismos como el federal ya se replica en estados como Veracruz y “la idea es que ante adversidades, circunstancias desfavorables y de riesgo por la actividad periodística, puedan realizar su trabajo en condiciones de normalidad”.

“Nuestra labor como parte del Estado es poder garantizar las condiciones favorables y decir que el Estado tiene interés, tiene la preocupación porque el ejercicio periodístico se realice en condiciones garantes para esta actividad”, expresó.

En su exposición, realizada en la Torre Administrativa del gobierno estatal, explicó la forma de ingreso, valoración e incorporación, cuando se solicita protección y en su caso las medidas de protección y seguimiento que se da en su caso.

Dentro de este proceso la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación realiza un análisis de riesgo, nivel y origen sobre el particular, al recibir denuncias de amenazas o agresiones.

Agregó que dentro de los retos en esta tarea está cómo solventar el impacto económico, familiar, social y laboral que implica por ejemplo, la extracción de quienes son objeto de estas circunstancias, toda vez que “muchos han tenido que dejar su labor y es un temor muy fuerte”.

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