En medio de la reciente polémica sobre la cifra de candidatos asesinados durante el periodo electoral 2023-2024 en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó las estadísticas reportadas por diversas organizaciones, afirmando que solo se registraron seis casos, en contraste con las cifras más altas mencionadas por grupos como Data Cívica, que elevan la cifra a más de 40 dirigentes muertos.
Durante la conferencia matutina del 14 de junio, el mandatario reprochó la difusión de información que indicaba hasta 60 candidatos asesinados, insistiendo en que dichos reportes son inexactos, además acusó a la prensa de propagar desinformación sobre el tema. López Obrador afirmó, los números reportados por su administración reflejan una disminución en comparación con elecciones anteriores, citando cifras inferiores a los procesos electorales del 2021, 2018, 2012 y 2006.
Sin embargo, datos oficiales y el testimonio de expertos en derechos humanos muestran una realidad más compleja. Según informes, más de 20 candidatos fueron asesinados durante este periodo electoral, mientras que organizaciones externas elevan la cifra a más de 40. Estos actos de violencia han generado también cientos de amenazas y casos de secuestro, contribuyendo a un clima de temor y afectando gravemente la participación democrática en algunas regiones del país.
Roberto Roldán, politólogo especializado en violencia electoral, señaló, la opacidad y el miedo a represalias complican la obtención de cifras precisas, especialmente en zonas rurales donde los actos violentos tienen menos repercusión mediática. Roldán destacó que tanto el crimen organizado como disputas políticas internas son factores principales detrás de estos ataques, que han alcanzado a candidatos locales y, en este año particular, han mostrado un incremento en los asesinatos de candidatos a diputados federales.
La violencia electoral, además de su impacto directo en las víctimas y sus comunidades, también tiene consecuencias significativas para la calidad democrática de México. Según análisis de Data Cívica, cada acto de violencia reduce la participación electoral en los municipios afectados en un 3%, perpetuando un ciclo de miedo e impunidad que limita la libre expresión política y el ejercicio democrático en esas áreas.
Ante esta situación, la protección de los candidatos fue un tema crucial durante las campañas, aunque muchos han expresado desconfianza hacia las medidas de seguridad ofrecidas por las autoridades locales.