Ahora que ya hay avisos de que la reactivación de la economía pronto podría ser una realidad, desde ‪este lunes‬ algunas plantas automotrices ya reabrieron sus puertas, y otras ligadas a la construcción y a la minería están en vías de hacerlo, lo cual es urgente luego de que ayer el Banxico estimara una contracción de la economía de entre el 4.6% y el 8.8% para este año. En el sector de la radiodifusión también se hacen los preparativos necesarios para el regreso a la “nueva” normalidad. Por lo pronto Grupo Televisa -mediante protocolos muy específicos, para impedir a toda costa la propagación del coronavirus-, poco a poco ha comenzado a llamar a su talento para el reinicio de sus producciones. La emergencia sanitaria obliga a tomar el máximo de cuidados, con el personal técnico mínimo necesario.

Y es que luego del paro de actividades, y de que a raíz del confinamiento los ratings de los programas de la televisora se elevaran notablemente, la televisora tendrá que redoblar esfuerzos para poner en actividad a la empresa y, además, mantener de su lado a las audiencias. Pese al sombrío panorama que se avecina para las economías de todo el mundo, pero en particular para México, ya de por sí afectada por el crecimiento cero del año pasado, las empresas tendrán que meter el acelerador antes de que la crisis estalle, ahora sí, en todo su esplendor.

Al fin el controvertido Proyecto de Ley de Infraestructura de la Calidad, será analizado nuevamente al escuchar las inquietudes del sector empresarial. Ya que entre otras afectaciones señaladas por el gremio, se debilitaría la infraestructura de Normalización que ya existe; además de que la Secretaria de Economía, de Graciela Márquez, asumiría en buena parte todas las actividades ligadas al cuidado de las normas, convirtiéndose en juez y parte, y eso sin considerar el gasto impuesto por el ejecutivo.

Lo anterior después de que, el senador Alejandro Armenta, quien preside la Comisión de Hacienda, escuchó el jueves pasado mediante una conferencia a empresarios como Francisco Javier Cervantes, de CONCAMIN; José Manuel López Campos, de CONCANACO SERVYTUR; Bosco de la Vega, del CNA; y Jesús Cabrera, de la EMA, quienes explicaron como prioridad la no urgencia de la publicación de esta Ley por el tema del T-MEC, rubro que han querido imponer desde Economía a los legisladores para su votación exprés.  Asimismo, el senador morenista detalló en la llamada que el Proyecto en cuestión que pretende abolir a la actual Ley Federal sobre Metrología y Normalización ha recibido 119 escritos que serán atendidos, y se comprometió a considerar las inquietudes de los empresarios, entre estas que, la iniciativa propone que la autoridad retoma funciones del sector privado, no define acuerdos de reconocimiento mutuo ni equivalencias, lo que la hará juez y parte. La IP atenta y en pie de guerra.

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador, en compañía del titular del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, salieron a defender la legalidad en los procesos de licitación y adjudicación del Tren Maya, obra que alcanzará los 150 mil millones de pesos, y que espera estar en marcha en el 2023. Lo anterior se reforzó con el anuncio del pago por 757 millones de pesos realizados por la deuda pendiente de terrenos por el derecho de vía para la construcción. Y en cuanto los procesos de licitación, hicieron hincapié en los organismos internacionales que han dado fe a los concursos, como es el caso de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

En esta misión también ha estado presente la Secretaría de la Función Pública (SFP), de Irma Eréndira Sandoval, quien han dado seguimiento al proceso para garantizar la transparencia y legalidad del mismo. Sin mencionar que los grupos participantes tuvieron que comprobar su experiencia y solidez en materia de construcción, en el sector de comunicaciones y transportes, así como en sus estados financieros. Tal es el caso del consorcio liderado por Construcciones Urales, AZVi y GAMI Ingeniería e Instalaciones, quienes se hicieron de proceso para construir el tramo 3, que va de Calkiní, Campeche, a Izamal, Yucatán, con una extensión de 172 km.

Alguien se ha preguntado ¿qué paso con la cruzada de la 4T en contra de las distribuidoras farmacéuticas y laboratorios?, esos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tachaba de corruptos y monopolios.
 En la lista se encuentran firmas como Grupo Fármacos Especializados, Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, Farmacéuticos Maypo, Laboratorios PISA y Centrum Promotora Internacional, mismas que llegaron a vender más de 60% de medicamentos e insumos para la salud en sexenios pasados. Sin embargo, todos estos grupos continúan vendiendo ya en el actual gobierno.
 
Así, resalta el caso de la firma Centrum Promotora Internacional, de Valentín Campos, la cual es señalada por tener “la suerte” de su lado al seguir sumando contratos en el sector salud, hoy al mando de Jorge Alcocer. El asunto viene a colación porque está empresa es parte del llamado “cártel de la sangre”, misma que obtuvo 170 contratos con el gobierno federal en los últimos cuatro años, aunque desde el 2016 fue investigada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), de Alejandra Palacios, por presuntas prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicios integrales de estudios de laboratorio y banco de sangre.

En la 4T se preguntan porque la farmacéutica PISA que lleva Carlos Álvarez Bermejillo, ha estado tan callada después de estar en los reflectores por ser uno de los proveedores favoritos del peñismo y calderonismo, que incluso llegó a ser tema en la Mañanera en donde Andrés Manuel López Obrador dijo que se le detendrían contratos, por sus prácticas monopólicas, sobreprecios y corrupción en el sector salud, en donde no ha pasado nada.

Y es que, la firma con sede en Guadalajara, Jalisco, recientemente pagó desplegados en diferentes medios de comunicación a diestra y siniestra por sus 75 años de operación, además de salir a decir que apoyaría al sector salud, de Jorge Alcocer, ante la pandemia derivada por el COVID-19, pero no se ha sabido mucho de ella ni de su labor altruista.

Esta farmacéutica no es la primera vez que está en el ojo del huracán, pues uno de sus escándalos fue la crisis del metotrexato para tratar el cáncer, en donde resaltó un caso en Puebla, de Miguel Barbosa, de un infante que recibió el medicamento y murió, ante ello la COFEPRIS de José Alonso Novelo Baza, realizó una investigación a la planta que lo producía y detectó que ésta no había acreditado desde años atrás sus buenas prácticas en manufactura, por lo que fue cerrada. Y aunque PISA ya tenía 36,000 mil frascos listos para entregar y cumplir el contrato con el Hospital Infantil de México ya que era su principal proveedor, decidió no hacerlo y culpar a la Cofepris del desabasto. Esto orilló al gobierno a comprar los medicamentos en el extranjero, y al mismo tiempo el vocero de la salud Hugo López Gatell, enfatizó en no caer en chantajes y presión de una empresa monopólica.

Esta semana seis gobernadores harán llegar al escritorio del secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, su solicitud sobre el pago resarcitorio de los gastos transferidos por la Federación para la atención de la emergencia sanitaria, los cuales no estaban previstos en los ejercicios fiscales para 2020. Se trata de los mandatarios de Tamaulipas, Colima, Nuevo León, Michoacán, Durango y Coahuila quienes adelantaron que echarán mano de todos los recursos legales para obtener esos recursos que por derecho les corresponden.

Al respecto el michoacano Silvano Aureoles ha insistido en que es momento de que la Federación corrija su postura de dejar a su suerte a los gobiernos estatales, porque la magnitud y graves dimensiones de esta crisis rebasan sus capacidades, mientras que el tamaulipeco Francisco Javier Cabeza de Vaca ha dejado claro que los estados ya no están dispuestos a permitir más abusos del gobierno central. El tema, sin duda, dará mucho de qué hablar.

Será hoy (viernes 15 de mayo) cuando el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), de Rogelio Jiménez Pons, anuncie al encargado de edificar el tercer tramo del Tren Maya, un proceso en el cual los 16 grupos participantes tuvieron que comprobar su experiencia y solidez tanto en materia de construcción como en el sector de comunicaciones y transportes.

Así, dentro de los consorcios interesados apunte a ICA, de Guadalupe Phillips; Cicsa, de Carlos Slim; CAABSA, de Mauricio Amodio; AZVi, de Manuel Contreras; Grupo México Infraestructura, de Germán Larrea, que participa de la mano de Grupo Acciona, de José Manuel Entrecanales; INDI, de Manuel Muñozcano; o bien, las extranjeras SACYR, Synohydro, Power China Internacional y China Railway Construction, entre otras.

Este tramo incluye 172 kilómetros de vía que atraviesan una de las principales zonas turísticas de Yucatán, además de que cuenta con los derechos de vía y permisos necesarios para colocar la infraestructura necesaria. Además, tanto la Secretaría de la Función Pública (SFP), al mando de Irma Eréndira Sandoval, como organismos internacionales, dieron seguimiento especial al proceso para garantizar la transparencia y legalidad del mismo, basta decir que es una de las joyas de la corona para la 4T, sumado a que están en juego alrededor de 10 mil millones de pesos.

Grupo Televisa realiza importantes acciones a favor de la responsabilidad social, por ello resulta absurdo que algunos crean que el jugador Renato Ibarra, a quien se acusó de violencia doméstica, podrá quedarse en el Club América, sobre todo luego de que públicamente el propio equipo dio a conocer la separación del futbolista.  Se trata a todas luces, según pudimos conocer, de una falsa noticia. Es sabido que en algún momento han existido presiones de uno de sus directivos, Santiago Baños, para que haya una reconsideración al respecto, pero es claro que esto no lo va a permitir Grupo Televisa, pues a final de cuentas una cosa es la Dirección del equipo y otra, las políticas del dueño del club.

Telesalud, opción ante COVID-19

La necesidad de un diagnóstico certero sobre COVID-19 y la realización de la mayor cantidad de pruebas en México es urgente. Hoy en día hay 2.4 doctores por cada mil habitantes, cifra insuficiente para la atención. Ante ello, Glitzi, plataforma de servicios de bienestar, salud y belleza, dirigida por Ana Ramos, inició consultas online con médicos para la detección de coronavirus. Y, en alianza con el laboratorio Vianto, realiza pruebas de detección de COVID-19 a domicilio en la CDMX certificadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y cuidando todas las medidas necesarias, evitando la saturación de los servicios médicos.

Foto: Cuartoscuro

Actualmente vivimos la cresta de los contagios por el Coronavirus, por lo que las autoridades de salud, al mando de Jorge Alcocer, estiman que en 15 días llegará la mayor cantidad de enfermos graves a los hospitales. Ante esto, ayer en la Mañanera el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la mayoría de los 23 Centros de Rehabilitación Infantil (CRIT) que conforman al Teletón, serán reconvertidos para atender la pandemia. Así, los CRIT de Coahuila, Chiapas, Edomex, Durango, Hidalgo, Michoacán, Sonora, Veracruz, y Oaxaca estarán a cargo de las autoridades estatales y realizarán tareas de consulta externa ambulatoria para enfermos sin Covid-19, vigilancia epidemiológica o atención a enfermos de bajo contagio de Coronavirus.

Sobre el CRIT de Occidente, el cual funcionará como hospital Covid-19 de atención respiratoria, estará a cargo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER); y los de Baja California, CDMX, Guanajuato, Guerrero, Ciudad Nezahualcóyotl y Puebla, atenderán a pacientes leves y moderados infectados con el virus, los cuales quedarán a cargo del IMSS, de Zoé Robledo. Justo sobre este convenio, llamo la atención que Fernando Landeros, Presidente de Fundación Teletón México, enfocó su agradecimiento a Zoé Robledo, pues se sabe que esto se hizo posible gracias a las pláticas y coordinación entre estos, además de la promesa de que será personal especializado del IMSS quien supervise la operación de estos centros. Es más, en el mismo evento, sorprendió que el canciller Marcelo Ebrard, reconociera al tuxtleco como “un promotor de primer orden”. Y la carga de trabajo para el titular del instituto no para en el tema de la salud y la prevención, pues deben incluirse los Créditos Solidarios a la Palabra, en donde acaban de sumar a las trabajadoras del hogar; así como la compra y distribución de insumos médicos en mercados tan distintos como China y Estados Unidos. Sin duda un diamante inesperado para la 4T.

Bonilla hizo todo tipo de movimientos políticos para imponer a su compadre en la Fiscalía del Estado

La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deja sin efecto las reformas aprobadas por el Congreso de Baja California para extender a cinco años el mandato constitucional de Jaime Bonilla Valdez, representa un segundo golpe a un grupo de empresarios que se apoderaron hace un par de años del movimiento aduanero en esa región; el primero, claro está, fue el arribo a la Administración General de Aduanas de Horacio Duarte, uno de los hombres de más confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero cabe aquí preguntar quién le hizo pensar al Gobernador Bonilla que esta acción considerada inconstitucional era viable; pues aseguran que el principal artífice del “Bonillazo” fue su compadre y amigo personal Guillermo “Titi” Ruiz Hernández, a quien Bonilla designó como Fiscal General del Estado; esto en medio de diversos señalamientos por conflicto de interés por su evidente compadrazgo.

Bonilla hizo todo tipo de movimientos políticos para imponer a su compadre en la Fiscalía del Estado: eliminó por ejemplo el tope de edad que impedía su llegada al cargo y modificó incluso la ley para que estuviera en el cargo los cinco años que pretendía gobernar el estado fronterizo. Se le generó también una especie de súper Fiscalía, que concentra lo que era la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, incluyendo en este mando el control ‪de las dos‬ policías que se mantenían a cargo del Ejecutivo.

Cabe señalar que el Fiscal Guillermo Ruiz Hernández fue además el abogado que defendió al ex alcalde priista de Tijuana Jorge Hank Rhon, cuando éste fue arrestado por el delito de acopio de armas. El llamado Titi Ruiz logró sacar de la carcel al empresario priista. En una entrevista que Bonilla Valdez sostuvo con el Semanario Zeta, a mediados de mayo del año pasado, el hoy gobernador de Baja California reveló que el licenciado Guillermo Ruiz es uno de los abogados que atendían para él la estrategia jurídica para ampliar el periodo de gobierno de 2 a 5 o 6 años. Pero resulta que esta acción de Bonilla y su compadre el fiscal no fue respaldada por López Obrador, quien de acuerdo con el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, estuvo siempre en contra de lo sucedido en Baja California con la llamada “ley Bonilla”. Hoy, luego de la sentencia de inconstitucionalidad de la SCJN, el Gobernador Bonilla Valdez ha expresado que respetará la decisión del máximo tribunal del país, aunque dejó en claro que no comparte dicho criterio.