El dictamen de reforma a las leyes del Trabajo y del IMSS en materia de outsourcing que fue aprobado este martes en comisiones, impulsado por el senador Napoleón Gómez Urrutia, fue frenado horas después por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que coordina el morenista Ricardo Monreal.

En una comunicación enviada por la Jucopo a la Mesa Directiva se explica que la discusión se hará con formato de Parlamento Abierto, es decir, se abrirá la discusión a diferentes grupos para construir un nuevo dictamen.

“Consideramos de la mayor relevancia la iniciativa, toda vez que tienen como sustento de referencia modificar el marco legal con el objeto de regular de manera eficaz el régimen de la subcontratación y con ello mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras”, se lee en el documento.

Agrega que “por lo que al requerir la mayor reflexión, discusión y participación de todos los sectores involucrados antes de ser tratada por esta soberanía, se desarrollará su análisis bajo el formato de Parlamento Abierto, como lo hemos hecho con otros temas sobre importancia”.

Por la mañana, en conferencia de prensa, el senador Napoleón Gómez Urrutia calificó el dictamen como “un paso trascendental en la justicia laboral y en restituir al país a un método de evasión fiscal que se ha constituido un cáncer a la sociedad mexicana, sobre otros derechos que les han sido negados”.

El reclamo empresarial

Tras la aprobación en comisiones, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) dijo que ha insistido en la necesidad de que se haga “un debate profundo y sin simulaciones” sobre el tema y señaló que si bien hubo un ejercicio de parlamento abierto, la iniciativa aún no se había presentado y las conclusiones no fueron tomadas en cuenta.

El CCE enumeró en un comunicado que la reforma aprobada hoy:

• Pone en riesgo la ratificación del T-MEC, por la falta de respeto al Estado de Derecho.
• Genera un grado de incertidumbre enorme, poniendo en riesgo la inversión nacional y extranjera y los empleos que generaba que las “empresas podrán decidir mover sus inversiones, no hacer nuevas, y otras decidirán ya no instalarse en México”.
• Busca criminalizar las relaciones laborales: pone a nivel de delincuencia organizada una práctica legal y legítima, “como si quienes invertimos y generamos empleos en el país fuéramos narcotraficantes o terroristas”.
• Tiene visos de inconstitucionalidad: busca ser retroactiva, “lo que es una aberración jurídica. Es decir, colocaría como grupos de delincuencia organizada, de manera retroactiva, a todos los que en el pasado utilizaron figuras de subcontratación que desde el año 2012 son legales y legítimas”.
• Prácticamente elimina cualquier tipo de subcontratación, “lo que traería consecuencias graves para la competitividad del país y eliminaría miles de empleos (…) En vez de beneficiarlos, terminará afectando a los propios trabajadores”.

Los empresarios señalaron que están de acuerdo con replantear la figura de la subcontratación para evitar que existan abusos y exhortaron al Congreso a establecer un diálogo.

“En un momento en el que la economía no está creciendo, todos deberíamos estar buscando formas responsables para aumentar el empleo y el bienestar de las familias, sin satanizar a las empresas, sin posiciones ideológicas ni simulaciones”, concluyó.

Previo a la aprobación, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) coincidió en que “no ha existido suficiente diálogo y, por lo tanto, la considera unilateral e inconveniente, inadecuada y desproporcionada y de muy graves consecuencias ya que genera un alto grado de incertidumbre y por lo tanto arriesga la inversión, criminalidad las relaciones laborales y es inconstitucional”.

A su vez, la Coparmex sostuvo que la iniciativa afecta la competitividad, la sustentabilidad y la estabilidad de empresas.

“Representa un grave error ya que busca prohibir la tercerización o subcontratación en actividades preponderantes o principales en una empresa, lo cual afectaría la generación de empleo”, señaló también en un comunicado.

¿Qué se había propuesto?

• Cambios al artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo donde se prohibirá que una empresa subcontrate a personal para realizar tareas ajenas a su giro de negocio o de industria
• También se consideraba “subcontratación” simulada, cuando la temporalidad o duración no exceda del tiempo que tome el proyecto específico a realizar.
• Además, obligaba al contratista a darle seguro social a las personas contratadas bajo este esquema.
• Las personas contratadas por outsourcing también podían tener derecho a la libertad sindical, negociación colectiva, salario mínimo, además de reconocimiento de la antigüedad laboral.
• Además se propuso la creación de un Registro Nacional de Empresas de Subcontratación, con inspecciones preventivas, ordinarias y extraordinarias a las empresas registradas.

Con información de EXPANSIÓN