El gobierno mexicano logró desactivar un paquete de nuevas disposiciones que propuso la administración del presidente Donald Trump con la intención de reducir el déficit comercial estadounidense o de afectar el atractivo de México para captar inversiones y que, en su momento, la delegación negociadora mexicana bautizó como “píldoras venenosas”.

Estas nuevas disposiciones se presentaron en la mesa de negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), vigente desde 1994, que derivaron en un nuevo acuerdo comercial sustituto, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Estas píldoras de veneno comprendieron propuestas como la cláusula del sunset, con la cual se terminaría automáticamente el acuerdo comercial cada quinquenio, a menos que los tres países acordaran antes renovarlo; reformas en la metodología para fijar cuotas compensatorias por dumping o subsidios en productos agrícolas, y cambios en los mecanismos de resolución de controversias.

Además, el gobierno estadounidense quiso aumentar unilateralmente los aranceles a las importaciones a vehículos automotores mexicanos; restringir las compras gubernamentales de México y Canadá en el mercado de Estados Unidos, y limitar el servicio del autotransporte mexicano de largo en el territorio estadounidense.

Al final de las negociaciones, ninguno de estos planteamientos se aprobó en esos términos, mientras algunas de esas medidas fueron completamente descartadas, si bien México y Canadá otorgaron importantes concesiones en esos y otros ámbitos.

En una de las vertientes, el gobierno de Trump propuso facilitar el levantamiento de casos de dumping o subsidios en 61 productos agrícolas en los que México tiene potencial exportador.

Estados Unidos pidió que las investigaciones por prácticas desleales de comercio se pudieran realizar con datos de temporada por temporada, es decir, del periodo desde que se siembra hasta que se cosecha, por ejemplo, el maíz, cuatro meses, o las berries, dos meses. La propuesta se descartó finalmente.

En cuanto a la cláusula sunset, ésta fue modificada a partir de una contrapropuesta que hizo el jefe negociador mexicano, Jesús Seade, la cual establece un mecanismo de revisión con un horizonte de planeación de largo plazo.

La cláusula establece una vigencia del tratado sistemáticamente prorrogable de 16 años. En el año sexto a partir de la entrada en vigor, las partes podrán manifestar su intención de extender la vigencia del acuerdo por 16 años más.

En caso de no manifestar su intención de prorrogar el acuerdo, se harán revisiones anuales con objeto de obtener dicha confirmación, en ese escenario el acuerdo se renovaría por 16 años adicionales. El acuerdo terminaría al año 16, en el caso de que, al cumplirse ese plazo, no se haya obtenido la manifestación de todas las Partes respecto a la extensión del acuerdo.

Paneles, otra tensión

También durante la renegociación del capítulo 11 del TLCAN, que trata sobre controversias entre inversionista-Estado, la Casa Blanca propuso un mecanismo que incluye los términos opt-in y opt-out, con los que para iniciar el levantamiento de un tribunal (panel) la parte demandada tiene la opción de someterse al caso o no. De oponerse, el proceso ni siquiera inicia.

Sobre controversias Estado-Estado, se acordó preservar el mecanismo previsto en el capítulo XX del TLCAN 1994. Además, garantiza que ningún país pueda bloquear el mecanismo de solución de controversias.

Asimismo, se mantiene el esquema de solución de controversias en materia de cuotas antidumping y antisubvenciones previsto en el capítulo XIX del TLCAN actual.

Por otro lado, el T-MEC dejó igual la cobertura de compras gubernamentales prevista en el TLCAN actual.  A su vez, las compras de gobierno entre Estados Unidos y Canadá estarán reguladas por lo previsto en el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercial.

En un tema toral, el gobierno de Trump propuso modificar las reglas de origen, a fin de hacerlas más duras y con un mayor contenido estadounidense, en particular en el comercio del sector automotriz.

Por último, ya firmado el acuerdo, en la etapa de negociación de la Casa Blanca con el partido demócrata para conseguir los votos para ratificar el acuerdo en la Cámara de Representantes, los políticos de ese partido presionaron para incluir una adenda en el T-MEC para permitir que inspectores estadounidenses supervisaran en territorio nacional el cumplimiento de los compromisos laborales de México.

México rechazó tajantemente dicha propuesta y en su lugar prometió elevar el presupuesto para implementar la reforma laboral y aceptó la implementación de paneles laborales y la conformación de un comité de supervisión de aplicación de la mencionada reforma.

Con información de EL ECONOMISTA