Por segundo año consecutivo, la organización México, ¿cómo vamos? en conjunto con el Social Progress Imperative presentan el Índice de Progreso Social (IPS) 2020, una evaluación integral del bienestar social estatal que toma en cuenta 55 variables y permite comparar la eficacia del éxito económico de un país con el progreso social de su población; en la edición 2020, México no mostró un avance significativo respecto al año previo, lo que denota que el bienestar a nivel nacional no progresó.
Las 55 variables consideradas para el estudio se dividen en tres dimensiones -Necesidades Humanas Básicas, Fundamentos del Bienestar, y Oportunidades-, y 12 pilares –como Salud y Bienestar, Libertad Personal y de Elección, Inclusión, y Seguridad Personal-. Los datos recabados de fuentes oficiales entre 2017 y 2020 muestran el panorama de bienestar en México previo a la llegada de la pandemia de Covid-19, al tiempo que reafirman la disparidad regional. Estados como Nuevo León, Yucatán, Coahuila y CDMX se vuelven a colocar dentro de las 5 primeras posiciones del Índice, mientras que Chiapas, Oaxaca y Guerrero vuelven a ocupar los últimos 3 lugares por segundo año consecutivo.
El Índice de Progreso Social confirma que existe una correlación entre la riqueza por habitante de un estado (medida por el PIB per cápita) y el bienestar social de su población. Aún más, demuestra que los estados no siempre aprovechan sus recursos de manera eficiente; la CDMX, por ejemplo, tiene el mayor PIB per cápita (sin minería petrolera), pero ocupa el quinto lugar en el ranking de progreso social. Finalmente, existe una relación directa entre el Índice de Progreso Social y el porcentaje de personas que vive en pobreza laboral en cada estado. Esto se debe a que las capacidades que adquieren las personas en su infancia y juventud tienen consecuencias en su salud, esperanza de vida y capacidad productiva en la adultez. Cuando un país o estado no oferece las suficientes oportunidades de desarrollo y bienestar a su población durante un largo largo de tiempo, esto se traduce en una mala calidad de vida de sus habitantes y un bajo nivel de progreso social, lo cual deriva eventualmente en una baja productividad y en una alta tasa de pobreza laboral.
A nivel estatal, los resultados indican que 22 entidades no mostraron avances ni retrocesos en el puntaje (pues obtuvieron variaciones menores al 1% en su calificación entre 2019 y 2020); ocho mostraron incrementos en el puntaje, resaltando Baja California Sur que pasó de la posición 25 a la 13, Tlaxcala de la 26 a la 19 y Sinaloa de la 7 a la 2. En contraste, dos estados tuvieron disminuciones en el puntaje respecto al año previo, Querétaro se colocó en la posición número 7 y Zacatecas en la 26, cuando en 2019 sus posiciones fueron la 2 y la 23, respectivamente.
En los 22 estados que no presentaron mejoras ni retrocesos viven 7 de cada 10 mexicanos (68% de la población), y en los dos estados en los que se observaron retrocesos vive el 3% de la población, con lo cual 7 de cada 10 mexicanas y mexicanos vive en entornos cuyo progreso social no mejoró. Solo 3 de cada 10 personas en México vieron algún grado de mejora en el progreso social de su estado, según el IPS.
En términos del bienestar social, 18 estados se ubican por encima de la calificación nacional, incluyendo Nuevo León, Sinaloa, Yucatán y Coahuila. En contraste, 14 estados se ubican por debajo de ésta; entre ellos, Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. El IPS permite no solo identificar los retos que enfrenta cada una de las entidades federativas en términos de bienestar social, sino hacer un diagnóstico puntual de las necesidades a nivel regional o nacional. Por ejemplo, en todo el país las altas tasas de violencia y corrupción afectan tanto la seguridad personal de sus habitantes como la libertad de elección de las personas en su vida diaria. Pero el deterioro generalizado en la calidad y el acceso a la educación en todo el país tendrá consecuencias perniciosas no sólo en el corto sino también en el largo plazo, pues afectará la productividad de las personas en unos años y, con ello, la capacidad de crecimiento económico del país.
Como un caso a destacar, Sinaloa no sólo es uno de los estados que creció más significativamente en su puntaje de IPS de un año a otro, sino que además lo hizo utilizando sus recursos de manera útil, pues si bien su riqueza por habitante lo posiciona entre el 50% de los estados menos acaudalados (posición 18 de 32 estados en PIB per cápita) pasó de estar en la posición número 7 (de 32) en 2019 a la segunda posición este año.
El caso de éxito de Sinaloa también muestra la falta de incrementos en el progreso social en el resto de los estados, pues aunque apenas incrementó su IPS en 1.3 puntos entre 2019 y 2020, mejoró 5 posiciones. Con ello, se evidencia que el grueso de los estados no mejoró el bienestar de su población.
De igual forma Nuevo León, que ocupa la primera posición en progreso social, es un caso de éxito relativo, pues aunque entre 2019 y 2020 su puntaje permaneció prácticamente igual (pasó de 72.1 puntos en 2019 a 72.8 puntos sobre 100 en 2020), ocupa el tercer lugar en riqueza por habitante en México, por lo que su alta posición en el IPS se explica, en gran medida, por la buena administración de su riqueza.
Mucho ingreso no garantiza bienestar. Campeche es el estado con mayor riqueza por habitante (PIB per cápita) a nivel nacional, debido principalmente a su industria petrolera, que aporta 7 de cada 10 pesos con los que cuenta el estado (74% del PIB estatal); sin embargo, este alto nivel de riqueza per cápita no se ha traducido en un mayor bienestar para su gente: el estado ocupa el lugar 15 en términos de IPS, y entre 2019 y 2020 empeoró en posición pues el año pasado estaba en el lugar 11. Es decir, a pesar de toda la riqueza del estado, proveniente de recursos naturales y mineros, su puntaje en el Índice de Progreso Social no mejoró, con lo cual otros estados como Baja California Sur y Tamaulipas -que sí tuvieron incrementos en su puntaje en 2020- le ganaron lugares en el Índice.
Hoy más que nunca, el Índice de Progreso Social se vuelve una herramienta fundamental, no solo para reconocer el estado previo a la crisis por Covid-19 -tal como lo muestra el Índice 2020-, sino para que a partir de las mediciones posteriores podamos cuantificar la afectación de la pandemia en la calidad de vida y en las oportunidades que los habitantes de México tendrán en los años por venir.