Tras convertirse en Testigo Protegido de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Miguel Ángel “N”, exsubsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas durante la gestión  de Miguel Ángel Mancera, aportó al Ministerio Público información que podría acreditar el desvío de cerca de mil millones de pesos entre servidores públicos y actores políticos.

De acuerdo con la dependencia, el conocido “Zar de la nómina” se comprometió a aportar datos, nombres y documentos que ayuden al esclarecimiento del daño a la hacienda pública de la CDMX, ocurrida en la pasada administración, con la finalidad de reducir su pena en caso de ser hallado culpable, y de mantenerse en libertad.

La dependencia verifica la información aportada por el ex servidor público, en seguimiento a la investigación en perjuicio del erario público en la que posiblemente se encuentra relacionado.

Entre las pruebas aportadas se implicaría a los hermanos Luis Ernesto y Julio César Serna Chávez, quienes se desempeñaron como secretario particular y jefe de Gabinete de Mancera Espinosa, respectivamente, pero que fueron acusados por la FGJCDMX luego de omitir diversas propiedades en sus declaraciones patrimoniales de abril de 2018, por lo que la imputación podría derivar en enriquecimiento ilícito. 

En este sentido, dentro del esquema utilizado por ambos personajes figuraría como prestanombres Arturo Grinberg Kreimerman, quien es director general de Grupo Automundo y de acuerdo con datos del Registro Público del Comercio, es accionista de las empresas Mitsu Interlomas, Ecodry Carwash de México, Empresas Grebni, Tenedora Aysg, Grinb Controladora, y Tetush.

No obstante, los Serna Chávez han conseguido la suspensión provisional de las órdenes de aprehensión y comparecencia que se presenten en su contra, mediante la interposición de juicios de amparo. 

El primero de ellos obtuvo luz verde del juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en marzo pasado; mientras que el segundo consiguió que su demanda fuera admitida en enero de 2020, por el juez Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la misma orbe. 

En septiembre de 2019, Serna Chávez fue inhabilitado por 10 años para fungir como servidor público. La decisión fue emitida por la Secretaría de la Contraloría General que detectó irregularidades durante su administración al frente de la Central de Abasto (Ceda), puesto al que llegó en diciembre de 2012 y que ocupó hasta octubre de 2016.

Así, la Fiscalía Capitalina reiteró que no tolerará conductas al margen de la Ley en las que puedan estar relacionadas ex servidoras y/o servidores públicos, por lo que refrenda su compromiso de investigar y buscar sanciones, a fin de evitar la impunidad.

“El representante social de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos cuenta con elementos de prueba suficientes en la indagatoria, no obstante, integra la información aportada por el imputado, en donde señala a personas servidoras públicas, así como actores políticos, con la finalidad de ampliar las líneas de investigación, mismas que podrían establecer la posible comisión de delitos”, indicó la dependencia.

Actualmente Miguel Ángel “N” se encuentra en prisión domiciliaria y no ha sido exonerado de ninguno de los delitos que se le imputan.