La fiscalía peruana presentó el martes por la noche un pedido de 18 meses de prisión preventiva para el destituido expresidente Pedro Castillo, a quien acusa formalmente del delito de rebelión y conspiración en flagrancia por su autogolpe fallido del pasado siete de diciembre.
“Oficialmente se ha presentado el pedido de prisión preventiva por 18 meses, el mismo que está a cargo del Fiscal Supremo Uriel Teran”, dijo a la AFP una fuente de la fiscalía.
La solicitud impedirá que Castillo salga libre este miércoles 14, fecha en que se cumple el plazo de siete días de detención preliminar que le impuso un tribunal, según las leyes peruanas.
El tribunal de justicia que tiene el requerimiento dispone de hasta 48 horas para programar una audiencia y decidir si extiende a 18 meses la detención o si queda libre.
El pedido es el inicio formal de la investigación contra Castillo.
La causa se abrió luego que el juez supremo César San Martín declarara infundado el martes un recurso de apelación de la defensa del expresidente.
Influyó también el hecho que el juez subrayara que el delito de rebelión era un “delito común” por lo que Castillo no podía invocar su derecho a un antejuicio para ser procesado.
El exmandatario izquierdista, que permanece detenido en la sede de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la policía, al este de Lima, había convocado a sus simpatizantes a las puertas del cuartel para recibirlo este miércoles 14.
Castillo fue detenido por la policía el miércoles pasado tras su fallido autogolpe y posterior destitución por parte del Congreso que tiene un índice de desaprobación de 86%, según los últimos sondeos.
La vicepresidenta Dina Boluarte asumió inmediatamente el mando, como prevé la Constitución.
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